El Ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano visitó Salta esta semana y aseguró que la provincia debe hacerse cargo de las políticas públicas en materia de droga. El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias, le contestó diciendo que por ley Nación le debe a Salta $550 millones por narcotráfico. ¿Quién se hace cargo de los presos? (Fabricio Aparicio)

Desde que el Gobierno de Salta adhirió, en 2014, a la desfederalización del microtráfico tuvo que implementar una política pública destinada a la gestión en materia de drogas en nuestra provincia. Sin embargo ante el crecimiento del número de detenidos y la sobrepoblación de las cárceles se evidenció que lejos está la provincia de una verdadera política pública destinada a emprender la lucha contra el microtráfico y narcotráfico, pese a que se ufanen de ser provincia pionera en el tema.

El año pasado los ministros de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias, y de Seguridad, Carlos Oliver, en una reunión nacional informaron el trabajo que se lleva adelante y comentaron que Salta fue una de las primeras provincias que comenzó a trabajar con el microtráfico y con buenos resultados por la celeridad en la resolución de estos casos, a partir de la intervención de la Policía y de la Justicia locales. Sin embargo en aquella oportunidad en  la reunión nacional «Argentina sin narcotráfico» reiteraron el pedido para la construcción o ampliación de unidades carcelarias.

De esta manera se recordaba que tienen como eje central el excesivo número de detenidos, sin que esto se traduzca realmente en una lucha real contra los narcotraficantes, puesto que en muchos casos proliferan la cantidad de los llamados “perejiles”.

Visita y deuda

Garavano estuvo en Salta esta semana y se reunió con algunos magistrados federales para analizar la implementación del Código Procesal Penal Federal en nuestra provincia y en Jujuy. La prueba “piloto” del Código comenzó a correr desde el 10 de junio. Además mantuvo una reunión con Ana del Valle Fernández, visitando su fundación Cintia Fernández. 

En la oportunidad el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias, aprovechó para recordarle la deuda que Nación tiene con Salta en materia de drogas y que según sus propias declaraciones  es “técnicamente” correcto el reclamo de Salta por la manutención de presos por microtráfico de drogas. Garavano en cambio aseguró que la desferalización contempla un trabajo conjunto pero que es la provincia quien debe hacerse cargo de sus detenidos-

La ley nacional vigente N° 26052, establece en su artículo 5º: “A los efectos de la presente ley, establécese un sistema de transferencias proporcionales, a las jurisdicciones (provinciales o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) que adhieran y que así lo requieran de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia con el objeto de garantizar la ejecución de la presente ley”.

López Arias recordó que la adhesión a esa normativa habilitó el proceso de transferencia de recursos por ese concepto, que Nación no cumple con Salta. La Legislatura provincial aprobó la ley N° 7782 en 2013, herramienta que le permitió a la Provincia a adherir a la desfederalización a partir de enero de 2014.

 “Este reclamo no es una cuestión política ni tiene relación con la coparticipación de recursos que le corresponde a la Provincia. Se trata de un acuerdo establecido entre Nación y Provincia, acuerdo que no se está cumpliendo por parte del gobierno central”, indicó el ministro López Arias.

A través de información oficial informaron que Garavano primero ofreció al Gobierno provincial “montar cárceles modulares, luego ofreció el financiamiento parcial para la ampliación de la Alcaidía de Capital, con financiamiento compartido. En este proceso, la Secretaría de Políticas Penales cumplió con la presentación del proyecto de ampliación de la Alcaidía, de acuerdo a lo acordado con el funcionario nacional”. 

Hacinados

Mientras los Ministros realizan una erística, la situación de la provincia en materia de preso es alarmante. Según informó la Procuración Penitenciaria de la Nación, el Servicio Penitenciario Federal en Salta alojó a 2.962 personas durante 2018 en sus tres unidades carcelarias. En Güemes el año pasado se alojó a 611 reclusos, 140 más del límite, una sobrepoblación del 30 por ciento. La media del país llega al 14. Según estadísticas entre 2015 y 2018 la cantidad de presos subió un 30 por ciento a nivel nacional y llegó el año pasado a 13.358 personas. En Salta la tasa de encarcelamiento entre 2010 y 2017 aumentó 39 por ciento.