En lugar de convocar a varias empresas para que integren un Banco de Prótesis para el IPSS, el gobierno se inclina por adjudicar el contrato a una sola y con reprochables antecedentes en la provincia: Prima SA. El martes le otorgó la preadjudicación. (Gonzalo Teruel)
“Las autoridades provinciales quieren arrancar con el Banco de Prótesis lo antes posible y quieren tener los papeles firmados en el mes de septiembre” avisó Cuarto Poder en su última edición luego de describir una inexplicable obstinación oficial por contratar, licitación direccionada mediante, a una empresa con reprochables antecedentes en la provincia: Prima Implantes SA. Y, como no podía ser de otra manera, la realidad confirmó aquel anticipo: el martes, primer día hábil de la semana tras el feriado en homenaje al General José de San Martín, con la firma del director general de Seguimiento de Contrataciones, Matías Sebastián Molina, se comunicó la preadjudicación de la licitación en favor de Prima SA.
“Van a querer confirmar la adjudicación la semana que viene para arrancar en septiembre” anticipó una fuente con acceso al expediente y repitió la escasa trasparencia del proceso licitatorio para la concreción de una buena idea: la creación de un Banco de Prótesis para el Instituto Provincial de Salud de Salta.
Para no tener que salir al mercado cada vez que un afiliado necesita una prótesis u algún otro complejo elemento quirúrgico, el IPSS quiere constituir un “banco” que tenga siempre en stock y a disposición esos insumos médicos. Llamó a licitación pública. La declaró fracasada. Hizo una nueva convocatoria. Y ahora, pese a la preadjudicación, tiene un reclamo administrativo que puede terminar en los tribunales.
Al primer llamado se presentaron un par de compañías pero como una de ellas no cumplía los requisitos mínimos se declaró fracasada. Pero, peor aún, la nueva convocatoria, según se reclama, fue elaborada “a medida” de esa misma empresa. “El año pasado se llamó a licitación y como los pliegos no estaban correctamente redactados hubo una discusión muy fuerte entre las empresas que se presentaron: la salteña Magnus SA y la cordobesa Prima SA” indicó la misma fuente que conoce el caso y advirtió que “Magnus SA se quejó porque la licitación, elaborada por el gobierno provincial, parecía favorecer a Prima SA”. Pero una vez fracasada esa convocatoria pública, el nuevo llamado fue mucho peor y aún más “favorable” a Prima SA. Y la semana próxima podría oficializarse la adjudicación.
La obstinación oficial por favorecer a la empresa cordobesa de pésimos antecedentes en la provincia es tal que se aceptó una mejora de menos de $300 mil en la oferta realizada por Prima SA. Según consta en documentos públicos, el monto inicial ofrecido fue de $13.850.508 y el monto final aceptado de $13.558.364 o apenas un 2% menos.
Mucho peor aún, aunque no tiene un domicilio legal debidamente constituido ni estructura edilicia disponible en Salta, la empresa elegida destaca entre sus antecedentes una presencia continua en la provincia. Presencia que es tan real como que en el año 2011 e incluso antes las autoridades sanitarias recibieron numerosos reclamos y denuncias de pacientes y médicos por la pésima calidad del material provisto por Prima SA al Hospital San Bernardo. El escándalo fue tal que el doctor Gonzalo Herrera renunció a su cargo de jefe del Servicio de Odontología y Cirugía Maxilofacial y el entonces interventor del IPSS, Gabriel Chagra Dib, rescindió el contrato que la obra social tenía con la empresa “por considerar que el servicio que le prestaban no era óptimo”.
“Según consta en distintos medios gráficos, la falta de provisión de los materiales requeridos por los profesionales del Hospital San Bernardo se repitió durante el año 2013. Siempre de acuerdo a medios de prensa, la empresa con sede en Córdoba tuvo problemas similares en Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy (dónde también sufrió la rescisión de un contrato con el gobierno) y San Luis por demoras en la entrega de materiales requeridos por el PAMI” reseñó este semanario. Aun así, en los próximos días, la cuestionada empresa podría ser elegida como proveedor único del Banco de Prótesis del IPSS.
Todavía, como la semana pasada y pese al cruce de documentos administrativos, nadie pudo explicar con argumentos sólidos por qué la provincia se inclina por adjudicar un contrato estimado en $8 a $10 millones mensuales a una sola empresa en lugar de abrir el juego a varias compañías para fomentar la actividad y la competencia comercial y bajar los precios de los insumos médicos. Ni el ministro de Salud ni el titular del IPSS, Roque Mascarello y Martín Bacaro, se expresaron públicamente sobre la controversia y todavía es un misterio quién está detrás de la compañía cordobesa con enormes contratos en distintas provincias argentinas.