Mientras reflota un viejo proyecto para pavimentar la pista del Aeroclub Salta con un presupuesto que ronda los 7 millones de dólares, crecen los indicios de un negocio opaco que entrelaza intereses aeronáuticos, minería extractiva y la siempre vigente injerencia del romerato. Preguntas clave sin responder, documentos ausentes y una historia de favores cruzados que vuelve a emerger bajo un cielo lleno de sospechas.
Salta ha desarrollado, con los años, una capacidad notable para la repetición de ciertos patrones. La simultaneidad de lo público y lo privado, la desmemoria institucional, y sobre todo, la persistencia de apellidos que sobreviven a las alternancias democráticas como si el poder fuera hereditario. Entre ellos, «el romerato» parece haber encontrado un nuevo nicho donde posar sus ojos: una pista de aterrizaje sin pavimentar, una promesa de modernización y un caudal millonario en dólares.
Durante las últimas semanas, se reavivaron con fuerza los rumores sobre una serie de gestiones impulsadas por el Aeroclub Salta ante organismos nacionales. El objetivo: lograr la autorización y financiamiento de una ambiciosa obra para asfaltar una de sus pistas principales. La operación se justifica, a entender de la prensa local, en la necesidad de “descomprimir” el tráfico aéreo del aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes —gestionado por Aeropuertos Argentina 2000— y en preparar el espacio para recibir vuelos vinculados a la actividad minera en expansión.
El proyecto, que rondaría los siete millones de dólares, levanta sospechas no sólo por su tamaño, sino también por los protagonistas que aparecen, otra vez, en escena.
El diputado y la pista: cuando el proyecto vuela bajo
En septiembre de 2023, Juan Esteban Romero —diputado provincial e hijo del exgobernador y actual senador nacional Juan Romero— presentó en la Cámara baja un proyecto de declaración para instar a que el Estado asfalte la pista del Aeroclub Salta. A simple vista, la iniciativa podría parecer una preocupación logística razonable; sin embargo, el problema no está en lo que se ve, sino en lo que se oculta.
Romero (hijo) no sólo preside la comisión de Minería en la legislatura, sino que ha sido señalado como un operador eficaz en favor de las empresas multinacionales que explotan los recursos de la puna salteña. Su proyecto, lejos de ser un acto de generosidad institucional, parece orientado a facilitar una infraestructura clave para las operaciones aéreas de las mineras, muchas de las cuales ya han manifestado interés en contar con una terminal aérea alternativa para transporte de personal y logística de alto valor.
Pero los antecedentes del joven legislador agregan sombras al asunto. Basta recordar la tristemente célebre “Causa Hangar”, en la que Juan Esteban fue investigado por recibir, de manos de su padre gobernador, un predio de 4200 metros cuadrados dentro del aeropuerto Martín Miguel de Güemes. Ambos fueron luego sobreseídos, casualmente, en los meses previos a su campaña electoral. Los favores —como los negocios— parecen encontrar siempre una pista de aterrizaje segura en esta familia.
Propaganda familiar
La arquitectura de estos negocios no se construye solamente con hormigón, sino también con papel prensa. En los meses previos a la presentación del proyecto legislativo, el diario familiar comenzó a instalar la idea de que el Aeroclub debía modernizarse para poder acompañar el “boom minero”.
Una nota publicada en 2023 explicaba: “Para que allí puedan operar más aviones pequeños y medianos solo hay que asfaltar una pista de unos 1.500 metros”. Sutil, casi didáctico, el artículo desliza que esa obra permitiría “descomprimir” el aeropuerto internacional, el cual —a pesar de estar diseñado para vuelos comerciales y con infraestructura robusta— se vería supuestamente saturado por la nueva actividad minera. El mensaje era claro: si no hay pista nueva, habrá caos. ¿Quién se hará cargo de evitarlo?
Otras publicaciones de medios satélites acompañaron con títulos alarmistas: “Por el boom minero piden la urgente pavimentación de una pista del Aero Club”. Se advirtió incluso sobre una posible “crisis logística” si no se facilitaban soluciones aéreas al sector, dada la precariedad de las rutas y del sistema ferroviario.
Otro de los que estuvo firme a la hora de defender la iniciativa, tanto en la cámara como en los medios, fue el ex diputado ferretero y ahora empresario mediático, Daniel Sansone. En su alocución en el recinto sostuvo: “el Aero Club Salta tiene una muy buena ubicación y hoy que tanto se habla del apoyo a la minería, los vuelos para esta actividad son muy importantes”. El lobby mediático ya había despegado.
Sin papeles, sin permisos, sin respuestas
Desde lo técnico y jurídico, la propuesta es poco menos que un delirio. Para que un aeródromo como el del Aeroclub Salta opere con las características que se pretenden, se requieren autorizaciones de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), operatividad de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria), instalación de torres de control, sistemas de ayuda a la navegación, y, en caso de vuelos internacionales o turísticos, también la intervención de Migraciones y Sanidad de Frontera. Nada de esto figura en el proyecto presentado por J. E. Romero.
Tampoco se habla de medidas para garantizar el control de tráfico ilícito, el contrabando o el narcotráfico, en una provincia que ya es corredor obligado de economías criminales transnacionales. No se sabe quién ejecutaría la obra, quién la financiaría, ni cómo se garantizaría el acceso público a una infraestructura que, por su ubicación, sigue siendo terreno bajo jurisdicción del Ejército Argentino.
Preguntas sin pista de aterrizaje
Cuarto Poder intentó obtener respuestas. Se contactó, sin éxito, con el presidente del Aeroclub Salta, Cristian Nicolás Poli. Las preguntas que quedaron flotando en el aire son tan elementales como reveladoras:
¿Está el club en condiciones de afrontar un gasto que ronda los USD ٧.٠٠٠.٠٠٠?
En caso de que no, ¿quién pondría el dinero? ¿El Estado? ¿Las mineras?
¿Cuál sería el mecanismo de repago? ¿Qué beneficio obtendrían quienes inviertan semejante suma?
¿Incluirá el proyecto balizamiento para vuelos nocturnos? ¿Se modificará el largo de la pista?
¿Se pidió autorización al Estado Nacional, titular del terreno?
¿La provincia está al tanto del proyecto? ¿Dio su visto bueno?
¿Se prevé la presencia permanente de la PSA en una zona considerada estratégica en materia de seguridad?
¿Cuántos socios tiene hoy el Aeroclub? ¿Cuál es su nivel de actividad real?
Entre las nubes del silencio
Nada de esto ha sido respondido. Ni por el Aeroclub, ni por ninguna autoridad provincial. El expediente —si es que existe— no ha sido compartido públicamente. Tampoco se han convocado audiencias, ni debates legislativos, ni informes técnicos serios que permitan dar claridad a una obra cuya envergadura y opacidad debieran alarmar a cualquier ciudadano que crea en la transparencia.
Todo lo que se sabe hasta ahora son versiones, operaciones mediáticas, antecedentes incómodos y un sospechoso silencio institucional. Como si la pista ya estuviera en construcción, pero no sobre tierra: sobre las sombras, el secretismo y la impunidad.
Y mientras los motores del poder calientan, y las avionetas de la política salteña planean en círculos, la pregunta sigue sin respuesta: ¿Para quién, en realidad, va a despegar esta pista?
Pa’ los amigos del frente
Entre los grotescos detalles de este novelón se encuentra una curiosísima coincidencia: Justo al frente del aeroclub —a menos de 100 metros, cruzando la Av. Bolivia— se encuentra la sede de CAPEMISA (Av. Bolivia 4550), la cámara que nuclea a los proveedores mineros locales. Un grupo empresarial con el que J. E. Romero mantiene históricas relaciones de afinidad y cercanía.
La coincidencia geográfica entre la pista y la sede de CAPEMISA parece digna de un manual de urbanismo a medida. ¿Casualidad o comodidad? Con esta obra, los empresarios mineros no solo ahorrarían tiempo en traslados: también podrían tocar tierra salteña y, en pocos minutos, estar reunidos con sus aliados locales sin siquiera perder señal de celular. Más que una pista, suena a pista VIP, pensada con precisión milimétrica para beneficiar a un sector económico muy específico —y muy amigo del diputado.
¿Va a pedir también Romero que se construya una pasarela aérea que conecte la pista con la puerta de CAPEMISA, para que no se pierdan “las mieles de la minería” cruzando la autopista? Mientras los caminos rurales siguen intransitables y los vuelos comerciales escasean, algunos ya imaginan al Aeroclub convertido en la nueva terminal exclusiva de negocios mineros. Con pista asfaltada, claro… cortesía del Estado.
