Tras declararse nulas las elecciones en Tucumán, salió un informe de Poder Ciudadano sobre las elecciones en Salta y el voto electrónico que ahora todos reclaman. Piden medidas que robustezcan el sistema pero las conclusiones son favorables. Desestimaron la denuncia de fraude de Romero en abril. (A. S)
Frente a las denuncias de fraude que el Frente Romero + Olmedo presentó ante el Tribunal Electoral por irregularidades en los comicios de las PASO realizadas en abril, informes de la Fundación Poder Ciudadano identificaron algunas debilidades del sistema de Boleta Única Electrónica (BUE), pero no lograron detectar el fraude del que hablaba el exgobernador de la provincia.
Entre las debilidades que se enumeram se incluye, por ejemplo, la perdida de privacidad de los electores con dificultades para votar y fragilidad de la fiscalización partidaria al momento del escrutinio de mesa. Con respecto a esto último, Poder Ciudadano observó que en general los fiscales no demandaron el monitoreo de lo impreso en cada boleta sino que las BUE eran leídas por el lector con mucha rapidez en la mayoría de los casos.
Pese a las denuncias de ciertas anomalías del software de votación, el primer informe concluye que “el personal de Poder Ciudadano no observó ni pudo comprobar durante su observación”. Mientras que en un segundo informe “Análisis y recomendaciones de la observación electoral. Elecciones generales”, se refiere a la Auditoría del Código Fuente que el Tribunal Electoral llevó adelante en la etapa de fiscalización. “Poder Ciudadano observó las actividades desarrolladas por el Tribunal Electoral, el personal de la empresa proveedora del software (Grupo MSA) y la Universidad Nacional de Salta (UNSa), esta última en calidad de auditora. Tras el acto formal de apertura por la autoridad del Tribunal Electoral, los representantes de dos fuerzas políticas (Frente Romero + Olmedo y Partido Conservador Popular) manifestaron su disconformidad con la modalidad descripta y su alcance procediendo a retirarse. Por otro lado, un fiscal partidario no pudo participar al no haberse acreditado dentro de los plazos reglamentarios establecidos”, señala el informe.
Fiscales y custodios
El informe de la fundación indica que en comparación con las elecciones efectuadas el 12 de abril (PASO), la oferta electoral en las generales se redujo facilitando así la votación de los electores. “A título informativo, como puede observarse en el simulador de votación diseñado con candidatos reales, y difundido por el Tribunal Electoral, sólo en el departamento Capital se elegían 6 candidatos a gobernador, 13 listas a diputado provincial, 6 candidaturas a intendente y 11 listas a concejales”.
De la recorrida hecha por los distintos centros de votación en las elecciones generales la fundación comprobó lo siguiente: mayor participación de las autoridades de mesa y menos presencia de los técnicos en la resolución de inconvenientes no técnicos; alta presencia de fiscales partidarios en las mesas de votación. Se observaron, en general, al menos tres por mesa, al igual que durante las elecciones primarias; mayor control de los ciudadanos sobre la impresión de la boleta (no tanto sobre el lector de la máquina) y mayor advertencia de las autoridades de mesa para mantener el secreto del voto y qué hacer en caso de equivocarse.
El informe, sin embargo, hace mención a dos casos donde se denunciaron irregularidades. El primero ocurrió en la Escuela Nro. 4030. Dr. Mariano Moreno. Mesa 1867. La denuncia recibida era una fotografía de una hoja impresa denominada “Constancia de falla de impresión o impresión borrosa o ilegible” en la que figuraban los datos del establecimiento, el nombre de la fiscal de mesa/fiscal general denunciante y la leyenda “Votó blanco y salió Urtubey”.
“El hecho descripto en el acta oficial (papel romaní) de la Mesa de Votación no coincidía con la hoja impresa de la denuncia partidaria recibida por Poder Ciudadano. Ante los interrogantes formulados, tanto la autoridad de mesa como las fiscales presentes (una de ellas, es quien figura como denunciante) y veedores judiciales negaron no solo el suceso descripto tal como figura en el certificado partidario sino también haberlo firmado reconociendo esa causa en particular”, señala el informe y agrega “Por lo tanto se entiende que el hecho denunciado, el cual fue rápidamente difundido por algunos medios periodísticos sin comprobar la veracidad de la información, no fue tal, sino que se habría escrito por fuera de los márgenes prefijados luego de la firma de los actores involucrados”.
El segundo caso ocurrido en el Colegio Nro. 5049 25 de Mayo. Mesa 1778 fue el siguiente: El proceso electoral en esta mesa de votación se vio interrumpido ante la solicitud de tres personas que manifestaron ante la autoridad de mesa y la veedora judicial ser fiscales generales por el Frente Romero + Olmedo. Aunque no dieron sus nombres ni documentos de identidad, invocaron el artículo 10 de la ley 7.730 para solicitar acceso a la máquina de votación. Poder Ciudadano informa que una vez autorizados por la presidenta de mesa, los fiscales generales efectuaron un procedimiento no contemplado por la normativa: accedieron al modo mantenimiento de la máquina de votación grabando previamente la contraseña respectiva en el chip de una BUE (a través de una aplicación instalada en un dispositivo móvil) simulando la credencial del técnico que está cumpliendo funciones en el establecimiento.
“Más que un proceso de control y/o fiscalización se trató de una acción ilegal que intentó mostrar la vulnerabilidad del sistema de votación con BUE. Si bien se demostró que es posible modificar el modo de la máquina de votación, consideramos que este tipo de procedimientos de testeo debieran haberse efectuado a través de canales formales ante la autoridad electoral competente y no durante la jornada electoral entorpeciendo, además, el derecho al voto de los ciudadanos que esperaban para votar”, describe el informe.
Por ello al referirse a la seguridad informática el trabajo señala que “Durante la observación electoral se evidenció una deficiencia en la administración de las credenciales de autenticación ante el sistema para diferentes roles (por ejemplo, la posibilidad de cambiar el modo de operación de la máquina de votación), producto de la aplicación de una seguridad básica (para este objetivo particular) en la que se privilegió la rapidez y simplicidad por sobre la robustez”.
Recomendaciones
El informe señala como recomendaciones a futuro la organización de un Plan de Seguridad Informático Integral, el cual debe ser diseñado e implementado por el Tribunal Electoral desde su inicio. “El análisis de la seguridad del sistema debe ser prioritario para el Tribunal Electoral, quien debe tener la responsabilidad de facilitar y coordinar las auditorías de seguridad respectivas, mitigando a posteriori todas las vulnerabilidades que pudiesen detectarse”.
Además Poder Ciudadano considera necesario un asesor técnico-informático al servicio de la autoridad electoral. “Al profesional interviniente en el rol de asesor técnico informático con un perfil científico-técnico y profesional definido, ahora se le exigirá un conocimiento específico en procesos electorales debiéndose especializar en voto electrónico”. Y finalmente un proceso gradual y evolutivo de aprendizaje. “Incorporación de planes y programas dirigidos especialmente a electores que puedan requerir atención especial, como adultos mayores, personas con discapacidad, etc. son fundamentales a la hora de encarar un proceso de reforma política con voto electrónico. No debe olvidarse que la incorporación ciertos cambios culturales, como es la aplicación de tecnología en la emisión del sufragio, requiere de un contexto que acompañe la inclusión de todos los actores involucrados para garantizar así el principio de la universalidad del voto. A mayor capacitación dirigida, más inclusión”.
