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Ambiente | Greenpeace criticó la eliminación de audiencias públicas

Con una intervención callejera en el ingreso de la Casa de Salta, activistas de Greenpeace representaron la fiesta del desmonte liderada por el gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey. En el caso de Salta, ya fue deforestado el 30% de sus bosques nativos. De acuerdo a datos oficiales, se destruyeron 1.406.005 hectáreas entre 1998 y 2017. Desde la sanción de la Ley de Bosques, en 2007, la mitad de los desmonte en Salta fueron ilegales.

Según la ONG, la última resolución de la secretaria de Ambiente de Salta viola la Ley de Bosques y la ley de Acceso a la Información Publica Ambiental.

Después de que la Secretaría de Ambiente de Salta publicó la Resolución 333/2020, donde se establece que en algunos casos nos son obligatorias las audiencias públicas antes de hacer un cambio en el uso de suelo, Greenpeace y especialistas salieron a realizar fuertes cuestionamientos.

La coordinadora de Bosques en el NOA, Noemí Cruz, por su parte, sostuvo que prescindir de las audiencias para los Planes de Cambio de Uso de Suelo (PCUS), viola lo establecido por la Ley General del Ambiente 25.675.

El doctor en Ciencias Ambientales, Andrés Leake recordó en el sitio Salta 12 que la Ley de Bosques en su artículo 2 inciso c, dispone que se debe «fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión».

En su artículo 11, en tanto, indica que «toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución».

«Muchos de los proyectos silvopastoriles, son desmontes que ocurren en etapas y de manera encubierta, posibilitados por estos medios ilegales, implementados de manera arbitraria por el gobierno y en clara complicidad con los criminales de bosques», afirmó Cruz.
Asimismo, señaló que con este tipo de disposiciones la Provincia además erosiona el libre acceso a la información ambiental enmarcado en la Ley 25.831.