Un grupo de bancos de primera línea inició en las últimas semanas una campaña discreta de convocatoria a clientes con atrasos de 90 días o más para ofrecer planes de renegociación de créditos de consumo. Fuentes bancarias provinciales consultadas por este medio señalaron que las gestiones se realizan con perfil bajo y que el objetivo es acordar una cuota que el deudor pueda afrontar, mediante el alargamiento de plazos y, en algunos casos, rebajas parciales del costo financiero.
Don Veronelli
Según relevamientos y testimonios recogidos en la provincia, la suba de la mora afecta tanto a hogares como a pequeñas y medianas empresas. La mayor parte de los casos corresponde a créditos de consumo de corto plazo (menos de 36 meses), otorgados poco antes de que muchos clientes vieran caer sus ingresos o perdieran su empleo. Bancos provinciales y sucursales de entidades nacionales coinciden en que la combinación de ingresos reales deteriorados y altos costos financieros explica el deterioro de la cartera.
Las entidades que iniciaron las convocatorias priorizan el contacto directo con el cliente para evaluar alternativas. Las fórmulas más habituales que se ofrecen en la provincia son:
* Extensión de plazos para reducir la cuota mensual.
* Reestructuración del plan de pagos con nuevas fechas y montos.
* Quitas parciales o reducción del costo financiero en casos puntuales.
Representantes del sector financiero explican que la estrategia busca evitar ejecuciones masivas y favorecer la recuperación ordenada de la cartera, aunque advierten que la normalización demandará tiempo y dependerá de una mayor estabilidad en las tasas de interés y de la recuperación de la actividad económica.
Cámaras empresarias y referentes de comercio en Salta alertan que la presión sobre el flujo de caja de las PyMEs puede traducirse en cierres o recortes si no se consolidan soluciones sostenibles.
Contexto nacional
El fenómeno provincial se inscribe en una tendencia nacional de aumento de la mora en los últimos meses. En ese marco, a nivel nacional se discuten iniciativas legislativas para aliviar la carga de las familias endeudadas: un proyecto de ley propone un régimen extraordinario de regularización de deudas con mecanismos de condonación parcial, refinanciación y asistencia estatal para deudas de consumo contraídas hasta fines de 2025. La iniciativa apunta a personas clasificadas en distintas categorías de riesgo en la Central de Deudores y abarca deudas con bancos, proveedores no financieros y plataformas de financiamiento entre particulares.
Analistas sostienen que la recuperación de niveles razonables de mora dependerá de la estabilidad en la política monetaria, una baja sostenida de las tasas reales y la mejora de los ingresos. Mientras tanto, la estrategia adoptada por los bancos en la provincia —convocar a deudores y ofrecer reprogramaciones— busca mitigar el impacto inmediato de la crisis crediticia y reducir el riesgo de ejecuciones que profundicen la recesión local. Autoridades provinciales, cámaras empresarias y entidades financieras coinciden en que las medidas actuales son apenas un primer paso y que la normalización será gradual.
En paralelo, el fenómeno de la deuda se trasladó al plano legislativo. Con casi 20 iniciativas en análisis, la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia realizó esta semana la primera ronda informativa. El contexto es crítico: el 56% de los hogares argentinos utiliza crédito para subsistir y la mayoría no logra llegar a fin de mes. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), a febrero de este año la morosidad en entidades financieras alcanzó el 11,2%, mientras que en las no financieras trepó al 29,9%. El dato más alarmante: 4,8 millones de personas tienen deudas con más de tres meses de atraso, lo que implica un salto del 45% respecto de febrero de 2024, es decir, cerca de 1,5 millones de nuevos deudores en situación crítica.
Los proyectos en discusión buscan dar respuesta a esta emergencia. Entre las propuestas figuran programas de refinanciación con mejores condiciones, la declaración de emergencia crediticia para habilitar reestructuraciones más amplias y la fijación de límites a las cuotas en función de los ingresos. También se analizan medidas más focalizadas, como condonaciones parciales, suspensión de ejecuciones judiciales y la obligación de las entidades de ofrecer reprogramaciones. En paralelo, algunos textos plantean cambios estructurales: incorporar a los deudores de consumo a regímenes de protección y regular con mayor fuerza la oferta de crédito para prevenir nuevos ciclos de endeudamiento.