Rosa Fabiola Díaz, exdefensora oficial de Tartagal, y Alejandra Paola Díaz, exconcejal municipal, son investigadas por la presunta malversación de bienes recolectados en 2020 para donaciones a comunidades originarias. Se les acusa de disponer de estos bienes sin autorización.
En la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal, se lleva a cabo la audiencia de debate contra Rosa Fabiola Díaz y Alejandra Paola Díaz, acusadas de delitos relacionados con la malversación de bienes destinados a comunidades originarias. El fiscal penal 1 de Tartagal, Pablo Cabot, representa al Ministerio Público Fiscal en este juicio, que se espera se extienda hasta el viernes 9. Presidida por el juez Aníbal Burgos, la audiencia contará con la declaración de aproximadamente 80 testigos durante jornadas matutinas y vespertinas.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por Sandra Díaz, hermana de las acusadas. La denuncia detalla cómo Rosa Fabiola Díaz y Alejandra Paola Díaz, quienes integraban el grupo «Corazones Solidarios», recibieron una importante donación de bienes de la Fundación Nobles de Santa Fe, con el propósito de distribuirlos entre comunidades originarias de la zona de Tartagal. La Fundación misma se encargó del traslado de los bienes hasta Tartagal.
La investigación demostró que una parte significativa de estas donaciones nunca llegó a sus destinatarios. Los bienes fueron almacenados en la vivienda de la madre de las acusadas durante un año antes de ser secuestrados por orden judicial. Evidencias como informes policiales, fotografías, actas de procedimientos e inventarios, registros domiciliarios, declaraciones de caciques y numerosos testimonios, respaldan la acusación. Según la declaración de Sandra Díaz, y corroborada por otras pruebas, una porción considerable de las donaciones fue vendida, con la presunta intención de Rosa Fabiola y Alejandra Paola Díaz de utilizar el dinero para la campaña política de Alejandra. Además, se comprobó que ambas estaban al tanto de la venta de bienes que realizaba su madre, Zulema Hurtado, y compartían los beneficios económicos.
La acusación contra Rosa Fabiola Díaz también incluye el incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública. Esta acusación surge de una denuncia del entonces Defensor General, Pedro García Castiella, que señala una cantidad excesiva de trámites pendientes, casos abandonados e inacción general en la Defensoría Oficial Civil 1 de Tartagal durante su gestión. Esta inacción provocó una falta de respuesta a las necesidades de sus representados. El juicio analizará la evidencia que demuestra la concurrencia de ambas acusaciones contra Rosa Fabiola Díaz.
