Roberto Urquía, director de Aceitera General Deheza (AGD), fue el empresario que se convirtió en el principal financista de la política argentina durante la última campaña presidencial. AGD donó $30 millones a la fórmula encabezada por Alberto Fernández y otros $19 al expresidente Mauricio Macri, según consta en los informes electorales entregados a la Justicia.
«Fue un apoyo al proceso democrático. AGD tomó la decisión hace algunos años de que los aportes electorales son importantes para que los candidatos puedan tener sus equipos y puedan realizar propuestas de gobierno. Eso no es gratis, no viene del cielo. Queremos propuestas de gobierno realizables y serias», dijo el empresario en diálogo con LA NACION.
Las donaciones de AGD, sin embargo, no fueron equitativas. La compañía primero desembolsó en las PASO $10 millones para la fórmula encabezada por Mauricio Macri, pero no realizaron aportes para el Frente de Todos. La situación cambió tras la victoria del kirchnerismo en las PASO: AGD desembolsó $30 millones para Alberto Fernández y volvió a aportar otros $9 millones para la campaña de Macri.
¿Por qué la diferencia? Fuentes del sector explicaron el descontento de la compañía por algunas de las políticas de Macri para el sector, que -sostienen- privilegió la exportación de materias primas en lugar de apostar al valor agregado de la agroindustria.
En sus donaciones electorales, AGD quedó en una zona gris que generó la nueva ley electoral ya que, por primera vez después de una década, volvió a permitir los aportes de empresas. La normativa estableció un límite de $9 millones para personas jurídicas para las presidenciales y los aportes de la compañía se realizaron a través de distintas personas jurídicas, siempre bajo ese máximo. Pero si suman todos los aportes del grupo, AGD supera el tope porque suma $30 millones.
«Las personas jurídicas son entes individuales. No todas las empresas tienen la misma conformación de tenencia accionaria. Necesitamos que los aportes sean transparentes y estén registrados debidamente. Si hay zonas grises queremos que la Justicia lo clarifique para que no se comentan errores en el futuro», aclaró Urquía.