Ciento cincuenta vecinos y vecinas reclaman a la cámara baja provincial la expropiación de tierras para que se les otorgue un terreno de 6 manzanas. Piden que se les permita pagar por un pedacito de tierra en cuotas. Aunque el acceso a la vivienda digna es un derecho constitucional, el Estado aún no se lo garantiza a muchas personas. (Claudia Alvarez Ferreyra)
El lugar que solicitan estaría abandonado hace 21 años, y en la actualidad se ha convertido en un basural y aguantadero. Vecinos y vecinas desconocen a quién pertenece la propiedad. Primero se dijo que eran tierras fiscales pero ahora trascendió que pertenecen a una sociedad anónima. Estela Maris, en conversación con Cuarto Poder, detalla: “El año pasado nos asentamos, fuimos reprimidos por la policía, incluso mujeres embarazadas y niños. Desde ahí hicimos todo de manera legal, fueron las familias al IPV, se inscribieron, fuimos a la legislatura, presentamos la caja, como corresponde, de todos los papeles que nos exigieron. Hicimos un proyecto de ley pero el diputado Santiago Godoy nos dijo que es imposible porque está la planta de gas”.
La respuesta desde el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) es que el lugar “está apto, la condición que nos ponen es que la planta se vaya o se le haga un vallado de 100 metros alrededor”, dice Estela Maris. De parte del diputado Godoy “la respuesta es que la planta no se puede ir porque da trabajo a muchas familias”, añade.
Alrededor de la misma planta de gas están los barrios Sanidad, Libertad, y la Ruta Nacional 26. “¡Entonces que saquen esos barrios y la ruta, cómo es posible que a nosotros no nos puedan dar. Que saquen esa planta!”, expresa la vecina. También afirma que vio una orden de desalojo para la planta de gas pero no se cumple.
Estela Maris tiene 23 años y dos niños pequeños, con su pareja trabajan en negro y no les alcanza para comprar un terreno o una casa. Sus ingresos son bajos, apenas cubren los gastos de la canasta familiar básica; alquilan en un barrio y los montos son cada vez más caros. Respecto al terreno que reclaman plantea: “No estamos pidiendo que se nos dé sino poder pagarlo en partes, en cómodas cuotas”.
La lucha de estos vecinos y vecinas comenzó en enero del año pasado cuando intentaron asentarse en ese sitio pero fueron desalojados/as. Luego siguieron las vías institucionales sin que hasta la fecha les brinden una solución a su acuciante problemática habitacional. “Hicimos todo como ellos nos pidieron pero nos viven dando vueltas o se escapan por la puerta de atrás. Hay personas en situación de calle, mujeres que sufren violencia de género que se tienen que quedar en el mismo hogar con el violento porque no tienen otro lugar a donde ir por sus niños, hay madres solteras con niños, la mayoría de la gente acá no tiene un buen ingreso o sea que no pueden pagar lo que se pide por un terreno, todas las familias están inscritas en el IPV pero no salen sorteadas”.
Carmen Rosa Díaz tiene 70 años, es enfermera jubilada y actualmente se encuentra en situación de calle. También está con el grupo de vecinos/as reclamando un terreno. Carmen comenta: “Es una injusticia que esto tenga que suceder cada día que uno necesite, como no tengo carga familiar no me pueden inscribir en el IPV. Duermo todas las noches en el hospital materno infantil. Hay niños en la calle, muchas veces culpan a los padres que no pueden decir ‘acá pongo un techo, decidir un proyecto de vida’. En mi caso, si tengo que pagar 6 mil pesos de alquiler de un monoambiente, ¿qué cómo?. Voy a un comedor porque no me alcanza”. La mujer sostiene que tuvo tres hijos pero no se responsabilizan de ella, no puede ingresar ni a un hogar, y tiene en sus manos un pedido de estudios médicos que asegura empezará a realizar esta semana, serían requisitos para que el estado le brinde algún albergue, mientras tanto sigue viviendo en la calle.
Protesta en la Legi
El martes 14 de mayo, los/as 150 vecinos/as se concentraron en la legislatura provincial con carpas en la calle, carteles y haciendo ruido para expresar su reclamo. Piden que se trate un Proyecto de Ley para la expropiación que ya acercaron a la Cámara de Diputados, pero que no tiene firma de los legisladores.
Tuvieron inconvenientes con la policía; “nos decían que nos iban a hacer reprimir si no desalojábamos la calle”, comentaron. Eso no ocurrió y pudieron seguir manifestándose en el marco de una jornada con distintas protestas en el mismo lugar.
