Finalmente diputados aprobó las modificaciones hechas por el senado al proyecto que originalmente prorrogaba la suspensión de desalojos. La negativa del Grand Bourg a reglamentar una ley del 2010 responde cada vez más a los intereses terratenientes.
Originalmente, el proyecto establecía la prórroga por tres años del artículo 9 de la ley 7658, que ahora quedó redactado de la siguiente manera: “Suspéndanse a partir del 8 de julio de 2017, hasta el 31 de diciembre del mismo año, las ejecuciones de sentencias, de medidas cautelares y demás actuaciones o disposiciones judiciales, cuyo objeto sea el desalojo, desocupación o modificación de la situación de hecho de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios que se encuentren en los casos previstos en los artículos 1898 o 1899 del Código Civil y Comercial”.
El diputado Lucas Godoy se refirió a la Ley como un ejemplo para el país, ya que busca defender a familias rurales y pequeños productores agropecuarios, “evitando que un multimillonario de cualquier parte del mundo compre tierras de nuestra región sin importarle las personas que viven allí”.
Quienes aprobaron las modificaciones expresaron que no coincida con los plazos propuestos por el Senado provincial, pero consideraron prioritario brindarles una protección a las familias y pequeños trabajadores rurales que sin el amparo de la ley podrían ser desalojados. La urgencia, no obstante, no impidió las críticas que fueron bien sintetizadas por el diputado Ramón Villa de Rivadavia, quien se mostró disgustado por el tiempo que el proyecto permaneció en la Cámara Alta sin que se lo tratase y cuestionó que el pedido de prórroga fuese sólo por seis meses, es decir hasta el 31 de diciembre de este año, cuando ambas cámaras se encuentran en receso y se desarrolla la feria judicial.
“Ojalá en estos seis meses se solucionen los problemas de los pequeños poseedores reglamentando y aplicando lo que dice la Ley, pero lamentablemente tengo que ser realista y la Ley va a cumplir siete años sin aplicarse y nada se ha mejorado hasta hoy”, expresó el legislador. En igual sentido, el diputado Humberto Vázquez dijo que le pareció un chiste creer que en cinco meses y 23 días se va a cumplir con las acciones que hace siete años se vienen postergando desde el gobierno provincial. En igual sintonía, se expresó el diputado Pedro Sández.
La diputada Liliana Guitián explicó que dadas las modificaciones realizadas por el Senado y el escaso tiempo con el que cuentan, no hay otra alternativa que aceptar el proyecto tal como lo devolvió la Cámara Alta, para no perjudicar a estas personas. “Si en el lapso de tres meses no se reglamenta la presente ley, debemos trabajar para presentar otro proyecto para que los pequeños productores no queden desamparados cuando finalice el periodo legislativo”, declaró la legisladora.
En este sentido, la diputada Alejandra Navarro resaltó que espera que la demora en el tratamiento de esta ley por parte del Senado se trate de un simple descuido y no que haya sido algo intencional para perjudicar alguna de las partes intervinientes. “Debemos aprobar el proyecto tal como lo regresaron los senadores ya que de otra manera dejaríamos expuestos a los pequeños productores de toda la provincia”, dijo la legisladora. En igual sintonía, el diputado Raúl Medina declaró: “Podemos estar de acuerdo o no con los plazos propuestos por el Senado pero ahora lo más importante es darle una solución a la gente”.
Por su parte, el diputado Claudio Del Plá consideró inadmisible que sus pares dieran marcha atrás con la cantidad de tiempo de prórroga establecido en el artículo 9. “Desde el gobierno provincial está claro que quieren pasar las elecciones y luego terminar con los derechos de los pequeños productores, familias agrícolas y sumamos en este conflicto también a los pueblo originarios. Una vez finalizadas las elecciones recuerden que vendrán tiempos de muchos desalojos de este tipo”, fundamentó el legislador.
De igual manera, el diputado Tomás Rodríguez expresó que aprobando por seis meses se condena el futuro de las personas en enero 2018. El proyecto fue aprobado por mayoría, con los votos negativos de los diputados Mario Ábalos, Tomás Rodríguez y los cinco representantes del Bloque del Partido Obrero, y pasó al poder Ejecutivo para su promulgación.