A través de la resolución N° 093 firmada por el secretario Legal y Técnico, Daniel Nallar, la municipalidad de Salta prorrogó por cinco años el convenio con el Banco Macro. De esta forma, el manejo del dinero público estará a cargo de la entidad a lo largo de toda la gestión entrante y se extenderá hasta 2027.
El texto detalla que es intención de las partes prorrogar la relación de vínculos que tiene el Banco Macro como agente financiero único y caja obligada de la Municipalidad de Salta. El convenio había sido prorrogado por última vez en enero de este año y contó con la firma de la Gerente Divisional y Apoderada de Banco Macro, Jorgelina Nora Basso.
Los vínculos entre el romerato y el banco Macro son cada vez menos sutiles. A los negocios que supo abrochar su padre Juan, Bettina sumó algunos otros y expandió los ya existentes. El año pasado se conoció que la Municipalidad había colocado 1.200 millones de pesos en el Fondo de inversión Pioneros de Banco Macro, cuyo destino aún no fue explicitado. Adicionalmente, desde 2014 a la fecha, la comuna sostiene un convenio de padrinazgo con la entidad bancaria para el mantenimiento de la Plaza 9 de Julio, lo que no le impidió destinar $250 millones este año para los mismos fines. El dinero aportado por el Macro, según consta en el convenio, deberá destinarse al mantenimiento de canteros y césped, caminos internos, sistemas de riego, trabajos de pintura y señalética entre otros. Exactamente los mismos trabajos por los que se aprobó a finales del año pasado el polémico plan de obras que aún no concluye. La Municipalidad de la ciudad de Salta, por su parte, tiene a su cargo el control y supervisión de estas tareas.
Cabe preguntarse, si el programa de padrinazgo realmente cumplió su función ¿Qué objeto tienen las nuevas obras?, ¿Qué trabajos específicos se realizarán en torno a la plaza central?
La prórroga
El convenio refrendado por la comuna se firmó en adhesión al decreto provincial N° 3852, que vinculó por primera vez la provincia al banco durante el gobierno de Juan Romero. Entre las disposiciones de la adhesión a aquel convenio figura que, por el cobro de los tributos municipales, el Banco Macro percibe el 1% de la recaudación total a lo que debe sumarse el IVA, que corre por cuenta de la comuna.
Como cláusula de ese convenio que el pago que ejecute la Municipalidad al banco no puede ser menor al monto de $17.5 millones de pesos mensuales, y el mismo monto se actualiza por los coeficientes que establece el índice CER.
El CER es el coeficiente de estabilización de referencia, un indicador creado con el objetivo de ajustar el capital de depósitos y créditos por la inflación y así atar el valor de la moneda de los contratos celebrados antes de la pesificación establecida por el Decreto 214/2002. Este índice tiene como objetivo reflejar la inflación minorista, y básicamente se computa a partir de la tasa de variación promedio-diario del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes previo.
Además, la entidad financiera presta los servicios de: Apertura, mantenimiento e información de los movimientos de las cuentas corrientes bancarias y cajas de ahorro de la Municipalidad. También está a cargo de la emisión, colocación, rescate, y canje de empréstitos, así como la atención de los servicios que estos generan. El pago a proveedores, a terceros y a los agentes y funcionarios dependientes de la Municipalidad y su concejo deliberante también está a cargo del banco.
El convenio también incluye a la empresa Wordline S.A. que, bajo la forma de una UTE, presta el servicio de Procesamiento, Administración y Gestión de Cobro de Tributos.
Negocios con historia
La historia de la empresa otrora comandada por el fallecido Jorge Horacio Brito y su relación con la provincia es un compendio de negocios y privilegios. Luego del proceso de privatización del Banco de Salta, iniciado en la gestión de Ulloa y concretado por Juan Romero, el Banco Macro fue llamativamente la única firma que se presentó en la licitación.
Posteriormente llegaría la primera firma de convenio para que el Macro sea el agente financiero oficial de la provincia por diez años, el cual se renovó en el primer mandato de Juan Manuel Urtubey y persiste hasta la fecha. Desde entonces, todos los ministros de Economía de la provincia (puestos y por poner) responden a los intereses de la entidad bancaria.
El banco Macro pasó, entonces, a manejar los fondos del presupuesto provincial, los de la coparticipación federal y otras regalías. Bajo estas disposiciones, toda la administración pública provincial percibe sus haberes a través de sus terminales. Se trata de al menos 100.000 trabajadores, según el último informe de la SIPA y el Ministerio de Trabajo de Nación. La disposición -y en algunos casos, retención- de esos haberes es una de las bases fundamentales sobre las que se erige el emporio del extinto Brito; convirtiendo, además, a los empleados públicos en los principales clientes tomadores de créditos.
Sólo por el mantenimiento de las cuentas oficiales, el estado provincial eroga varios millones de pesos anuales. Sólo en el precio que se paga por el convenio de agencia financiera, el negocio representa más de 5.000 millones de pesos por año, de los 618.000 millones que se presupuestaron por total de gastos este 2023. No figuran entre las ganancias del Macro lo que aprovecha con las cuentas judiciales inmovilizadas cuyos fondos maneja a discreción. Tampoco los que administra y custodia de municipios y entes autárquicos. A esto deben sumarse, las innumerables cesiones de tierras que los sucesivos gobiernos concretaron para que, al día de hoy, cada plaza de cada municipio cuente con una dependencia del banco azul.