La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) -junto a otras fuerzas congregadas- realizó un paro nacional en contra del tarifazo, la precarización laboral y el ajuste económico; reclaman la reapertura de la paritaria y el cese de los despidos. (Agustina Sily)
Alejandro integra el Ministerio de Agricultura. Trabaja con productores familiares, a quienes caracteriza como “un sector históricamente postergado de todas las políticas públicas” y con mucho potencial. Son alrededor de cincuenta mil familias que, en cada uno de los territorios de la provincia, trabajan para autoabastecerse y proveer alimentos al mercado. “Necesita de recursos y de la presencia del Estado para poder impulsarlo. Necesita todo tipo de apoyo, desde el financiamiento de proyectos productivos hasta la posibilidad de adecuar las normativas y abrir los mercados para que puedan vender sus productos” explica Alejandro. Relata que desde hace tiempo luchan por el desabastecimiento y los despidos del personal público, que cree no es el mayor damnificado ya que en el que el sector privado, los despidos se multiplicaron. “Hay que ganar más plata para poder comer”, dice. “Es una política del Estado que ya la vivimos en los 90 y no ha dado resultados”. Diego Martín es técnico de la Secretaria de Agricultura familiar. Cuenta que se han impuesto restricciones en los viajes a los territorios, “no bajan fondos” refiere.
Blanca Lescano, Secretaria de Derechos Humanos de la CTA local cree que es necesario reabrir las paritarias porque en octubre la negociación pondrá foco en el bono de fin de año. Al ser consultada por el aumento salarial no remunerativo -pagos en negro que quedan desafectados de las cargas de la seguridad social y del cálculo de la indemnización por despido- que el gobierno nacional realizó a los gremios docentes, la Secretaria admitió estas propuestas contrarias a la ley, que la CTA no aceptó y habló sobre lo que significa este recorte de beneficios para los trabajadores.
Los reclamos de amplios sectores sociales ante las abruptas subas de los servicios sociales y la inflación, como así también sobre los despidos masivos, representan una demanda sobre el rol que el Estado debe asumir en la regulación de la seguridad social, el acceso a prestaciones básicas que se constituyen como derechos humanos fundamentales y el desarrollo económico con equidad.
En los primeros meses de su mandato, el presidente Mauricio Macri anunció una reforma de “Modernización del Estado” que propone el desarrollo de infraestructura y conectividad, “la digitalización” para “despapelizar” a la administración pública; la jerarquización del empleo público, un modelo de gestión que hace énfasis en los resultados y la eficiencia pública, corolado por un gobierno abierto, que cuente con un portal de datos que faciliten el control ciudadano sobre la transparencia de la gestión.
Al retrotraemos a las dos ulteriores reformas que sufrió el Estado argentino, documentamos la implicancia que tuvo la eliminación de numerosos organismos estatales y la descentralización de programas del Estado Nacional hacia los estados provinciales como así también el desarrollo de políticas de modernización organizacional de la Administración Pública Nacional.
La Reforma
La ley 23.696, conocida comúnmente como Ley de Reforma del Estado, sancionada en el año 89, tenía como objetivo central, según la Reseña del Proceso de Reforma del Estado en Argentina realizada por el Instituto Nacional de la Administración Pública, la reestructuración global del aparato estatal, priorizando la configuración del Estado como garante de las funciones esenciales indelegables (Justicia, Seguridad Interna, Defensa Exterior, Relaciones Exteriores y Administración) y que atienda, en concurrencia con el sector privado, “la seguridad social, la educación y la salud”. También se afirma que “la presencia del Estado en cada tipo de actividad debió justificarse adecuadamente según el principio de la subsidiariedad”. En cuanto a la Reforma Administrativa se propugnó el desarrollo de una gestión pública moderna y eficiente, fundada en la reducción y simplificación de normas y procedimientos y la incorporación de nuevas tecnologías de gestión administrativa. Se postuló además, la necesidad de incrementar la eficiencia en las áreas responsables de la recaudación fiscal y la administración del gasto, y la remoción de un conjunto de regulaciones que restringen la competencia y el desarrollo de los mercados, así como la capacidad del propio Estado para generar ingresos genuinos de manera eficiente. Uno de los objetivos básicos del gobierno fue la reestructuración y reconversión de empresas “a fin de que las iniciativas privadas puedan absorber todas aquellas actividades que ellas puedan efectuar, en el campo de los servicios públicos y actividades comerciales e industriales”.
Podemos identificar tanto en el relato de la Reforma anterior como en la Reforma actual la búsqueda de un Estado mínimo, que pretende realizar una gestión más transparente y eficiente, con políticas económicas que no tienden a la afirmación de derechos de la ciudadanía y en la que el gobierno no se constituye como intermediario entre los intereses de los trabajadores y los grupos económicos. Estas se traducen en la quita de retenciones al campo, a la minería y a las exportaciones industriales que conllevan redundantemente a un vaciamiento fiscal. Así el deseado ahorro público solo es posible con aumentos desmedidos de los servicios, la reducción del personal y el desmantelamiento de programas sociales. La competitividad de las empresas la logran reduciendo el costo en recursos humanos, que justifican por la difícil situación que atraviesa el país, en la que las mayorías redujeron su consumo.
“Para el pueblo, lo que es del pueblo; porque el pueblo se lo ganó”, es la canción que resuena por las calles de Salta mientras el referente sindical, Juan Arroyo, potencia el reclamo de tantos, porque “Abrigáte si te hace frío” no es la respuesta que la población espera ante la desocupación y la pérdida de su capacidad de consumo.
