La municipalidad de Salta reconoció que busca «reubicar» a 30 cartoneros que trabajan en el microcentro por pedido de los comerciantes de la peatonal. La iniciativa es la segunda etapa del plan «Poner Orden», una consigna que envejece mal y que podría esconder intereses no revelados.
En una nueva entrega de la saga «Pusimos Orden», que tiene como protagonista estelar a la interventora de Espacios Públicos, Susana Pontussi, el municipio capitalino enfrenta a un nuevo actor de la economía informal que amenaza la armonía del inmaculado casco céntrico: los cartoneros.
Es sabido que en el sentido común de las mayorías la etiqueta «Salta la Linda» engloba como mucho algunos cuadrantes del centro histórico y que, por tanto, todo lo que allí acontezca debe estar desprovisto de marginalidad.
Lo entendieron a la perfección los asesores de la intendenta Romero, quienes hicieron de la mano dura y la inflexibilidad una filosofía de gestión. El arreo de vendedores ambulantes del centro de la ciudad a la periferia encontró cierto apoyo en una sociedad salteña siempre deseosa de esconder lo indeseable bajo la alfombra. La asociación ideológica entre trabajo informal y todo lo que está mal (ilegalidad, extranjerización, inseguridad, marginalidad, ventajismo, etc.) llevó a que la proclama de orden emanada desde la cúspide de la administración bettinista, elevara algunos puntos la alicaída imagen de la intendenta.
Reciclando la gestión
La premisa entonces pasó a ser cómo darle continuidad a una fórmula que dio resultados en el pasado reciente y que podría amortiguar los efectos de la falta de gestión en los barrios. Fue entonces que el municipio decidió poner la mira en un sector todavía más postergado de la economía informal. Se estima que son apenas 30 los cartoneros que ejercen su trabajo en las arterias céntricas, contribuyendo en gran parte a disminuir el volumen de residuos que llegan finalmente al Vertedero San Javier. Según el subsecretario de Limpieza Urbana, José Ginocchio, en Salta hubo una «quita de restricciones» que llevó a que aumente el número de recolectores urbanos. En paralelo, reconoció que generan un beneficio para el proceso de separación de residuos, llevándose un 30% de la basura que recogen antes de que llegue el recolector.
Días atrás se conoció que funcionarios municipales habían mantenido reuniones con representantes de cartoneros. Por entonces se especuló con que los trabajadores tendrían tiempo hasta el pasado 22 de marzo para salir del microcentro, pero el Municipio extendió el plazo hasta una nueva reunión que llegue a un acuerdo definitivo.
La renovadora Susana Pontussi, actual interventora de espacios públicos, explicó que los cartoneros podrán continuar con su actividad siempre y cuando se alejen del microcentro. Por otra parte, aclaró que el momento del acopio de los residuos lo podrán hacer al mediodía antes de la hora de cierre y a la noche antes del cierre de comercios.
El reclamo habría sido elevado al municipio por el mismo grupo de comerciantes que impulsó el desalojo de manteros y vendedores ambulantes ´Pero la diferencia sustancial entre la experiencia mantera y el nuevo embate contra cartoneros es que, a grandes rasgos, la sociedad no percibe como propio el pataleo de los comerciantes de la peatonal. El aparato de propaganda del romerismo esta vez deberá hacer esfuerzos adicionales por instalar los reclamos de un sector como colectivos.
Un trabajo poco reconocido
Según estimaciones de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr), en la Argentina más de 150.000 personas trabajan recuperando materiales reciclables en centros urbanos o en basurales: de ellas, 15.000 están agrupadas en las 120 cooperativas representadas en la Faccyr, mientras que el resto trabaja por su cuenta. Por mes, recuperan al menos unas 200.000 toneladas de materiales, generando un impacto significativo en el medio ambiente, la higiene urbana y la economía circular.
Cada trabajador recupera, en promedio, unos 100 kilos de materiales reciclables por día –el equivalente a lo que generan 100 personas–, que no van a parar a ríos ni basurales a cielo abierto, lo que implica un ahorro significativo para la gestión de residuos y promueve la economía circular. Son abastecedores de una industria que, con esos materiales, vuelve a generar otros. Se estima que, por cada trabajador que está en la calle hay ocho puestos de trabajo que se generan en la industria recicladora.
En Salta hay alrededor de 200 familias nucleadas en diferentes cooperativas que viven de juntar cartón y materiales descartables del sumidero municipal. La Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCYR) impulsa en la ciudad un proyecto que apunta al reconocimiento de los derechos de estos actores sociales como trabajadores que viven de la recolección de materiales reciclables. El proyecto está en manos de la intendenta Romero desde hace más de dos años, pero aún no se avanzó en su implementación.
El cartón no es negocio
Pero la explicación a los obstáculos en el reconocimiento del trabajo de los recuperadores podría no agotarse en el liso y llano desinterés municipal. Por más elogios que los funcionarios puedan hacer hacia afuera en relación a la tarea de cartoneros, la actividad confronta con las metas de facturación de la empresa encargada del servicio de recolección de residuos en Salta.
En una entrevista con Salta/12 del año 2020, el referente del movimiento de trabajadores excluidos (MTE), Rodrigo García, lo explicó de la siguiente manera: «Todos los cartoneros que pasan por la avenida San Martín, llevan miles de kilos de basura todas las noches, es plata que se ahorra el municipio porque, si no, la Agrotécnica los factura. Si no estuvieran los cartoneros, Salta tendría dos cerros nuevos de basura».
Allá por el año 2018, este semanario puso de manifiesto las intenciones del romerismo de «incursionar» en el negocio de la basura, aunque para entonces ya eran numerosos los indicios de que la familia «ya estaba adentro». Asesorado por el líder de la CGT Jorge Guaymás, el senador Juan Carlos Romero habría comprado una flota de 30 camiones recolectores con el objeto de salir al ruedo ni bien estuvieran dadas las condiciones.
Un año más tarde sería su hija, la intendenta capitalina, quien renovaría el contrato con la empresa Agrotécnica Fueguina. En poco más de 14 meses, la empresa logró la aprobación para aumentar en un 64% su facturación, por lo que el municipio destina hoy casi $250 millones mensuales.