A través de un DNU que se publicará en los próximos días, se limitará el acceso a la residencia, se impondrán aranceles a servicios públicos y se habilitará la expulsión de personas extranjeras que cometan delitos. “Argentina fue demasiada permisiva para quienes ingresan de forma irregular”, afirmó Adorni.


El Gobierno nacional anunció este martes una reforma migratoria de fuerte contenido restrictivo. Según informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa en Casa Rosada, la iniciativa se instrumentará mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y otros funcionarios clave acompañaron el anuncio.

Entre los principales puntos, se destaca la imposibilidad de que extranjeros condenados ingresen al país, así como la deportación de aquellos que cometan delitos dentro del territorio nacional, independientemente de la pena que les corresponda. Se contempla también que delitos con penas inferiores a 5 años puedan ser causal de expulsión o rechazo de ingreso.

“Argentina fue demasiado permisiva para quienes ingresan de forma irregular”, argumentó Adorni al justificar la reforma. La medida, promovida especialmente por Bullrich, retoma el enfoque del DNU 70/17, implementado durante la gestión de Mauricio Macri y posteriormente anulado.

Otra de las medidas más significativas es la implementación de un esquema de arancelamiento de servicios públicos para extranjeros. A partir del DNU, los residentes transitorios, temporarios e irregulares deberán pagar por la atención en salud pública y contar con un seguro médico obligatorio al momento de ingresar al país. Según cifras oficiales, el gasto por atención a extranjeros en el sistema público alcanzó los $114.000 millones.

En el ámbito educativo, el decreto autorizará a las universidades nacionales a establecer aranceles para estudiantes extranjeros no residentes permanentes. Esta medida, sin embargo, no se aplicará a los niveles inicial, primario ni secundario. La Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, a cargo de María Ibarzábal, fue la encargada de redactar la normativa.