A seis meses de una de las concesiones más sospechosas de los últimos años, la exministra «U» Paula Bibini reconoció que integra el directorio de una empresa china que hoy está en la mira de miles de familias originarias. Lobby, extractivismo e intercambio de favores en el corazón del chaco salteño.

El 13 de octubre del año pasado el gobierno de la provincia oficializó el decreto 662/20 que otorga los permisos de explotación del área hidrocarburífera «Chirete» a las empresas «Pampa Energía S.A.» y «High Luck Group Limited». Ambas denunciadas por los dueños y puesteros de la Finca El Palmar, ubicada en Los Blancos (Rivadavia Banda Norte), por el pasivo ambiental que dejaron en la etapa de exploración al realizar picadas de desmontes dentro de la propiedad. A pesar del conflicto judicial en curso, la UTE conformada por ambas firmas podrá extraer petróleo crudo hasta el año 2045 en un cuadrante de 95 km2 con una superficie a revertir de 801 km2.

Mientras la disputa particular por el uso de una parte de la finca se resolvió mediante el pago de un canon, la causa ambiental aún se encuentra vigente y el resarcimiento solicitado es de 1,4 millones de dólares. A esto se suma el malestar de unas 14 comunidades indígenas que habitan territorios adyacentes a la explotación, quienes advierten sobre problemas venideros y exigen respuestas a demandas históricas que contrastan de lleno con la opulencia del negocio en ciernes. La semana pasada se concretó en Los Blancos la primera reunión de dirigentes y líderes originarios con miras a elaborar un señalamiento conjunto por la problemática. En la percepción de las comunidades, la riqueza que se extrae de las profundidades de la llanura chaqueña jamás derramó en beneficio de las más de 2 mil familias que habitan la zona. En los próximos días se elevará un informe al gobierno y no descartan tomar medidas más extremas en las puertas de la empresa.

Néstor Montes, dirigente wichí de Los Blancos, realizó el primer relevamiento de situación en los parajes aledaños en el que quedaron plasmados los principales reclamos en torno al agua, la educación, la salud y la vivienda. «En ese pozo ya se viene trabajando desde hace mucho tiempo y ahora están en etapa de explotación con el decreto y la autorización para que funcione. Ya va pasando casi un año que realizan extracciones cuando la gente vive cerca y no ve ningún beneficio. Por todo lo que estamos pasando, empezamos a gestionar. Estamos dialogando como dirigentes y comunidades con las familias que viven cerca del pozo», detalló Montes a Cuarto Poder.

Como en cada mega emprendimiento que pretende desenvolverse en el territorio provincial, abundaron las promesas de un impacto positivo en la mano de obra y el desarrollo del entorno, cosa que jamás se concretó en Rivadavia Banda Norte. Entre los compromisos de la empresa en los momentos previos a su instalación estaba la contratación de mano de obra local y la inversión en la economía de la zona. Al día de hoy la empresa, además de no haber tomado un sólo obrero originario, no contrata comida, productos, no acude a negocios, ni hospedajes locales.

«Acá lo que está faltando es salud, agua y vivienda. Yo tuve una emergencia con mi nenita por unas convulsiones, necesitaba ambulancia y no había, necesitaba un médico y no había, sólo estaban los enfermeros aprendices. Además, prácticamente todos en la comunidad necesitan una vivienda, todas son construcciones muy precarias. A lo que nosotros vamos es a la necesidad y las demandas que tienen las comunidades. Del recurso que están sacando de ese pozo, para las comunidades no queda nada. Nosotros sabemos que la provincia recibe plata a través de regalías y los que caminamos sobre estos recursos vemos que se lo llevan para otro lado», agregó Montes.

Por el deterioro ambiental ocasionado durante la etapa de exploración, la empresa china enfrentó un proceso sancionatorio. La inspección de la Secretaría de Energía detectó desmontes no autorizados, apertura de caminos, cañerías dispersas, residuos peligrosos en algunas piletas, ausencia de cercamientos perimetrales de seguridad y señalización deficiente. Para Montes, «el daño se va a ver con el tiempo, todas las napas de agua están contaminadas. Nadie sabe cómo se han insertado los químicos en el suelo, eso lo desconocemos».

Lobby a lo Bibini

Recientemente, en una publicación de la farándula empresarial que la postula como «mujer destacada, la exministra de Producción y actual presidenta de la UIA Paula Bibini reconoció que integra el directorio de una empresa minera china. En palabras de la empresaria dueña de La Francisca, «esto fue posible por el compromiso que tengo conmigo misma de aprender nuevas cosas y explorar nuevos horizontes». La firma a la que hace alusión es nada menos que High Luck Group Limited y el «compromiso consigo misma» podría traducirse mejor en los acuerdos solapados a los que arribaron con la multinacional durante su gestión. Aunque la exfuncionaria «U» hizo mención a un proyecto en la puna salteña y no en el chaco, cabe mencionar que HLG manifestó años atrás su intención de construir una planta de carbonato de litio para procesar parte de la explotación de las empresas que van a trabajar en los salares de Salta.

En octubre de 2018 -a días de que venza el período de exploración de HLG en Chirete y se apruebe la nueva prórroga-, una comisión oficial partió rumbo a la ciudad de Tianjin en la República Popular China. El objetivo era participar de la “FERIA MINERA CHINA MINING 2018” que se desarrolló hasta el 26 de octubre de ese año. La comisión estaba integrada por una sola persona: Paula Bibini. Los viáticos corrieron por cuenta de la provincia como es habitual en cada uno de los viajes oficiales, pero los pasajes aéreos y las comodidades en el país asiático quedaron a cargo de los anfitriones chinos.

Aunque se desconoce el contenido de las negociaciones y charlas allí concretadas, una cosa es segura: Bibini retornó a Salta con ideas claras y objetivos concretos. A pesar de que las sanciones contra la petrolera china ponían en riesgo la extensión del plazo de exploración, Bibini presentó su renuncia semanas después de volver del país asiático y meses más tarde se oficializaría la prórroga para la empresa oriental.

Es allí donde muchos apuntaron a su sucesora en la cartera de Producción Graciela Pinal de Cid y la excoordinadora Alicia Cerrone Martorell. Sobre ambas recayeron profundas sospechas de realizar maniobras para que las responsabilidades por las irregularidades de la inspección se imputen a empleados rasos de HLG. Esto es, sin muchas vueltas, que sean los trabajadores los que carguen con las culpas por cada una de las anomalías detectadas en la inspección de mayo y no sus empleadores.

En etapas previas a la aprobación oficial, las revistas especializadas fantaseaban con títulos del tipo: «Salta se ilusiona con un importante hallazgo petrolero». Y aunque los chinos hayan recibido hace seis meses la gran noticia, la paisanada sigue mirando de reojo y presagia medidas más duras a partir de la semana que viene. La empresaria porcina, por su parte, ya fue retribuida con creces por sus servicios.

 

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