El exministro de Seguridad y Justicia, hoy enfocado en la carrera a la intendencia, se pronunció en contra del sistema de fotomultas que pretende implementar el ejecutivo municipal.
La iniciativa del romerismo para poner en funcionamiento un amplio sistema de fotomultas en la ciudad suma cada vez más detractores y el descontento se torna indisimulable. A los planteos formulados por miembros del concejo deliberante se sumaron las opiniones del exministro de Seguridad, Abel Cornejo, quien no dudó en catalogar de «recaudatorio» el proyecto municipal.
El ex procurador y juez de corte fue uno de los que impulsó la creación de la primera Fiscalía Penal de Incidentes y Seguridad Vial del país. En esta charla con Cuarto Poder comparte su visión respecto de las polémicas fotomultas y la problemática del tránsito en la ciudad.
-¿Qué opina sobre cómo se encaró esta licitación?
Conceptualmente estoy en contra de las fotomultas. Yo me opongo a eso porque me parece que, en materia de tráfico, Salta tiene muchas complejidades y, si se hace algún tipo de inversión, tiene que hacerse en otro sentido. Desde educación y control vial, hasta resolver algunas encrucijadas. Por ejemplo: si tomamos la intersección de Av. Bolivia con Patrón Costas, el conductor más avezado tiene que tener, no sólo todos los sentidos puestos al volante, sino también estar atento a situaciones imprevistas que no pueden controlar. Hay subidas, bajadas, no hay señalética y encima pasa una bicisenda que hace imposible prever las circunstancias.
Siempre vi a las fotomultas como un recurso para recaudar, pero si el propósito es ese, hay que decirlo. Dentro de la ciudad, es un avasallamiento del estado municipal sobre la ciudadanía porque, con todos los impuestos que se pagan y con todas las necesidades que hay, no creo que sea atinado.
-Hay un antecedente en la justicia federal que decreta la inconstitucionalidad de las fotomultas ¿Por qué cree que en Salta se insiste con ellas?
No me parece que el objetivo sea diáfano. Lo que corresponde es que se coloque un cartel preventivo, pero al no ponerse nada estás buscando encubiertamente un fin recaudatorio y no un fin preventivo. Creo que ese ha sido el espíritu del fallo de la justicia federal. En Salta hacen falta una serie de medidas diferentes a este tipo de cosas que siempre generan fricciones y molestias, como cuando funcionaron aquellas cámaras sobre avenida Bolivia y Kennedy, donde no hubo jamás un control ciudadano. Incluso hubo personas que se quejaron porque manejaban a menos de 80 km/h y les apareció igual la fotomulta.
-¿Considera que se ve vulnerado el derecho a la defensa?
Absolutamente. La imposición de sanciones debe ser la última ratio o razón. Hasta ahora, nunca conseguimos que comiencen a funcionar los juzgados contravencionales porque las faltas de tránsito, de acuerdo a la gravedad, pueden ser contravenciones o delitos. Está creada la fiscalía de Incidentes y Seguridad Vial. Me parece que la gente estaría mucho más tranquila y tendría más garantías constitucionales si hubiese un control distinto.
-Los cinemómetros ya funcionaron en algunos puntos de la ciudad durante la gestión de Miguel Isa ¿Se pudo hacer una valoración positiva de aquella experiencia?
Para nada. Para mi no sirvieron. Cuando nosotros trabajamos para la sanción de la fiscalía de incidentes y seguridad vial, ese fue uno de los temas que analizamos. Tanto antes como ahora, han sido muy resistidas las fotomultas y yo en lo personal no estoy de acuerdo.
El llamado a licitación prevé que la empresa que resulte ganadora se llevará un porcentaje de la recaudación por infracciones ¿Considera que esto distorsiona el objetivo de prevenir accidentes?
No solamente distorsiona la finalidad de prevenir accidentes. Nosotros estamos proponiendo que para determinadas decisiones que se tomen desde la municipalidad se deberían hacer consultas populares. Por ejemplo, el caso de la basura. Ahí tenemos un monopolio de una empresa desde hace años y ya sabemos los problemas enormes que tiene en vertedero San Javier. El tema de las fotomultas, que es un tema particularmente irritante, no lo está llevando a cabo el área de tránsito, sino que se terceriza y lo hace una empresa privada. Entonces aparece la confrontación. Nosotros tenemos una postura desarrollista, de favorecer la iniciativa privada y la producción sin que el estado abandone el rol de prestar servicios y de controlar. La función del tráfico no puede delegarse, la tiene que asumir el estado municipal. Y si se tomase esa decisión, tendría que haber una consulta previa para saber qué piensa la gente. Hoy es muy fácil de hacer. Estoy seguro que si se haría esa consulta, por una abrumadora mayoría la ciudadanía lo rechazaría.
¿Cuál sería, entonces, el camino a seguir para reducir la siniestralidad y salvar vidas?
En primer lugar, habría que ver si se retienen o se quitan las licencias de conducir. En segundo lugar, Salta no tiene señalética y eso es fundamental para mejorar el tránsito. En tercer lugar, está el aspecto que le corresponde a la justicia respecto de los accidentes y las consecuencias de la aplicación de la ley nacional de Tránsito. Y finalmente, creo que se tiene que invertir, porque Salta es una ciudad de muchísimo tráfico, con pocas avenidas y que es longilínea. Hay una batería de medidas por tomar que son mucho más efectivas que las fotomultas.
¿Y el estado de las calles?
Nosotros planteamos que Salta es una ciudad que está detonada. Entonces creo que tenemos que volver a pavimentar, no sabemos tampoco qué pasó con la pavimentadora que había. Mucho personal municipal se acercó a nosotros para ver las propuestas que estamos trabajando. Hay que cambiar la forma de pavimentar Salta. No se puede poner pavimento de cemento que es caro. Por los microsismos que tiene Salta, sumado a las diferencias térmicas de nuestro clima, es mucho más viable poner pavimento de alquitrán y pedregullo. De esa forma se podrían pavimentar muchas más cuadras y hacer cunetas de cemento.