Víctor Claros culmina dos mandatos en la U.N.Sa. sin cumplir con uno de los deberes más relevantes de su función: informar anualmente a la Asamblea Universitaria los resultados de su gestión, tal como lo establece el estatuto universitario. (F.H.)
Llegando al ocaso de sus dos mandatos al frente de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), el balance en cuanto a respeto por las instituciones del gobierno universitario no es del todo feliz. La forma arbitraria con que el rector, Víctor Claros, condujo la casa de altos estudios, fue puesta en cuestión más de una vez, como en la toma del rectorado en octubre de 2013.
En aquel entonces se trataba de una reacción ante la decisión del rector de cancelar todos los llamados a concursos de una facultad, la única de tinte opositor, Humanidades. Pero no fue la única situación que traslució la forma de gobierno del Contador Público Nacional.
En el artículo 106 del estatuto universitario, que versa sobre los deberes y atribuciones del mandatario, puede leerse que entre sus prescripciones se encuentra la de “informar anualmente a la Asamblea Universitaria sobre los resultados de su gestión”. La Asamblea Universitaria no tiene un funcionamiento regular, sino que se convoca eventualmente, y representa la mayor autoridad de la estructura de co-gobierno de la universidad. La integran todos los consejeros superiores y directivos más el rector y el vicerrector.
Tal instancia es la única que tiene potestad para modificar el estatuto, intervenir ante la renuncia del rector, o determinar el cierre o la apertura de una facultad o sede. En ese punto, nos topamos con otra discrecionalidad de Claros ya que a pesar de no haber consustanciado ninguna Asamblea Universitaria durante su gobierno, hizo de la inauguración de sedes regionales una de sus banderas de gestión. Esas decisiones las tomó pasando por encima de la Asamblea.
Acto fallido
En honor a la verdad, Claros intentó que lleve a cabo una Asamblea Universitaria en 2011, que finalmente nunca fue concretada. A poco tiempo de haber aterrizado en el rectorado, el Contador le solicitó al Consejo Superior que llamase a una Asamblea para debatir la reforma del estatuto. Gobernado por consejeros oficialistas, el Consejo Superior no atinó a desobedecer el pedido de Claros. El 22 de septiembre de 2011 el órgano deliberativo sancionó la resolución 354/11, que convocaba a Asamblea Universitaria para el 19 de Octubre a las 16:00 horas.
Una gran movilización de miembros de todos los claustros, en ese sentido un antecedente inconfundible de lo que luego fuera la toma de octubre de 2013, se agolpó en el anfiteatro H para impedir la realización de la Asamblea. Repudiaban las intenciones que pretendía Claros con la Asamblea Universitaria, que básicamente discurrían en adecuar el estatuto universitario a ciertos preceptos de la resistida Ley de Educación Superior, legislada el 20 de julio de 1995 y puesta en vigencia el 7 de agosto de ese mismo año.
El rector había presentado un proyecto ante el Consejo Superior que argumentaba la necesidad de atender a las observaciones hechas al estatuto por el por entonces Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, a través de su resolución 1038/96, publicada en el boletín oficial el 24 de septiembre de 1996.
Aquella disposición ministerial, enmarcada en el mismo menemismo que promovió la ley 24.521 de Educación Superior, establece que “merecen observación el artículo 65 del Estatuto, el artículo 76 inciso d), y el artículo 100 inciso 29, previsiones todas ellas en las que se omite garantizar el principio de equidad como complementario del de gratuidad”.
Los artículos del estatuto observados por la cartera nacional allá por 1996, estipulan que en todos los casos la educación de grado y de pre-grado (el Instituto de Educación Media tanto de Salta capital como de Tartagal) será gratuita –art. 65 y 76 respectivamente-. Y el artículo 100, por su parte, determina: “Fijar los derechos o tasas por los servicios que presta la Universidad, los que de ningún modo pueden afectar la gratuidad de la enseñanza de grado”.
Básicamente, las intenciones del rector era atender a las observaciones del Ministerio, modificando aquellos artículos que garantizan la gratuidad de todas las instituciones de pre-grado y todas las carreras de grado que dicta la UNSa. Con ese fin, Claros desempolvó aquellas observaciones que se habían efectuado desde Nación en 1996, para valerse de un sustento legal que posibilite el arancelado.
Ante tamaña situación, en aquel octubre de 2011 se le puso freno a las apetencias privatistas de la conducción de la UNSa. La Asamblea que debía aplicar esas reformas nunca se consumó, y quedará en la historia como el único intento que hizo Claros de cumplir su deber de convocar a una Asamblea Universitaria.
Rápido de reflejos
A poco de concluirse su segundo mandato consecutivo, el rector fue puesto en la mira por estos gestos autoritarios. Se puso en el centro de la escena el hecho de que nunca haya hecho esfuerzos por informarle detalles de su gestión a la Asamblea Universitaria, y que encima haya tomado decisiones que extralimitan su función, como por ejemplo abrir nuevas sedes regionales.
Ante estos cuestionamientos, veloz en sus gestos políticos, Claros presentó una nota ante el Consejo Superior para ponerlos en conocimiento sobre “el estado de la Asamblea Universitaria”. Fundamenta, en el texto presentado el 14 de marzo último, que el día que debía celebrarse la Asamblea que se convocó en 2011 para reglamentar el avasallamiento a la gratuidad, “se produjo una aglomeración de personas pertenecientes a diferentes claustros universitarios” entonces “se consideró oportuno suspender el acto asambleario”.
La excusación del Contador prosigue: “Desde dicha ocasión, 19/10/11, la Asamblea Universitaria ha quedado en estado de suspensión, lo que se mantiene hasta la fecha”. Tratando de desmarcarse de toda responsabilidad por haber congelado la Asamblea, Claros asegura que por asesoría de la Coordinación Legal y Técnica, ha dejado en manos del Consejo Superior la facultad de llamar a una nueva Asamblea.
En su afán de desligarse del no cumplimiento de sus deberes de funcionario público, el actual candidato a decano de la Facultad de Ciencias Económicas embarra la imagen de muchos de los que lo ayudaron a gobernar desde el Consejo Superior, entre ellos, el ahora aspirante al cargo de rector –protegido de Claros-, Antonio Fernández Fernández.
De entre todos los decanos que conformaron el Consejo Superior durante los gobiernos de Claros, y sobre todo desde que renovó su cargo en 2013, los únicos abiertamente opositores eran los de Humanidades. Por ello, el resto de los consejeros decanos, incluso el sucesor que eligió –el candidato a rector Fernández Fernández-, son responsables del gobierno faraónico que perpetró el Contador.
Hay otro punto que deja en evidencia el intencionado desdén por respetar el co-gobierno: si la Asamblea que se intentó en 2011 para ir contra la gratuidad fue rechazada por una gran porción de la comunidad universitaria, se podría haber convocado otras Asambleas con distinto orden del día, es decir, con otros temas a tratarse, como ser, la aprobación de las sedes regionales o los balances presupuestarios de la gestión.
Conmigo, no
En 2011, cuando se quiso adecuar el estatuto de la UNSa a los imperativos de la Ley de Educación Superior menemista, la manifestación fue tal que el rector siquiera osó a intentar volver a convocar la Asamblea con ese orden del día. El problema es que tampoco quiso celebrar otra Asamblea que proponga temáticas distintas de discusión.
De todos modos, la suspensión no hizo que el rector reflexionara sus orientaciones. Muy por el contrario, en la actualidad reafirma su pedido en la nota que le elevó hace algunas semanas al Consejo Superior. Pero, ya en aquel entonces, supo reaccionar con mano dura ante la protesta.
Algunos estudiantes que fungían como consejeros, tal el caso de Tane De Souza y Facundo González, sufrieron el rictus más temerario del rector. Se les iniciaron sumarios, que luego no prosperaron, pero que por prácticamente un año fueron una reprimenda que el rigor del rector quiso aplicar a los que se habían manifestado en su contra.
