En noviembre de 2018 se difundía un operativo con 22 allanamientos en Salta y Jujuy tras el cual la policía atrapó a una banda que operaba con piratas del asfalto y robo de casas particulares. La vinculación del fiscal Gómez Amado con una de las damnificadas, podría perjudicar a la causa. (Claudia Álvarez Ferreyra)
Para la causa se efectuaron 22 allanamientos en Apolinario Saravia, Orán, Salta, Campo Santo y San Pedro de Jujuy; e incluso hubo un policía entre los 7 detenidos. Todo podría quedar en la nada. El motivo es que uno de los robos investigados fue cometido contra Norma Gómez, hermana del senador Ernesto Gómez y tía del fiscal Gonzalo Gómez Amado. Este último está siendo cuestionado porque debía haberse apartado del caso para garantizar objetividad en el proceso pero no lo habría hecho desde el primer momento.
Tras los operativos realizados en Apolinario Saravia detuvieron al sargento Javier Armella. Fue puesto a disponibilidad de la justicia y se evalúa su expulsión de la fuerza policial. Se lo acusa de “Robo agravado por el uso de arma de fuego y por ser miembro de la fuerza de seguridad policial”. Su abogada, María Vanina Castaño, pidió la recusación del fiscal Gómez Amado, la nulidad de la imputación, de los actos consecutivos en virtud del art. 63 del Código Procesal Penal (CPP) y la revisión de la prisión preventiva de su cliente. Plantea como fundamento que el proceso fue viciado de nulidad por la intervención del fiscal “quien se encontraba al momento del acto imputativo alcanzado por el artículo 53 inc. E”.
Las acusaciones de irregularidades no son nuevas en torno a Gómez Amado; en este caso, Castaño asegura que “sin resolverse el planteo acusatorio el Sr. Fiscal se inhibió de la causa”. Denuncia un proceder desprolijo: “llama la atención que haya continuado interviniendo a raíz de la denuncia radicada por su tía paterna […] el fiscal se condujo más bien por razones internas y subjetivas, afectándose claramente la objetividad en la investigación”.
Castaño sostiene que hubo escuchas “ilegales” que recayeron sobre su defendido. Esgrime que se produjeron “meras conjeturas hipotéticas” en base a informes de la Brigada de Investigaciones sobre mensajes y desgrabaciones de audios para la citación a audiencia de imputación que “carece de elementos de convicción suficiente que la sustenten”. Argumenta que no hay “coherencia lógica” en la acusación “conforme a los elementos de la investigación indicados por el propio fiscal”.
Más allá de la inocencia o culpabilidad de los acusados hay ciertos procedimientos previstos en el Código Procesal Penal que deberían cumplirse.
También Gómez Amado hizo una presentación ante el juez de garantías Héctor S. Guzmán. En ella se inhibe de la causa, se refiere a su relación de parentesco con Norma Gómez, plantea razones éticas aunque no queda claro por qué no las tuvo en cuenta desde el primer momento considerando que un fiscal no puede desconocer el CPP. Niega que se haya incumplido con los elementos esenciales de la investigación penal preparatoria, califica de “antojadizo” el pedido de nulidad de Castaño. Además pide que se corra vista al colegio de abogados/as de Salta por posible “incumplimiento de la ley 5.412 Art. 5 Inc. 3 que obliga a Castaño resguardar el secreto profesional”.
Consultada ante este tema, la abogada dijo que el fiscal no tiene legitimidad para denunciarla, que sólo podría hacerlo su cliente quien hasta el momento no ha planteado nada al respecto. Y añadió: “Todo ello denota una persecución de parte del fiscal hacia mi persona, dado que le incomoda que intervenga en sus causas y no avale las irregularidades que comete”.
Por otro lado, el abogado Luis Pablo Ibáñez, quien representa al prófugo Néstor A. Rodríguez, se dirigió el 18 de diciembre de 2018 al Colegio de Abogados denunciando que le negaban el acceso a los legajos de investigación para el ejercicio de la defensa.