Dos diputados provinciales figuran como propietarios de edificaciones en la reserva protegida de Finca Las Costas, pese a la medida judicial de no innovar y la prohibición de construir vigentes desde 2020. El discurso oficial apunta contra la comunidad Lule por presuntos daños ambientales, pero omite convenientemente los apellidos de peso, el rol de la casta y un sector de la alta alcurnia.
A medida que escala el conflicto por la ocupación de tierras en la reserva natural de Finca Las Costas, afloran aspectos contradictorios del relato oficial. Mientras decenas de familias de la comunidad Lule enfrentan intimaciones judiciales y órdenes para deshacer obras, entre los residentes de la zona aparecen dos diputados provinciales. Una pertenece a La Libertad Avanza, el otro a bloque Todos por Salta. Sus situaciones tienen matices, pero comparten un dato: existen registros de altas de servicios posteriores a la medida cautelar que desde diciembre de 2020 prohíbe nuevas construcciones.
El abogado Nicolás Zenteno Núñez, presidente del Comité de Gestión de la Reserva, aportó recientemente su propia interpretación del conflicto en una entrevista con el diario de la “famiglia”. Allí sostuvo que el nombre de la Comunidad Lule «aparece con frecuencia como argumento para justificar ocupaciones irregulares o para frenar las acciones del Estado». Una afirmación que merece ser contrastada con una pregunta bastante menos explorada: ¿qué pasa cuando los que aparecen vinculados a las ocupaciones tienen cargos legislativos o llegada a los despachos del poder?
La discusión tiene un marco jurídico concreto. Finca Las Costas comprende unas 10.262 hectáreas de propiedad provincial. En 1995, mediante el decreto 2327, el Gobierno de Salta declaró el área como Reserva Intangible. Su régimen de protección fue posteriormente ampliado y encuadrado dentro del Sistema Provincial de Áreas Protegidas. La titularidad estatal del inmueble, según los registros inmobiliarios, nunca cambió.
En diciembre de 2020, la jueza María Guadalupe Villagrán dictó una medida cautelar de no innovar en el marco de un amparo ambiental promovido por la propia Provincia. La resolución ordenó suspender las obras en ejecución o próximas a ejecutarse y prohibió el ingreso de ganado. La restricción sigue vigente.
Su alcance, además, tiene una delimitación temporal importante: apunta a las intervenciones posteriores a su dictado, no a las viviendas y construcciones históricas que ya existían.
Pese a esa orden, durante los últimos cinco años se registraron nuevas edificaciones, movimientos de suelo, actividades agropecuarias y extracción de áridos. Un relevamiento incorporado al expediente judicial identificó 24 puntos de alteración entre diciembre de 2020 y 2025. De ellos, 21 corresponden a construcciones. La Justicia dispuso intimaciones para restablecer la situación anterior en los casos alcanzados por la resolución.
La lupa sobre los Lule
El conflicto escaló durante octubre, cuando comenzaron a vencer los plazos de las notificaciones judiciales que ordenaban deshacer construcciones. La situación golpeó especialmente a familias que integran o reivindican su pertenencia a la comunidad Lule, cuyos reclamos territoriales llevan años de discusión. El reconocimiento como pueblo originario y la legitimidad de su ocupación ancestral forman parte de una controversia que todavía no tiene una resolución definitiva en todos sus aspectos.
En paralelo, la investigación estatal comenzó a mostrar un escenario más complejo. La Fiscalía de Estado y el Ministerio Público fueron precisando que detrás de varias ocupaciones había particulares que realizaron negocios con parcelas de la reserva, incluso mediante operaciones inmobiliarias sin respaldo legal. También se detectaron publicaciones en redes sociales que ofrecían terrenos de Finca Las Costas a cambio de sumas expresadas en dólares.
El Ministerio Público Fiscal informó, además, que existen planteos de posesión veinteañal que todavía deben resolverse judicialmente. La existencia de esas presentaciones no implica que sus promotores hayan adquirido el dominio de las tierras, pero sí obliga a distinguir situaciones que no pueden resolverse bajo una misma etiqueta.
En marzo de este año, el propio organismo ratifico que la cautelar continúa vigente. También aclaró que los cuestionamientos sobre la representación comunitaria de determinados ocupantes debían analizarse caso por caso.
En ese contexto, hay una diferencia que llama la atención. Cuando se informa sobre una persona acusada de comercializar terrenos de la reserva, el nombre y su situación judicial no son ningún misterio. La cosa cambia drásticamente cuando aparecen dirigentes políticos entre quienes poseen edificaciones en la zona.
María Victoria Cayo, una libertaria entre las residencias de Las Costas
Una de las situaciones que merecen explicaciones es la de María Victoria Cayo, diputada provincial de La Libertad Avanza para el período 2025-2029. La legisladora reside sobre la ruta provincial 150, en el camino hacia la residencia gubernamental. También tienen domicilio en el sector sus hermanas Inés Alejandra, Débora Verónica y Claudia Alejandra Cayo.
La documentación de altas de servicios consultada por este medio registra movimientos correspondientes a 2021, es decir, posteriores a la medida judicial de no innovar. En el caso de sus hermanas, los registros se extienden entre 2021 y 2023.
El dato no permite establecer por sí solo cuándo se levantó la construcción, pero sí plantea interrogantes sobre la situación administrativa de esos inmuebles, las autorizaciones correspondientes y el cumplimiento de las restricciones que rigen dentro de la reserva. Cabe aclarar que la medida judicial es extensiva a todo tipo de construcción o ampliación, incluyendo medidores. Son preguntas que deberían alcanzar a cualquier residente, independientemente de su apellido.
La participación política de Cayo agrega un elemento que no pasa inadvertido. Durante el debate por la cesión en comodato de tierras fiscales a Tigres Rugby Club, la diputada fue una de las voces que cuestionó la iniciativa. Su postura se inscribió en una discusión en la que se puso sobre la mesa la situación de la comunidad Lule y el destino de un predio provincial.
En aquellos días también circuló una captura de un supuesto estado de WhatsApp atribuido a la legisladora, con expresiones despectivas hacia el club, que generó malestar en San Lorenzo. La controversia por el comodato terminó exponiendo diferencias políticas y sociales alrededor del uso de las tierras.
Cayo también es presidenta de la Junta Electoral partidaria de La Libertad Avanza en Salta y tuvo un papel activo en la defensa de la cuestionada convocatoria a elecciones internas que consagró a Alfredo Olmedo y Emilia Orozco al frente de la estructura partidaria.
Cabe preguntarse ¿qué explicaciones puede ofrecer una legisladora que intervino públicamente en la discusión sobre el uso de tierras provinciales respecto de los inmuebles de su entorno familiar en la misma reserva?
Valenzuela, con la casa del jefe cerca
El otro caso es el de Adrián «Chico Malo» Valenzuela, diputado provincial del bloque Todos por Salta, con mandato hasta 2027. Su residencia también se encuentra en Finca Las Costas, a pocos metros del sector donde está ubicada la residencia del gobernador, aunque en este caso, a nombre de su esposa.
Aquí también hay un antecedente público. Durante el debate legislativo por el comodato a Tigres Rugby Club, Valenzuela reconoció que tenía domicilio en la zona y salió a defender su posición frente a los cuestionamientos que recibió por el tratamiento del proyecto. En aquella oportunidad insistió en que no había acompañado la iniciativa y denunció amenazas contra él y su familia.
«No voté para la expropiación, ni siquiera acompañé el proyecto enviado y aprobado por la mayoría de la Cámara de Diputados. Pero es muy fácil escracharme, amenazarme», sostuvo durante su intervención.
Su explicación estuvo concentrada en despegarse de la decisión legislativa y denunciar las intimidaciones que, según afirmó, había recibido. Sin embargo, la situación de su vivienda quedó prácticamente al margen de aquella alocución.
Los registros de servicios consultados ubican un alta correspondiente a 2022, dos años después de la resolución judicial que suspendió las nuevas obras. Al igual que en el caso de Cayo, se vuelve pertinente conocer si existieron autorizaciones provinciales y cuál es la situación del inmueble frente a la cautelar.
El único condenado y un apellido que sí se publicó
Hay otro antecedente que permite observar cómo se construye el relato público sobre el conflicto. En octubre de 2024, Julio César Rueda fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional por estelionato, un delito que contempla, entre otras conductas, disponer de un bien ajeno como si se tuviera derecho a hacerlo.
Según la investigación fiscal, Rueda había accedido a unas 14 hectáreas de Finca Las Costas mediante un contrato de arriendo firmado en 2007 por diez años, posteriormente prorrogado. Aunque no era titular registral ni poseedor de buena fe de las tierras, subarrendó y comprometió su venta futura a otro particular, que entregó dinero sin obtener respaldo legal sobre el inmueble. Rueda manifestó pertenecer a la comunidad Lule.
En la misma línea de investigación, una mujer de 53 años fue imputada por ofrecer lotes de la reserva a través de redes sociales, presentándose como martillera pública y corredora inmobiliaria. Los terrenos se promocionaban con precios en dólares.
En ese caso, los nombres, las identidades y las acusaciones tuvieron difusión pública. La comparación con el tratamiento de las situaciones vinculadas a dirigentes políticos abre un interrogante sobre el sesgo de clase que atraviesa la difusión del conflicto. La lupa parece detenerse con mucha facilidad en determinados ocupantes y se vuelve bastante menos incisiva cuando aparecen sectores con mayor capital económico o político.
Finca Las Costas sigue siendo un bien del Estado provincial. La protección ambiental y el cumplimiento de la medida judicial son obligaciones que alcanzan a todos. Ante ese contexto, todavía queda una pregunta que nadie parece querer hacerse: ¿Qué otros apellidos conocidos sobrevuelan la reserva mientras la discusión pública sigue concentrada en las familias de la comunidad Lule?