Los municipios presentaron un amparo colectivo para que se declare inconstitucional la resolución que limita el comercio vecinal fronterizo. Advierten sobre el impacto en el empleo, las ventas y los ingresos municipales, y solicitaron una cautelar para suspender las medidas.
Los municipios de Aguas Blancas y Salvador Mazza impulsan una acción de amparo colectivo contra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por las nuevas restricciones al Régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo. La presentación ante la Justicia Federal de Salta solicita que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución General 5910/2026 y que se restablezcan las condiciones anteriores en ambos pasos fronterizos.
El planteo lleva la representación del interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, y del intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza. Entre las disposiciones cuestionadas se encuentran el límite de 150 dólares diarios por poblador para el egreso de mercaderías, la prohibición de trasladar trigo, soja y maíz en todas sus formas y la exclusión de productos acondicionados en envases de diez kilogramos o más, o su equivalente en volumen.
Según argumentan las comunas, las nuevas condiciones provocaron una paralización de la actividad comercial y perjudican a negocios establecidos, pequeñas empresas y trabajadores que dependen del intercambio fronterizo. Entre los sectores afectados mencionan a estibadores, fleteros, transportistas y personas que obtienen ingresos mediante el traslado de mercaderías.
El documento sostiene que esta actividad constituye una fuente de subsistencia consolidada durante décadas en localidades donde las alternativas de empleo formal son limitadas. En ese contexto, los municipios defienden el trabajo de los denominados «bagayeros» o «bolseros», al que describen como una forma de autoempleo, y lo diferencian de las estructuras que utilizan mano de obra ajena para desarrollar operaciones por fuera del régimen.
En términos jurídicos, los demandantes sostienen que ARCA excedió sus facultades de control al establecer restricciones económicas que, según su interpretación, corresponden a otras autoridades nacionales. También cuestionan la falta de fundamentos técnicos suficientes y advierten que las medidas podrían vulnerar el derecho al trabajo y el principio de razonabilidad. Por eso, reclaman que se revisen las disposiciones y sus efectos sobre las comunidades fronterizas.
Otro de los argumentos apunta al impacto sobre las finanzas locales. Los municipios advierten que la caída de las ventas y de la actividad económica repercute en la recaudación de tasas y tributos, al mismo tiempo que aumenta la demanda de asistencia social para las familias afectadas. Según el planteo, esta combinación también compromete la autonomía financiera de ambas comunas.
Como medida urgente, solicitaron una cautelar para suspender la aplicación de la resolución mientras se resuelve el fondo de la causa. Advirtieron que la demora podría profundizar la pérdida de puestos de trabajo, el cierre de comercios y los conflictos sociales. Aclararon, además, que recuperar las condiciones anteriores no supone eliminar los controles aduaneros. Para respaldar el reclamo, pidieron informes a ARCA sobre las operaciones previas y posteriores a los cambios, así como datos de cámaras comerciales y organismos nacionales sobre los perjuicios económicos, el desempleo, la pobreza y las alternativas de reconversión laboral en la zona.