Para recopilar información, se empleó la técnica del «agente encubierto digital» en sitios web y plataformas de juegos online, simulando interés en casinos virtuales. Este método proporcionó datos precisos sobre la actividad de los sospechosos, tanto en Salta Capital como en otras regiones del país.
La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) de Salta, Ana Inés Salinas Odorisio, ha solicitado al Juzgado de Garantías 7 la elevación a juicio de trece individuos acusados de la explotación y organización ilícita de juegos de azar en la provincia. Estos individuos, acusados de actuar como coautores, habrían participado en una sofisticada red dedicada a la captación de apuestas a través de un sitio web no autorizado, con vínculos a la plataforma internacional bet365. Esta operación, llevada a cabo sin la licencia correspondiente del Ente Regulador del Juego de Azar de Salta (ENREJA), se dirigía específicamente a la población salteña, representando una clara violación de la legislación provincial sobre juegos de azar.
La investigación, realizada conjuntamente por la UDEC y el ENREJA, reveló una estructura criminal jerarquizada y compleja. En la cúspide se encontraban los «respaldos», responsables de la administración de los fondos obtenidos y el pago de las ganancias a los apostadores. Un escalón por debajo, los «administradores» se encargaban de reclutar y supervisar a los «cajeros», quienes eran los encargados del contacto directo con los apostadores, utilizando redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea para captar clientes y gestionar las transacciones financieras. Estos «cajeros» dirigían a los apostadores a plataformas que simulaban ser sitios web oficiales de apuestas, pero que en realidad operaban bajo dominios fraudulentos, dificultando así su detección y control por parte de las autoridades.
También, un elemento clave en esta trama delictiva es la implicación de la empresa AXON S.A.S., con sede en Buenos Aires, la cual, a pesar de declarar actividades diferentes a los juegos de azar, se presume que jugó un papel fundamental en la gestión de los fondos y la distribución de créditos virtuales dentro de la red ilegal.
Para desentrañar esta compleja red, la investigación se valió de una innovadora estrategia: el uso de un «agente encubierto digital», este agente infiltró medios de comunicación informáticos y plataformas de juegos online, simulando interés en casinos virtuales, lo que permitió a los investigadores obtener información crucial sobre la operatoria de la red, tanto en Salta Capital como en otras regiones de la provincia.
Gracias a la combinación de técnicas de investigación como el entrecruzamiento de datos, la intervención de líneas telefónicas y el empleo del «agente encubierto digital», la UDEC logró identificar a los trece imputados. Entre ellos se encuentran Roberto San Martín y su hijo Tomás Nahuel San Martín, presuntos administradores generales de la red, responsables de la supervisión y coordinación de las actividades, incluyendo la recepción y transferencia de fondos. Otros implicados son Mariela Andrea Mollo, con funciones administrativas y de promoción; Facundo Villalba, involucrado en la facilitación de transferencias y la adquisición de vehículos con fondos ilícitos; y varios operadores como Walter Marcelo Lobo, Lucas Nicolás Galván y Adolfo Ignacio Rodríguez, encargados de la gestión de cajeros, su capacitación y el desarrollo de estrategias para la captación de nuevos apostadores.
La pareja integrada por Andrea Celeste Verón y Juan José Carrasco habría administrado redes internas de cajeros y utilizado vehículos adquiridos con fondos provenientes de la organización criminal. Constanza María Di Leandro, vinculada sentimentalmente con Galván, se presume que era responsable de los movimientos financieros entre los miembros de la red, denominada «Las Únicas».
Asimismo, la fiscal Salinas Odorisio argumenta que las pruebas recopiladas, basadas en análisis contables, registros telefónicos, allanamientos y seguimientos virtuales, demuestran la operación ilegal de la red sin las autorizaciones legales pertinentes, generando un perjuicio económico significativo para la provincia de Salta y comprometiendo la integridad del sistema regulatorio de juegos de azar.