Los municipios de Pichanal, General Güemes y Aguaray están en la mira de las investigaciones por desmanejo de fondos públicos. La Auditoría General de la Provincia (AGP) encontró irregularidades que salpican a las gestiones actuales y pasadas. (Nicolás Bignante)
Nuevas investigaciones de la auditoría general de la provincia en diferentes municipios dan cuenta de que el desbarajuste en el manejo de los fondos públicos fue y es una constante en algunas intendencias. Tres nuevos casos salieron a la luz esta semana que evidencian los desmanejos de los jefes comunales y exponen la situación de postergación de algunos municipios.
El puntapié inicial se dio en Aguaray, cuando luego de una serie de investigaciones sobre la anterior gestión a cargo de Juan Carlos Alcoba, la AGP resolvió intimar mediante carta documento al exintendente al pago de $723.270,00, a valores históricos más intereses y cualquier otro rubro que pudiera corresponder. La acción civil corresponde a un faltante registrado en la cooperadora asistencial de ese municipio durante el período 2015, donde se realizaron operaciones por cuantiosos valores y con escasa documentación respaldatoria. «A la mayoría de la documentación la trituraron o la hicieron desaparecer, por lo que la mayoría de los convenios no aparecieron. Tuvimos que pedirle un duplicado a cada una de las empresas para poder analizarlos y hacer nuevos convenios» contó a este medio Alfredo Darouiche, actual intendente de Aguaray.
La intimación a Alcoba constituye un hecho sin precedentes en la provincia. Aunque la intimación data de algunas semanas atrás, el exalcalde no sólo desconoció la auditoría aduciendo «cuestiones políticas», sino que volvió a exhibir sus intenciones de retornar a la intendencia y se mostró junto a Miguel Isa en una recorrida de campaña.
En General Güemes, la jefa comunal Alejandra Fernández debe dar explicaciones por recibos de sueldo «mal liquidados» a empleados municipales que dejarían al municipio una deuda cercana a los $20 millones. El hecho es que la intendenta parece haberse olvidado de pagar los aportes sindicales de los trabajadores a los principales gremios, acrecentando una deuda que la intendencia sostiene al menos desde 2010. Con esta sospecha, el concejo deliberante solicitó a los gremios el informe detallado de las deudas y sólo obtuvo la respuesta de UPCN, donde el monto adeudado en el período 2010-1019 llega a los $12.648.382. Unos 7,5 millones corresponderían a la gestión de Fernández.
Las deudas con el resto de los gremios -ATE, SOEM y ADEMUS- aun no están establecidas con exactitud, pero algunas estimaciones indican que podrían anadir otros $12 millones al rojo municipal.
En el Pichanal de Julio Jalit se investiga una serie de desembolsos por casi $8 millones de pesos que habrían ido a parar a empresas cuyos titulares eran nada menos que dos empleados municipales. César Luis Gómez y Luis Enrique Juárez, los empleados en cuestión, aseguraron no haber prestado ningún servicio al municipio ni mucho menos haber emitido factura alguna.
El presidente de la AGP Gustavo Ferraris explicó en Somos Salta: «En el caso de Pichanal, nosotros hemos observado algunas cuestiones vinculadas a la existencia de una empresa prestataria del municipio de propiedad de empleados de la municipalidad. Dos empleados del municipio aparecían como propietarios de una empresa que proveía al municipio de áridos para una serie de obras previstas». Las obras y los montos en cuestión corresponden a: «Enripiado de calles varias» por $12.319.026,50 y «Pavimentación de calles varias» por $13.993.611,95. Las empresas El Mirador Servicios y Servicios Generales Victoria, recibieron de la municipalidad cerca de 250 órdenes de pago por un monto de $7.825.206, sin haber emitido un sólo recibo o documento respaldatorio.
