La prensa nacional se escandaliza por el caso de un traficante boliviano detenido en Salta que quedó en libertad por falta de jueces. Se trata del empresario transportista José Luis Sejas Rosales al que se le imputa el tráfico de 600 kilos de cocaína.
La columna apareció en Infobae y lleva la forma de la periodista Sabrina Santopinto quién enfatiza que en una de las zonas más calientes del tráfico de drogas, la mayoría de las causas prescriben ante la ausencia de magistrados, contexto en medio del cual recupero la libertad el empresario mencionado.
“La situación que vive la provincia de Salta es alarmante y el sistema de Justicia trae consigo un importante déficit: la mayoría de las causas por narcotráfico suelen prescribir ante la falta de jueces, ya sea de primera instancia como también del tribunal oral, encargado de llevar adelante el juicio oral y público”, describe el artículo que recuerda que el Consejo de la Magistratura tiene aún pendiente resolver, desde el año 2012, el concurso 280 tendiente a conformar el Tribunal Oral Federal de Salta Nº 2, y el 299, destinado a la creación del Juzgado Federal de Tartagal. Por otro lado, el pasado 7 de mayo se elevaron al Poder Ejecutivo las ternas aprobadas en el concurso 274, destinadas a cubrir 4 vacantes de la Cámara Federal de Salta, y es ahora la Presidente quien debe elegir los nombres.
En este marco son muchos los déficits que atraviesa la Justicia federal en esa provincia. En primer lugar se pone de manifiesto la necesidad de crear un juzgado de Tartagal, tema que será uno de los ejes del próximo plenario en el Consejo de la Magistratura. Para que el órgano pueda avanzar finalmente en una terna, la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe habilitar la conformación del juzgado en esa ciudad.
Frente a esta falta de tribunales, los temas llegan a la Cámara Federal de Salta, generando un inevitable desborde de causas que resulta imposible de atender. La situación se vuelve más compleja aún si se tienen en cuenta las cuatro vacantes por cubrir, todavía en concurso en el Consejo de la Magistratura. Se recuerda también que Tartagal además de ser ciudad de frontera, es la segunda de la provincia por cantidad de población y desarrollo económico, y vive en situación de emergencia a causa del movimiento de comercialización de estupefacientes que crece de manera vertiginosa.
Fue entonces cuando la nota puntualiza en el caso del juez Raúl Reynoso –juez federal de Orán y que actualmente concursa para cubrir una de las vacantes en la Cámara de Salta- sostuvo que «tendrían que existir al menos tres juzgados federales porque la frontera es grande». El magistrado, sin embargo, sufrió un duro revés días atrás cuando la Cámara Federal de Salta hizo lugar al recurso de apelación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y anuló el procesamiento del transportista boliviano José Luis Sejas Rosales, apartó de la causa al propio juez federal Reynoso y designó en su lugar al titular del Juzgado Federal N°1 de Salta, Julio Bavio, quien deberá dictar un «nuevo pronunciamiento conforme a derecho» en la causa que investiga al empresario como organizador de una asociación ilícita dedicada, al menos desde 2011, al tráfico transnacional de estupefacientes.
Solo a modo de ejemplo, a Sejas Rosales se le imputa ser el autor de los delitos de contrabando agravado de estupefacientes (600 kilos de cocaína) en concurso real con contrabando doblemente agravado por tratarse de sustancia peligrosa para la salud (tolueno) y por la presentación de documentos adulterados ante la Aduana. Sejas Rosales es el titular de la Corporación Regional de Transportes Asociados (CRETA SRL) en Bolivia y dueño de una flota de 90 camiones en el vecino país.
La situación en Salta necesita ser atendida con urgencia. Se trata de la frontera con el narcotráfico más grande del país: una franja de 1000 km de largo por 300 de ancho, son insuficientes los controles por tierra de la Gendarmería. De hecho, hay siete pasos formalmente habilitados pero –según explican expertos en la materia- se puede cruzar por otros 60 lugares.
Ante esta grave situación, Infobae consultó a la consejera Adriana Donato quien manifestó su preocupación y sostuvo que hará «todos los esfuerzos para lograr los consensos tendientes a aprobar las ternas para cubrir los cargos y que se habilite el Juzgado con asiento en Tartagal».
La problemática merece un tratamiento especial y debe manejarse con celeridad, porque mientras el tiempo transcurre, las causas por narcotráfico prescriben y los imputados quedan en libertad.
