El presidente Javier Milei volvió a correr el arco, pero esta vez no unos centímetros: lo pateó directamente fuera de la cancha. En medio del escándalo por los créditos del Banco Nación a funcionarios y allegados, eligió una defensa que no solo sorprende, sino que redefine —a la baja— cualquier estándar ético imaginable. “¿Mató gente?”, preguntó, como si la vara moral de la gestión pública hubiera quedado reducida a un código penal de mínima. La escena no fue un traspié: fue una declaración de principios.
La lógica es tan brutal como eficaz: mientras no haya cadáveres, todo entra en zona de tolerancia. ¿Conflicto
de intereses? ¿Uso privilegiado de recursos públicos? ¿Ventajas para los propios? Detalles menores en un esquema donde la ética se mide por ausencia de tragedias irreversibles. El Presidente no negó los hechos, ni explicó los criterios de asignación de los créditos; directamente eligió relativizarlos hasta vaciarlos de significado. Una operación discursiva que convierte lo cuestionable en irrelevante y lo grave en una mera incomodidad mediática.
El problema no es solo la frase —que ya circula como síntoma— sino lo que revela: una moralidad elástica, adaptada a conveniencia, donde las reglas cambian según quién esté involucrado. Ayer eran “la casta”, hoy parecen ser beneficiarios eventuales de un sistema que, curiosamente, dejó de escandalizar en la cima del poder. Si la única línea roja es “no matar”, entonces todo lo demás queda peligrosamente habilitado. Y en política, cuando todo está permitido, lo que sigue no suele ser una sorpresa: suele ser un patrón.