El asesinato de un joven, por la cual están detenidos cuatro policías, fue la gota que rebalsó el vaso.

Algo se quebró en los últimos días en Salta: el CIF pasó, en un abrir y cerrar de ojos, de organismo científico modelo en el país, a un eslabón para ocultar la verdad.
La muerte de Exequiel Gallardo terminó de descubrir esa nueva faceta. La muerte de Jorge David “Gurí” Farfán Vera, el 8 de febrero, dio los primeros indicios: en ambos casos había (hay) policías involucrados en jóvenes que parecen morirse de la nada. El equipo científico que debía investigar los casos se encargó de sembrar impunidad, a favor de los sospechosos de siempre: los uniformados.
Por eso el lunes el Procurador Abel Cornejo desplazó a las autoridades del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y asumió su dirección en forma provisoria. Cornejo aprobó su reestructuración, designó a una comisionada y dispuso la apertura de un sumario administrativo.

En la resolución por la cual Abel Cornejo tomó el control del CIF, señala: “existieron nuevos casos que son de público conocimiento para la comunidad salteña que resultan reveladores de la poca eficiencia de las funciones del CIF, lo que incidió directamente en la falta de esclarecimiento de los hechos que requieren una investigación inmediata dificultando con ello la tarea de los fiscales”; y que estos últimos acontecimientos pusieron en evidencia “la inexistencia de acciones coordinadas por parte del CIF y la falta de control directo en el organismo lo que repercutió en su correcto funcionamiento”.

En ese marco, Cornejo pidió al Poder Ejecutivo Provincial, expresamente, que mediante la cartera ministerial que corresponda remita a la Legislatura provincial un Proyecto de reforma del artículo 5 de la ley 7665, con carácter de urgente, a los fines de que sea una o un fiscal penal quien dirija el Cuerpo de Investigadores Fiscales del Ministerio Público Fiscal.
Tras el encuentro con el Gobernador, el procurador general, Abel Cornejo, celebró “la celeridad de respuesta del Ejecutivo, que ante el pedido de modificación de la Ley, analizó de inmediato la necesidad de que un fiscal penal sea el responsable de dirigir el organismo”.
En el Ministerio Público Fiscal, el Gobernador y El Procurador también firmaron el proyecto de ley que ingresará este miércoles al Senado provincial y que propone la creación de una Fiscalía Penal en Cachi, otra para Rosario de la Frontera y una tercera especializada en Ciberdelitos, con competencia en toda la provincia.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here