Salta no adherirá aun al Protocolo de aborto no punible nacional. Lo señaló el gobernador Sáenz, quien informó que solicitará “un análisis legal” y consultará a la Legislatura.
Así lo adelantó el gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, en reunión de gabinete, quien afirmó que previo a tomar una decisión al respecto, solicitará un análisis legal del alcance del protocolo nacional, anunciado por el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, que entró en vigencia el pasado 13 de diciembre.
En la Argentina el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) está garantizado en el Código Penal desde 1921 cuando la gestación es producto de una violación o cuando está en riesgo la salud de la mujer, cualquiera sea su edad.
Como la Argentina es un país federal, hay cuestiones de salud que están delegadas constitucionalmente a las provincias porque se les reconoce cierta autonomía, aun así aunque conserven ciertas potestades de regulación, el Estado nacional pone un piso mínimo.
A través de prensa oficial informaron que el mandatario salteño, consideró conveniente, además, consultar la opinión de la Legislatura, como Institución de representación popular, sobre la adhesión a dicho protocolo y consideraciones sobre el actual.
“Haya o no haya protocolo, no incide en el derecho de interrumpir un embarazo permitido por ley, tampoco libera a los profesionales de la obligación de garantizarlo», explicó la abogada tucumana Soledad Deza.
En 2012 Salta elaboró un protocolo propio como consecuencia de un fallo de la Corte Suprema de la Nación que buscó terminar con la judicialización de los casos de aborto no punible. A través de un decreto el gobernador Urtubey ponía un tope de 12 semanas para acceder al procedimiento.
El año pasado luego de la crítica nacional ante el impedimento de profesionales médicos de practicarle un aborto a una nena de 10 años embarazada a causa de la violación de su padrastro, Urtubey tuvo que revocar el decreto de 2012 y emitir otro nuevo donde la provincia adhirió al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo que fue elaborado conforme al fallo de la Corte.