La Cámara de Diputados de la nación, aprobó por unanimidad la creación de un cuerpo de abogados para asistir judicialmente y de manera gratuita a las víctimas de violencia de género. (Garrik)
El proyecto, cuya iniciativa corresponde al senador por el FPV, Juan Manuel Abal Medina, reconoce en el Estado la responsabilidad para bridar asistencia jurídica y gratuita a las víctimas de violencia. El senador señaló que el proyecto responde a la estadística según la cual “de cada 100 casos de denuncias, 50 quedan en el archivo por falta de asesoramiento”.
La ley crea un cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de violencia de género que sirve para garantizar el acceso a la justicia de las mismas. Abal Medina explicó que “las víctimas llegan a través del 144 y a partir de allí el Estado deberá proporcionarles asistencia jurídica”. El cuerpo dependerá directamente del “Ministerio de Justicia aunque podrá vincularse con otros organismos”.
La normativa, que ahora debe ser reglamentada, establece que el cuerpo de abogados será un “organismo descentralizado” y funcionará en el ámbito de la Secretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con autarquía económica financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuar en el ámbito del derecho privado. El organismo quedará a cargo de “un director ejecutivo, quien tendrá rango y jerarquía de subsecretario de la Nación”.
Lo más novedoso de la normativa es que el grupo de profesionales deberá brindar patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal en todo el territorio nacional a víctimas de violencia de género, coordinar tareas con organismos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público de las distintas jurisdicciones para brindar una respuesta eficiente, tanto en sede administrativa como judicial. Entre las potestades del cuerpo la ley contempla la de “promover la unificación de criterios para el registro de información sobre hechos y casos de violencia de género, elaborando estadísticas y difundiéndolas”.
La norma establece que el cuerpo de profesionales se constituirá “como una carrera especial dentro de la administración pública y con su escalafón propio”. Al organismo sólo se podrá ingresar “mediante concurso público de oposición y antecedentes”. También habrá “una instancia obligatoria de formación especializada en la materia”. Por otra parte, “las abogadas y abogados del cuerpo no podrán ejercer la abogacía de manera privada en casos de violencia de género”.
Decreto provincial
A través del Decreto Nº 2565, emitido el 30 de julio pasado, el gobierno provincial dictaminó que “los Defensores Oficiales de Violencia Familiar y de Género tendrán como función garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia familiar y de género y velar por el reconocimiento de sus derechos en sede judicial y extrajudicial”, entre ellas, la de tener participación legal en el proceso penal como querellante particular en forma gratuita.
Asimismo, el decreto creó en el ámbito del Ministerio de Justicia, el “Programa Asistir” que tiene por objeto “articular acciones que permitan a las víctimas de delitos graves y/o sus familiares de escasos recursos obtener patrocinio letrado gratuito en las causas judiciales penales, incluyendo la constitución en parte querellante de acuerdo a las normas vigentes del Código Procesal Penal”.
Si bien en teoría toda persona puede constituirse en querellante en el proceso penal del cual es víctima, debe contar con los recursos necesarios para pagar un abogado que la patrocine, en caso contrario, el movimiento de la causa queda a merced de la voluntad que el propio Estado, a través del Ministerio Publico Fiscal, realice, y además la propia víctima o sus familiares no pueden intervenir en forma activa en el proceso, ya sea, incorporando y ofreciendo pruebas, oponiéndose a medidas, apelando resoluciones, etc.
Emergencia provincial
El decreto fue emitido en el marco de la emergencia provincial en materia de violencia de género declarada el año pasado por el gobierno de Urtubey, tras haber sido solicitada por distintas agrupaciones sociales y políticas, ante el aumento de casos registrados en nuestra provincia. La declaración de la emergencia tuvo por objeto visibilizar el problema y se convocó a todos los sectores para analizar las acciones a seguir.
Entre las medidas adoptadas, se decidió la creación de cinco juzgados y cinco defensorías de Violencia Familiar y de Género, hogares de protección temporal como instancias de tránsito y albergue de las víctimas, la instalación de botones antipánico en toda la provincia y el establecimiento de “una red de contención social y sanitaria entre el Estado y organizaciones no gubernamentales” así como el promover “la construcción de una cultura pacífica y libre, fortaleciendo las medidas preventivas de violencia de género”.
En este marco también se creó el Observatorio de Violencia contra las Mujeres destinado al monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización de datos e información sobre la violencia contra las mujeres en la provincia de Salta. El Observatorio tiene por misión el desarrollo de un sistema de información permanente que brinde insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Números violentos
Según datos de la Asociación Civil la Casa del Encuentro, durante el año pasado se registraron 277 homicidios de mujeres en todo el país. Además se registraron 29 femicidios vinculados de hombres y niños (es decir personas que quedaron “en la línea de fuego” del femicida o fueron asesinados para “castigar” a las mujeres). En un 80% de los casos las víctimas tenían un vínculo conocido con el atacante.
Nuestra provincia fue una de las más azotadas, ubicándose segunda junto a Córdoba con más mujeres asesinadas durante el año pasado, con 21 muertes, precedida solo por la provincia de Buenos Aires, con 91 casos, en tercer lugar Misiones con 16, seguida de Entre Ríos con 15.
Por otro lado, según datos de la Suprema Corte de Justicia de Salta, en julio de este año ingresaron 755 causas por hechos de violencia familiar. En julio del año anterior habían ingresado 921. Desde que entró en vigencia la ley de violencia familiar y hasta julio pasado los tribunales salteños recibieron 107.200 causas por hechos de violencia doméstica.