En plena transición municipal, el secretario Legal y Técnico, Daniel Nallar, liberó del pago de impuestos municipales a unos 1050 lotes de un exclusivo barrio privado. Además de ser ilegal, la maniobra representa un perjuicio para la recaudación de la comuna a meses del recambio gubernamental. ¿Favores del romerato en retirada o lisa y llana impunidad?

 

Una resolución que obligaba a pagar impuestos municipales a la urbanización privada Vía Aurelia fue repentina y misteriosamente “desestimada” por el secretario Legal y Técnico, Daniel Nallar. El dictamen firmado por el funcionario romerista el pasado 4 de julio borra con el codo lo que se había escrito el 23 de septiembre de 2022, fecha en la que se dio el alta catastral a los más de mil lotes que integran el exclusivo country camino al aeropuerto.

La resolución N° 029 de la Agencia de Recaudación Municipal (Armsa) ordenaba incluir al catastro N° 168.279, correspondiente a la urbanización Vía Aurelia, en el pago del Impuesto Inmobiliario Urbano (IIU) y la Tasa General de Inmuebles (TGI). La decisión incorporaba a unos 1050 contribuyentes, desde junio de 2020 a la fecha, a la tercera zona del IIU y a la categoría 5 de la TGI. La coqueta urbanización, donde un terreno de 300 metros cuadrados cotiza alrededor de $13 millones, no tributaba esos ítems a la comuna pese a tener más de un lustro de existencia.

Diez meses más tarde, y con una estruendosa derrota electoral de por medio, el romerismo dio marcha atrás sobre sus propios pasos y, sin un gramo de decoro, hizo desaparecer todo rastro de aquella resolución. ¿El argumento? Un recurso de reconsideración presentado de manera extemporánea por cuatro particulares ante la asesoría legal del municipio.

Los habitantes del desarrollo inmobiliario comandado por la firma MDay consiguieron rápidamente la solidaridad y el entendimiento del secretario Daniel Nallar. El jurisconsulto de la comuna, quien además es catedrático de la facultad de Derecho en la UCASAL, apeló a la cuestionable figura de la “desestimación”, pasando por alto las facultades del Concejo Deliberante. El órgano legislativo, como se sabe, es el único facultado para el otorgamiento de exenciones tributarias. La resolución firmada por Alejandro Levín en septiembre del año pasado, en tanto, fue borrada del Boletín Oficial incurriendo en una falta grave a la transparencia institucional.

A meses del traspaso de mando, la decisión supone un perjuicio considerable a las arcas municipales, además de una irregularidad flagrante. Pero también evoca un vínculo innegable entre los representantes del poder municipal y las máximas figuras del negocio inmobiliario.

Los herederos de doña Aurelia

El desarrollo en cuestión está desde 2015 en manos del grupo MDay, de propiedad de Magdalena Day y José Ignacio Lupión, quienes también integraron la sociedad “Los Viñaco SAS” junto al exjuez de la corte Horacio Aguilar. Como en muchos otros casos, la historia comienza con la compra de un predio que, al no estar incluido en el perímetro urbano, no posee habilitación para edificar y -por ende- cotiza a valor campo.

El grupo MDay adquirió la parcela identificada con la matrícula N° 168.279 para el fideicomiso “Vía Aurelia”, un megaproyecto de urbanización en una extensión de 62 hectáreas que cuenta con viviendas para 1100 familias, plaza con juegos infantiles, avenida principal, comercios y oficinas.

La antigua dueña, Aurelia Patrón Uriburu, se desprendió del terreno por un valor significativamente menor al que hoy posee. Esto tuvo que ver entre otras cosas con el papel de los ediles y, claro está, con el interés de la desarrolladora.

Un año después de la operatoria, en la última sesión ordinaria del concejo deliberante, la comisión de urbanismo logró la aprobación de la ordenanza Nº 15247. En ella se resolvió incorporar el predio de la urbanización al Perímetro Urbano Consolidado de la ciudad de Salta, otorgándole además una de las categorías más beneficiosas para edificar.

En sus intervenciones, los ediles argumentaron que, al estar rodeado de barrios privados, la persona dueña del predio no puede usarlo como zona rural, porque no puede -por ejemplo- fumigar. Por tal motivo se autorizó el paso del régimen rural al urbano. Lo que omitieron mencionar los concejales fue que el predio ya estaba hace un año en manos del grupo MDay, según consta en los datos de la Dirección de Inmuebles.

Un año más tarde, en 2017, el órgano deliberativo mandaría otro millonario “centrito” a los emprendedores inmobiliarios con la suspensión provisoria de la obligación de soterrar cables. De esta forma, los pocos desarrolladores privados que estaban en actividad por entonces (MDay, entre ellos) se vieron exentos de cumplir la ordenanza que impide colocar líneas aéreas de media tensión. Esta “manito”, dicen los que saben, sirvió para reducir los costos de inversión casi en un 70%.

Siempre Nallar

El dictamen por el cual Nallar desconoce la resolución de ARMSa se funda en el pedido de los particulares: Rodrigo Pereyra Scichili, Carlos Gustavo Heredia, Marta Azucena Araoz y Carlos Amado Velazquez. Entre otros motivos, cita el artículo 3 del Código Tributario Municipal que estipula: “La obligación tributaria municipal constituye siempre un vínculo de carácter personal”, por lo que resulta más importante determinar quién es el verdadero responsable inscripto que dar el alta catastral.

El otro motivo esbozado por los particulares para no pagar los impuestos municipales es que los servicios que configuran el hecho imponible nunca se prestaron. Los recusantes afirman que la recolección de residuos, el mantenimiento del alumbrado público y el desmalezamiento de los espacios comunes los presta actualmente el grupo MDay. Los vecinos, sin embargo, no presentaron ninguna documentación que respalde sus alegaciones, según reconoce el propio Nallar en el dictamen.

Como respuesta, la asesoría pidió información a la subsecretaría de limpieza urbana, desde donde se informó que “los servicios cubiertos por el municipio de Salta en alrededores de la urbanización Vía Aurelia se encuentran con pedido de ampliación de servicios” y que entre las prestaciones brindadas en ese momento se encontraban la recolección domiciliaria de residuos, con una frecuencia de seis días a la semana, y el retiro de microbasurales dos veces por semana.

Inseparables

Las relaciones del grupo MDay con el clan Romero están a la vista y ni siquiera se disimulan. El secretario Legal y Técnico Daniel Nallar tiene a su esposa como responsable de prensa del exitoso grupo inmobiliario. Otros apuntaron el dedo índice hacia los representantes legales de la firma, donde se encontrarían viejos apellidos ligados a la gestión de papá Juan Carlos. No faltaron los que, conociendo el paño, hilvanaron hipótesis sobre eventuales devoluciones de favores, apuntando a los activos operadores legislativos. Lo que a esta altura nadie duda es que la anticipada y categórica derrota de romerismo presagia una transición plagada de beneficios y privilegios para los amigos.