Los participantes coincidieron en la necesidad de modernizar las normas vigentes, adecuándolas al nuevo código procesal y optimizando el manejo de los bienes incautados.
El encuentro permitió alinear los criterios entre el Poder Legislativo y la Procuración, y acordar una agenda de trabajo conjunto en el ámbito de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. El objetivo es elaborar una norma práctica, ágil y equilibrada.
“Es muy positivo que este tema se incluya en la agenda legislativa: se trata de un asunto relevante en el que venimos trabajando desde hace meses”, señaló el Procurador. Explicó además que la ley vigente sobre bienes secuestrados fue diseñada para sistemas procesales antiguos, por lo que los cambios introducidos en la materia requieren una actualización normativa que los acompañe.
La reunión se llevó a cabo en la sede de la Procuración. Por la Cámara de Diputados participaron los legisladores Juan Pablo Cuéllar, Rodrigo García, Carlos Jorge, Héctor Vargas, Nicolás Taibo, Emanuel Ayón y Fabián Valenzuela, autores del proyecto de modificación que ya cuenta con estado parlamentario. Por parte del Ministerio Público Fiscal estuvieron presentes también Gabriela Buabse, directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, y Patricia Aballay, coordinadora de Informática y Modernización.
Se busca construir una norma cuidadosa, que refuerce las investigaciones, respete los derechos de las personas y mantenga un equilibrio justo entre la ciudadanía y la función judicial. “Ponemos a disposición todas las áreas del Ministerio Público que trabajan en esta iniciativa para unificar criterios y textos, y así contar próximamente con una nueva ley”, expresó el Procurador.
Por su parte, el diputado Cuéllar (representante del departamento Anta en la Comisión de Justicia) comentó que la reunión surgió después de presentar el proyecto, motivado por una problemática frecuente: los vehículos retenidos suelen permanecer largo tiempo en depósitos o a la intemperie en distintas dependencias policiales.
Destacó que se trata de dotar a las instituciones de herramientas útiles, respetando siempre el derecho de propiedad y las garantías procesales. El propósito es adaptar la normativa al Nuevo Código Procesal Penal para agilizar los trámites: “Muchas veces estos bienes permanecen inactivos sin utilidad, y podrían destinarse a tareas de investigación o incluso a organismos de salud”, ejemplificó.
Como cierre, el legislador comentó que se invitó a la Procuración a sumarse a las tareas de la Comisión, para elaborar entre todos una herramienta sólida para los fiscales y el sistema judicial, que al mismo tiempo brinde una solución concreta a los vecinos.