La situación en San Ramón de la Nueva Orán se presenta como un complejo rompecabezas financiero, marcado por la herencia de una deuda monumental y las medidas impopulares tomadas por el actual intendente, Lara Gros. Cuando decidió postularse, Gros estaba al tanto de los desafíos que enfrentaría, pero la magnitud de las acciones adoptadas genera críticas y preocupación en la comunidad.
La deuda de $1.000 millones de pesos, legada por la gestión anterior liderada por Pablo González, se convierte en un lastre insostenible. Sin embargo, las decisiones de Baltasar Lara Gros, en lugar de ser vistas como soluciones efectivas, han despertado inquietudes sobre su impacto social y económico.
El recorte del 50% en la planta política y los despidos de 90 contratos irregulares pueden considerarse respuestas drásticas a una situación compleja. Sin embargo, la comunidad se pregunta si estas medidas extremas serán la solución real o si simplemente añadirán más desempleo a una región que ya lucha con altas tasas de desocupación.
Es evidente que San Ramón de la Nueva Orán se enfrenta a un dilema estructural: la falta de generación de empleo privado. Los municipios, en muchos casos, se convierten en la principal fuente de empleo, y cuando el Estado se ve obligado a reducir su personal, la consecuencia directa es el aumento del desempleo en la región.
En momentos en que la economía local ya enfrenta desafíos considerables, las medidas adoptadas por Lara Gros podrían agravar la precaria situación laboral. La falta de una estrategia a largo plazo para estimular la creación de empleo privado deja a la población vulnerable a los vaivenes económicos y al riesgo constante de depender exclusivamente del empleo público.
Lara Gros intenta asi emular al presidente Javier Milei que siguiendo en la línea de llevar a la práctica algunas de sus promesas de campaña, mediante decreto dio de baja a los ingresados a la administración Pública este año. La diferencia es que Milei lo prometió en campaña, Lara nada había dicho de despidos.