Dicen que para que un emprendimiento prospere, es mejor tener buenos contactos (si son políticos, mejor). Esta parece ser la historia detrás del polémico centro médico, que frente al avance de la investigación judicial, finalmente, fue clausurado.

Cuando el Ministerio de Salud Publica de la provincia decidió clausurar la Clínica del Neurodiagnóstico argumentó que no cumplía los requisitos básicos de higiene, lo que puede haber llamado la atención de los lectores que han estado en otras instituciones médicas y que, probablemente se hayan dado cuenta, de que tampoco son mejores. Las razones, en realidad, son otras. Lo que se investiga, en el fondo, es una estafa millonaria que ni el Ministerio de Salud, ni el Pami podían desconocer.

Precisamente el PAMI, es una de las principales cajas para el negocio millonario de especuladores de la salud. El sanatorio es investigado por la Justicia Federal de Salta, por supuesta defraudación a los fondos del PAMI, aunque en esa causa también están incluidas las faltas de certificaciones del Proficcssa, que es una de las exigencias elementales que debe tener por norma la obra social de los jubilados hacia un prestador.

Esto nos hace preguntarnos: ¿Cómo hace una clínica para funcionar tantos años sin contar con la autorización del ente que debe habilitar su funcionamiento?
Las fuentes consultadas por Cuarto Poder llevan nuestros pasos a la figura del ministro de Salud Roque Mascarello. El funcionario juega un rol importante, pero no desde ahora, que ante las evidencias, no le quedó otra que firmar la clausura.

Ya en 2014, siendo Jefe de Gabinete del gobierno municipal, la municipalidad firmó un inexplicable convenio con la fundación Lucens, encabezada por Emilio Benitez. ¿La municipalidad tiene a cargo el servicio de Salud? No. Pero eso poco importa cuando los intereses son otros. El convenio se publicó en el boletín oficial Nº 1997, publicado el viernes 06 de Junio de 2014. ¿Podía el entonces intendente, Miguel Isa, desconocer esto? Difícilmente. Casi imposible.

El otro ente fundamental para que esta clínica pudiera seguir funcionando todos estos años sin control y haciendo clink caja, es es el Proficcssa, organismo donde Mascarello dejó gente de confianza en su anterior gestión como ministro de Salud de Juan Carlos Romero. Tener un buen peón ahí fue fundamental para que la Clínica de los Benitez pudiera seguir funcionando.

¿Y el Pami?

La otra pata de la historia es el PAMI. La relación con los Sivila (padre e hijo) viene con muchas páginas para relatar. Solo un dato para tener en cuenta: allá por los 90´, el ex concejal Miguel Isa y Estanislao Sivila (padre del actual director del Pami en Salta), formaban una sociedad que vendía piedra y ripio a sumas millonarias a la provincia de Formosa. Ahora, su ex jefe de gabinete y actual ministro de salud Roque Mascarello – que no supervisó por dos años y meses la Clínica de Neurodiagnóstico- ante la denuncia penal, salió a ordenar la clausura de forma urgente para intentar despegarse del mandato de su jefe.

Sivila Jr -director del PAMI Salta- por su parte, hace poco menos de dos años, firmó un convenio con Roque Mascarello para asistir a los pacientes Pami del interior de la provincia en los hospitales públicos. En capital en cambio, el hospital san Bernardo dejó de cobrar esa parte, fondos que fueron a parar a la caja de la Clínica del Neurodiagnóstico. Se habla de 14 millones de pesos mensuales. Esta suma anteriormente era destinada al Hospital San Bernardo, repercutiendo en los sueldos de los trabajadores, a través del ítem de productividad. Negocio redondo.

Abandonan el barco

A la luz de la actuación de la justicia federal, se destapó un escándalo de fraude millonario en el que están denunciados funcionarios auditores del PAMI y los responsables del centro médico salteño, Emilio Benítez y Daniel Tolaba. 
A la investigación la lleva adelante el juez federal Nº 1, Julio Leonardo Bavio, junto al fiscal federal Nº 2, Eduardo Villalba.
La mira está puesta en una supuesta sobrefacturación por internaciones, supuesta adulteración de facturaciones por medicamentos a la obra
social, y psicofármacos obtenidos de manera ilegal e incluso supuestamente robados al hospital San Bernardo.
A esto, se le agrega el no cumplir con los requisitos de higiene y seguridad del Programa de Fiscalización y Control de Calidad de los Servicios de Salud (Proficcssa) para poder funcionar.
A esta altura del avance de la justicia federal, todos empiezan a dejar el barco. Primero fue Mascarello, al que no le quedó otra que firmar la clausura. También el PAMI parece querer despegarse.
Dicen que en su momento, el PAMI habría enviado a la clínica del Neurodiagnóstico, una carta documento, notificando acerca de una serie de irregularidades. Inscripciones en la AFIP ya vencidas, cuestiones relacionadas a la Personería Jurídica, entre otra documentación.
Detrás de todo esto hay dos puntas: jubilados que reciben un mal servicio y del otro, gente que hace plata. Un tablero de corrupción que ha sido pateado.