El ministro Carlos Abeleira cedió al reclamo de los trabajadores de Primera Infancia y se comprometió a asumir la responsabilidad ante la justicia por las faltas de intervención en las que los trabajadores puedan incurrir por las carencias o falencias en la provisión de recursos. (Gonzalo Teruel)
Carlos Abeleira debió abandonar el miércoles esa especie de laboratorio de la CIA o la NASA que es la sede central del Ministerio de la Primera Infancia para trasladarse hasta el muy venido a menos edificio donde, también en el centro de la ciudad, funciona la Secretaría de Niñez y Familia para calmar el malestar y desactivar la protesta que desde el viernes realizaban sus subordinados.
Consiguió su objetivo y contuvo el conflicto. Pero cedió a todos y cada uno de los reclamos. Firmó, junto al Secretario Rodrigo Fernández, un acta acuerdo en favor de los técnicos y profesionales del organismo y de insospechadas implicancias futuras para los funcionarios de gobierno.
“El Ministro y el Secretario asumen la responsabilidad ante las autoridades Judiciales y del Ministerio Público, por todas aquellas faltas de intervención en las que los agentes que se desempeñan en el ámbito de la Secretaría de Niñez y Familia, pudieran incurrir, como consecuencias de las carencias o falencias en la provisión de recursos económicos o humanos, o medios necesarios y/o suficientes para el norma cumplimiento de las tareas a desempeñar en el ámbito de actuación que les sea propio” dice textual el acuerdo rubricado por Abeleira, Fernández y Nelly Sánchez, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado. Y agrega “Respecto de los procesos penales iniciados por supuesta faltas de respuestas a Oficios Judiciales, el Ministro de la Primera Infancia y el Secretario, asumen el compromiso de presentarse en forma personal en las mismas, a formular los descargos y aclaraciones pertinentes, deslindando las eventuales responsabilidades de las profesionales intervinientes”.
En buen criollo, tal como exigían los trabajadores desde hace meses, Abeleira y Fernández se comprometieron a responder personalmente a los reclamos de la justicia por la deficiente o insuficiente intervención que pudiera existir en casos de asistencia requerida. Tal determinación no es menor si se tiene en cuenta que, justamente, esta misma semana y por primera vez la exministra de Derechos Humanos, Marianela Cansino, y otros exfuncionarios fueron convocados por la justicia para explicar sus responsabilidades en la muerte del niño Thiago Quipildor (en 2015) que estaba bajo tutela estatal y por el cual son juzgados trabajadores del gobierno.
El acuerdo rubricado el miércoles, además, confirmó todos y cada uno de los reclamos de los trabajadores revelados por Cuarto Poder en varias investigaciones periodísticas publicadas en los últimos años. “‘Acá no cambió nada. No hay organización, no hay protocolos a seguir, no hay directivas desde la jefatura ni formación a las chicas nuevas que se incorporan’ resumió la trabajadora social que hace años presta servicio en el gobierno y denunció que por casos como el de la niña de Guachipas ‘comenzaron a llegar denuncias penales, por desobediencia judicial, a mis compañeras’. ‘Estamos asustadas porque las denuncias hacia nosotras (el personal técnico de Niñez y Familia) las hacen los Juzgados de Familia ante Fiscalías Penales’ avisó y advirtió que, como en el caso de Thiago Quipildor que está en pleno juicio, las acusaciones son hacia los trabajadores y nunca y en ningún caso hacia los funcionarios políticos como los ministros Carlos Abeleira y Pamela Calletti o el secretario Rodrigo Fernández” expuso en su última edición este semanario en una nota titulada “Otra muerte anunciada”.
Antes, en otros artículos publicados entre 2015 y 2016, Cuarto Poder advirtió a partir de información irrefutable que “En Niñez y Familia están molestos porque desde el traslado (desde Derechos Humanos a Primera Infancia) ingresa el doble de casos y la cantidad de personal y recursos sigue siendo la misma, un número ya insuficiente para las obligaciones previas” y explicó que “Esto se suma al nuevo Código Civil, que otorga mayores responsabilidades y muchas de las decisiones que antes eran exclusivas del Poder Judicial ahora también son facultad de la Secretaría”.
Ahora, en efecto, el acta acuerdo del miércoles comprometió la “Concreción definitiva de los protocolos internos de los distintos programas de la Secretaría de Niñez y Familia y de los protocolos interministeriales” y “la elaboración de una nueva estructura de cargos, acorde a la Ley 26.061, nuevo Código Civil y Comercial y a la Ley 7.970”.
En septiembre del año pasado, una tapa de Cuarto Poder basada en otra reveladora nota sobre los reclamos de los trabajadores de Primera Infancia pedía “Hacete cargo Charly” pero no tuvo mucha suerte. Ahora, en cambio, la cosa es distinta y Charly Abeleira, junto a Rodrigo Fernández, se hará cargo por el trabajo de sus subordinados.
