El procurador general presentó una denuncia contra la defensora oficial de Tartagal acusada de acopiar mercadería destinada a comunidades wichís. En la misma presentación, pidió la apertura del proceso de remoción.
La denuncia presentada por el procurador Abel Cornejo contra la defensora oficial de Tartagal es por la presunta comisión de delitos, mala conducta, mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo. Además, solicitó la apertura del procedimiento de remoción de la funcionaria.
Rosa Díaz, al igual que su hermana la concejal Paola Díaz, está involucrada en el escándalo por el robo, retención y/o venta de mercadería destinada a comunidades wichís.
Según lo actuad, Díaz incurrió en un claro incumplimiento de los deberes a su cargo, comisión de presuntos delitos dolosos y un evidente mal desempeño en su rol de funcionaria pública, considerando entre otras inconductas, la gravedad de los hechos que dieron origen a la investigación penal, el sector de extrema vulnerabilidad involucrado en el destino de los bienes retenidos y el transcurso del tiempo.
De la información suministrada por los medios de comunicación y las constancias del sistema de Denuncias del Ministerio Público Fiscal, surgió que Sandra Liliana Díaz denunció a sus hermanas, Rosa Fabiola Díaz (Defensora oficial) y Paola Alejandra Díaz (Concejal), por tener acopiadas las donaciones de distintas fundaciones y organizaciones intermedias, durante todo 2020 y hasta la actualidad. Lo retenido en Tartagal, no fue entregado sus destinatarios y en cambio, habría sido comercializado por ambas.
Las supuestas donaciones fueron presuntamente realizadas por las Fundaciones Noble, River Plate, Marinaro, entre otras y consistieron en bienes tales como pañales, zapatillas, indumentarias, agua mineral, alimentos no perecederos y artículos de limpieza e higiene personal, cuyas beneficiarias serían las comunidades aborígenes de la zona. Los hechos tomaron estado público el 4 de febrero del corriente año.
