El acusado afirmaba tener conexiones en el IPV y solicitaba una suma de dinero a cambio de otorgar una propiedad.
Ayer a la tardetarde, se llevaron a cabo tres allanamientos en la capital salteña. Durante la inspección en la residencia del detenido, también se encontraron sustancias estupefacientes, por lo que se informó a la UFINAR.
Daniel Escalante, fiscal Penal interino de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, encabezó una operación esta tarde como parte de una investigación sobre estafas realizada por la UDEC.
Bajo autorización del Juzgado de Garantías 1, se realizaron registros en tres viviendas de la capital salteña: una en la calle España al 1900, otra en el barrio Castañares y otra en el barrio Progreso. Como resultado de la operación, se detuvo a un hombre, se confiscaron elementos de relevancia para el caso y se involucró a la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad debido al hallazgo de sustancias estupefacientes en una de las propiedades.
El detenido, quien utilizaba alias como Julio Reinoso y Julián Reinoso, fue trasladado a la Alcaidía General de la Provincia. Además, pesaba sobre él una orden de arresto emitida por la Sala 2 del Tribunal de Juicio por no comparecer en una audiencia de debate relacionada con dos casos de estafa. Esta orden fue solicitada por la fiscal de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio.
La intervención de la UDEC se inició después de que una mujer presentara una denuncia el 19 de agosto de 2022, en la cual indicaba que dos años antes, en diciembre de 2020, su hermano le comentó que un compañero de trabajo le había informado sobre una persona que entregaba viviendas sociales recuperadas.
La víctima contactó a un individuo que afirmaba tener contactos en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), quien le ofreció la oportunidad de adquirir una propiedad a cambio de una determinada suma de dinero. Confíando en esta oferta, la mujer entregó el dinero y recibió una carpeta con documentos supuestamente emitidos por el organismo provincial. Pasaron dos años y al no recibir la asignación de la vivienda, decidió acudir a las oficinas del IPV, donde descubrió que no existía ningún registro de su solicitud y que toda la documentación que le habían entregado era falsa.
En abril de 2022, otra mujer recibió información sobre la venta de terrenos a través de un contacto relacionado con su padre. Decidió aprovechar esta oportunidad y entregó una suma de 1.200.000 pesos para cubrir los gastos de la notaría. Según su denuncia, el responsable de la venta era una persona llamada Julián Gutiérrez, quien afirmaba trabajar en el Gobierno. La firma de los documentos tuvo lugar en una oficina situada en Grand Bourg.
En 2019, una mujer recibió información de una amiga sobre un hombre llamado Julián Reinoso, quien aseguraba trabajar en el IPV y le ofrecía la posibilidad de obtener una vivienda en la urbanización del Barrio Pereyra Rosas. Motivada por esta oportunidad, la mujer entregó dinero al hombre. Posteriormente, Julián Reinoso se presentó en su domicilio para que ella firmara algunos documentos. Durante ese encuentro, la mujer grabó al hombre con su celular y también registró el vehículo en el que llegó. Con el paso del tiempo, al no recibir respuestas, se presentó en el organismo donde le informaron que no trabajaba ningún Julián Reinoso y le aconsejaron presentar una denuncia, lo cual hizo en 2021.
Los investigadores de la UDEC llevaron a cabo investigaciones de campo, logrando identificar al hombre denunciado, que se presentaba como Reinoso, y entregaba a las víctimas, a cambio de dinero, documentos con firmas y sellos falsificados del IPV, aparentemente emitidos por los responsables de diferentes áreas. Esto se realizaba como una forma de generar confianza en las víctimas y darle apariencia de legalidad a la transacción. En los tres casos, participaron tres colaboradores diferentes, quienes ya han sido convocados a declarar en la fiscalía.