n. de r.
La semana quedó atravesada por la muerte de Emanuel Aguirre y Raúl Torres, dos operarios que realizaban tareas de mantenimiento en un pozo cloacal. Todo indica que la inhalación de gases tóxicos provocó la descompensación de uno de ellos y llevó al otro a intentar rescatarlo, muriendo también bajo las mismas circunstancias. Otros dos trabajadores de COSAYSA resultaron intoxicados al intentar socorrerlos. La tragedia, en lugar de convocar a la reflexión y al respeto por el dolor ajeno, derivó rápidamente en una disputa política miserable que expone lo peor de cada sector.
Desde la empresa buscan amortiguar el impacto con gestos de empatía y apoyo emocional. Desde la oposición remarcan la ausencia de protocolos de seguridad y las graves irregularidades que habrían precedido al hecho. Pero embarrar el debate con conveniencias políticas en medio del sufrimiento de las familias resulta sencillamente indigno.
Nada hace pensar en una intencionalidad criminal. Sin embargo, sí aparecen vulneradas normas elementales de seguridad que podrían haber evitado el desenlace fatal. Y allí reside el verdadero problema: si la negligencia empresarial no es investigada con seriedad, estos episodios volverán a repetirse.
Antes de que un operario siquiera se acerque a un pozo cloacal, deben realizarse controles obligatorios: medición de oxígeno, detección de gases combustibles y tóxicos, apertura gradual de tapas para liberar gases acumulados y ventilación mecánica constante cuando el ambiente representa un riesgo. Nada de eso parece haberse cumplido. Incluso circula un video donde uno de los trabajadores afectados es retirado sin equipamiento adecuado, en una escena que refleja improvisación y desamparo.
Los salteños conocen desde hace años las condiciones laborales a las que son sometidos muchos trabajadores de Aguas del Norte. Los empleados fallecidos no contaban con indumentaria impermeable, máscaras de protección integral, guantes químicos ni arneses conectados a sistemas de rescate, pese a que debían descender a la profundidad de un pozo potencialmente letal. Fueron expuestos a una toxicidad extrema de manera negligente. Probablemente haya ocurrido muchas veces antes, hasta que la fatalidad obligó a mirar lo que todos preferían ignorar.
Las preguntas son inevitables: ¿existían registros de la orden de trabajo?, ¿quién autorizó la intervención?, ¿los operarios habían sido capacitados?, ¿por qué no disponían de detectores de gases?, ¿estaban siquiera vacunados para realizar tareas sanitarias de alto riesgo?
Uno de los gerentes de la empresa, Juan Bazán, declaró que quiere “saber qué pasó”, como si hablara desde afuera de una compañía dedicada precisamente al saneamiento. Más que una expresión de desconcierto, la frase parece un intento defensivo para despegar responsabilidades futuras. ¿Así se ahorra dinero en las empresas públicas?
Bazán sabe —o debería saber— que en Argentina existen numerosos antecedentes de muertes por inhalación de gases en pozos cloacales. En marzo de 2024 murieron seis personas en Blaquier, provincia de Buenos Aires; en 2023 fallecieron tres operarios en Oncativo, Córdoba; otros dos en Las Flores; y en 2017 cuatro trabajadores perdieron la vida en Puerto Vilelas, Chaco. Incluso el Día de la Conciencia Ambiental recuerda la tragedia de Avellaneda de 1997, cuando siete personas murieron intoxicadas por gas cianhídrico proveniente de las cloacas de una vivienda.
En algunos casos, la Justicia estuvo a la altura. En La Pampa fue condenado un ingeniero por la muerte de dos operarios en Santa Rosa. En la tragedia de Blaquier están imputados funcionarios municipales por homicidio culposo debido a la ausencia de arneses, ventilación y detectores de gases. En Chaco también avanzó una causa penal contra varios responsables. Los antecedentes existen. Las responsabilidades también.
Por eso resulta difícil no percibir cinismo cuando Aguas del Norte anuncia una “investigación interna”. La experiencia indica que el hilo suele cortarse por lo más delgado. Siempre aparece algún empleado menor dispuesto a cargar con el peso de una desidia decidida mucho más arriba.
La estrategia de la empresa parece clara. Mientras el presidente intenta transmitir serenidad y asegura que los operarios contaban con los elementos necesarios, abogados de la compañía buscarían persuadir a las familias para evitar denuncias judiciales. La violencia moral que implica enfrentar el duelo mientras se reciben versiones contradictorias y gestos de aparente compasión es imposible de medir.
Los demás directores guardan silencio. Entre ellos aparecen funcionarios de alto rango y representantes sindicales que hoy quedan atrapados en una contradicción incómoda: ser parte de la conducción de la empresa y, al mismo tiempo, acompañar el dolor de los trabajadores muertos. Una tensión que desnuda la degradación de ciertos sectores gremiales convertidos en estructuras empresariales.
Las “chapas” políticas de los involucrados permiten sospechar que las investigaciones podrían no avanzar demasiado. Cuando quienes deben ser investigados forman parte del mismo entramado de poder que controla áreas clave del Estado, surge una pregunta inevitable: ¿están jueces y fiscales preparados para resistir las presiones políticas?
La tragedia también deja expuesta otra desigualdad brutal. Los trabajadores que arriesgan la vida todos los días perciben salarios que apenas rozan la subsistencia, mientras en oficinas climatizadas se multiplican los privilegios, los viáticos y los cargos jerárquicos mejor remunerados. La muerte suele ser más injusta con los pobres: se lleva a quienes sostienen el sistema con el cuerpo y deja a sus familias condenadas al dolor y a la miseria.
Porque detrás de cada discurso oficial, de cada conferencia y de cada maniobra defensiva, hay dos hombres muertos. Y hay una verdad incómoda que nadie podrá esconder demasiado tiempo: cuando la desidia se vuelve costumbre, las tragedias dejan de ser accidentes para convertirse en consecuencias.