Un conjunto significativo de más de 100 organizaciones no gubernamentales ambientalistas presentó una nota a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, manifestando su profundo rechazo a las reformas propuestas en materia ambiental, las cuales forman parte del Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Este proyecto, remitido por el Poder Ejecutivo Nacional para su tratamiento en sesiones extraordinarias, ha despertado inquietud y desacuerdo entre distintos sectores de la sociedad civil.
En primer lugar, las organizaciones expresan su preocupación por las posibles implicancias negativas de estas reformas en la legislación ambiental vigente en Argentina. Argumentan que las medidas propuestas podrían significar un serio retroceso en los avances logrados a lo largo de los años mediante esfuerzos, discusiones parlamentarias y consenso entre diversos actores sociales. Destacan especialmente el artículo 41 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho a un ambiente sano y equilibrado, y subrayan la responsabilidad de las autoridades en la protección de este derecho.
Las organizaciones destacan el importante trabajo realizado por la sociedad argentina para desarrollar un marco normativo que, aunque incompleto y parcialmente implementado, ha permitido equilibrar la producción, la conservación del ambiente y el desarrollo social. Aseguran que las reformas propuestas en el proyecto de ley podrían socavar estos logros y representar un riesgo para la preservación del patrimonio natural y cultural del país.
Asimismo, las ONGs solicitan la ampliación de giros de comisión para el tratamiento del proyecto, argumentando que abarca temas que van más allá de las capacidades de las comisiones a las cuales actualmente tiene giro. Proponen la inclusión de comisiones adicionales que puedan abordar aspectos específicos relacionados con el medio ambiente, recursos naturales y otras áreas relevantes.
En cuanto a las reformas propuestas en el proyecto de ley, las organizaciones ambientalistas centran su atención en varios aspectos críticos. Uno de los puntos destacados se refiere a las modificaciones propuestas a la Ley 26.562, que establece presupuestos mínimos para la protección ambiental en el control de actividades de quema. Argumentan que las reformas podrían permitir avances sin control ni autorización previa de quemas para actividades con finalidad lucrativa, sin considerar debidamente los impactos ambientales y la seguridad pública.
Otro punto de fuerte desacuerdo se refiere a la Ley 26.331 de Bosques Nativos. Las organizaciones sostienen que las propuestas de modificación representan un grave retroceso en la protección de estos ecosistemas, permitiendo desmontes que antes estaban prohibidos y afectando áreas de alto valor de conservación. Advierten sobre posibles repercusiones negativas en términos de biodiversidad y en la posición de Argentina en mercados internacionales que exigen políticas contra la deforestación.
En relación con la Ley 26.639, que establece presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglacial, las organizaciones critican las modificaciones propuestas, que podrían debilitar la protección de estas áreas sensibles en favor de intereses económicos. Argumentan que las reformas podrían contradecir compromisos internacionales asumidos por Argentina y afectar la regulación hídrica en zonas cruciales.
La sección del proyecto de ley referente a la reorganización económica, específicamente en el ámbito de la transición energética, también genera preocupación. Las organizaciones sostienen que las propuestas de establecer mercados de derechos de emisión de gases de efecto invernadero podrían desviar la atención de la necesidad de reducir las emisiones desde las fuentes, y cuestionan la falta de una visión clara sobre cómo se llevará a cabo la transición hacia una matriz energética más limpia.
Las organizaciones ambientalistas instan a la Cámara de Diputados a rechazar las reformas propuestas en el proyecto de ley, argumentando que podrían representar un retroceso en la protección ambiental y en los avances logrados hasta la fecha. Destacan la importancia de preservar el equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación del ambiente, en línea con los principios constitucionales y los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia ambiental.