El Ministro de Seguridad de Salta, Alejandro Cornejo, participó de la cumbre del Consejo de Seguridad Interior en Río Negro. Fue uno de los que adhirió a la declaración de emergencia en seguridad pública.
Sólo los ministros de seguridad de La Rioja, Chaco y Santa Cruz pidieron tiempo para tomar una decisión definitiva. El resto de las provincias, Salta incluida, levantó la mano con ganas.
La que explico el alcance de la declaración fue la ministra e Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que detalló que ante un corte de ruta, las fuerzas de seguridad se deberán comunicar en forma inmediata al Ministerio de Seguridad de la Nación o de las respectivas jurisdicciones (si es ruta nacional o provincial), para establecer un espacio de negociación, señaló Ámbito Financiero.
«Resuelto positiva o negativamente la negociación, el jefe del Operativo de Seguridad impartirá la orden a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz, que los manifestantes deben desistir de cortar las vías de circulación de tránsito, deberán retirarse (…) Se advertirá que ante el incumplimiento de dicha instrucción, se encontrarán incursos en el artículo 194 del Código Penal, y en su caso, en las contravenciones previstas en cada jurisdicción», señala el anexo del protocolo.
En tanto, el «uso de la fuerza debe limitarse siempre al mínimo posible, como respuesta para superar ordenadamente la resistencia de quienes cometan delitos de acción pública», y tendrá que respetar los principios de «legalidad, oportunidad, último recurso frente a una resistencia o amenaza, y gradualidad».
Por último, el texto expresa que para los periodistas realizarán su labor informativa «en una zona de determinada, donde se garantice la protección de su integridad física, y no interfieran con el procedimiento», y que las fuerzas de seguridad podrán captar videos, audios y fotos durante los procedimientos antipiquetes «para el caso de ser requeridas posteriormente por la Justicia».