Ayer finalizó la audiencia entre obreros del ingenio San Isidro y representantes de la empresa de capitales peruanos. Estos quieren despedir 100 obreros para paliar una crisis que los trabajadores atribuyen a la impericia empresarial y advierten que como en el 2014, lucharán para defender sus fuentes laborales. (Gonzalo Teruel)
“La baja del precio, la poca demanda y los incrementos de costos son situaciones típicas del riesgo que tiene todo empresario en sus negocios” aseguró Mariano Cuenca, dirigente de los trabajadores del Ingenio San Isidro, al término de una audiencia en el Ministerio de Trabajo donde la empresa ratificó su “Procedimiento Preventivo de Crisis”: una figura contemplada en el capítulo 6 de la ley 24.013 y que obliga a las empresas a dictarla antes de que la misma comunique al personal de despidos o suspensiones.
Ante ello, el Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar, Mariano Cuenca fue enfático al declarar que entienden las dificultades empresariales pero que no aceptará que se responsabilice a los trabajadores de esa situación y mucho menos que esos mismos trabajadores se conviertan en la variable de ajuste. “Los trabajadores son ajenos a esta situación y no pueden permitir que una administración deficiente quiera sanearse mediante la aplicación de despidos” agregó el sindicalista y confirmó lo que anticipara semanas atrás Cuarto Poder: el grupo empresario que controla la agroindustria de Campo Santo, Gloria SA, controlante de PROSAL SA que opera la fábrica de azúcar y alcohol y de EMAISA SA dedicada al cultivo de caña de azúcar, quiere dejar en la calle a unos 100 trabajadores y sus familias.
La empresa de capitales peruanos, en efecto, denuncia la baja rentabilidad por el alza de los costos de producción y la caída del precio internacional y recuerda que una histórica helada ocurrida hace 2 años afecta su actividad agroindustrial. Este último argumento suena exagerado y así lo entienden los trabajadores. “Si realmente la helada hubiera sido tan perjudicial, todos los demás ingenios y los cañeros independientes estarían en la misma situación” sostuvo Cuenca y remarcó que “ningún otro ingenio presentó un Procedimiento de Crisis”.
Los trabajadores creen que la crisis, si es que existe, es consecuencia de causas anteriores y vinculadas con el deficiente manejo de las finanzas de la empresa. El Ingenio San Isidro tiene, además, una ventaja por sobre todas las fábricas azucareras que es la elaboración de azúcar orgánica que se comercializa en Estados Unidos y Europa a muy buenos precios y la producción de alcohol anhidro que tiene su precio atado al de las naftas.
Según denuncian, los problemas de la empresa no son económicos sino financieros y se originan en un ambicioso plan de expansión que generó una enorme deuda de corto y largo plazo. “El pasivo del ingenio proviene de un incremento desmesurado de la deuda de la empresa destinado a duplicar la producción y no del costo laboral” aseguró el dirigente gremial que también denunció malas decisiones gerenciales como la compra de un trapiche en Guatemala que “además del propio costo, generó un enorme gasto financiero en manejo, transporte y aduana para que ni siquiera llegue al ingenio”.
En medio de ese tensa clima que envuelve a trabajadores y empresarios, los primeros empezaron a rememorar que los segundos incumplieron acuerdos asumidos el año pasado tras un conflicto que duró 41 días e incluyó denuncias cruzadas, bloqueos en puertas de acceso a la planta, enfrentamientos y hasta balaceras. A la hora de señalar esos acuerdos ahora incumplidos por la empresa, los trabajadores mencionan algunos que ellos consideran claves en la actual coyuntura: que la recurrencia de la firma a servicios tercerizados ocurra sólo cuando los trabajadores del ingenio no puedan garantizar esos servicios; la no implementación de cerca de 50 becas educativas que la empresa debía otorgar a hijos de trabajadores y cuyo monto total no superaban los $110.000; cifra muy inferior, aseguran, a los $200.000 que mensualmente se gastan en pagar a efectivos policiales.
“La policía no está ahí para custodiar la planta sino para vigilar a los empleados y vigilar a los referentes del sindicato porque ellos saben bien que desde el primero al último trabajador siente al ingenio como propio por la importancia que tiene el mismo en la historia de nuestro pueblo”, declararan los obreros que también explican que el gasto en seguridad es el doble del que se había comprometido la empresa a destinar a becas de estudio para hijos de trabajadores y que nunca puso en práctica. Por eso, en la audiencia realizada este viernes en el Ministerio de Trabajo pidieron que se exija la presentación de los balances de la compañía de 2010 a 2014 para “determinar el real estado patrimonial y contable”.
De cualquier manera, la situación parece estar llegando a un punto crítico y desde el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar advirtieron que “no puede justificarse, en la necesidad de reacomodar las finanzas de la empresa, el despido de 100 personas” y recordaron que los 700 laburantes del ingenio ya mostraron su unidad y convicción durante un conflicto que duró más de 40 días el año pasado.
Botón que nunca falta
La estrategia empresarial pergeñada por el apoderado legal de la firma, el peruano Hugo Aroestegui, también contó con el aporte de un salteño involucrado procesado por enriquecimiento ilícito durante el romerismo: Raymundo Sosa, el letrado que denunció al sindicalista Mariano Cuenca en el Ministerio de Trabajo de la Nación.
Como apoderado de PROSAL SA y EMAISA SA, Sosa envió una carta al ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Carlos Tomada, para denunciar al titular del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar San Isidro. En su escrito, Sosa describe un “proceder exacerbado” por parte de Cuenca en su “activismo sindical”. Y detalla tres denuncias policiales de las que fue objeto el dirigente gremial el año pasado. Todas estas denuncias “por amenazas” fueron efectuadas el mismo día -el 30 de diciembre- por Ramón Eduardo Lobo, Abel Leonardo Farfán y René Gustavo Geréz, todos vinculados a la compañía azucarera.
Lobo es jefe del Servicio de Medicina Laboral de PROSAL SA y EMAISA SA; Farfán es encargado de “Agroservicio Chile Farfana” empresa contratista que presta servicio de preparación de suelo, cultivo y fertilización para EMAISA SA; y Geréz es encargado de la empresa “MH” contratista que realiza trabajos de fertilización para EMAISA SA.
Según plantea Sosa, Cuenca y otros dirigentes no identificados en la misiva consiguieron mediante amenazas la paralización de distintas actividades tercerizadas por la empresa. “Esta situación causa un perjuicio irreparable para las empresas en virtud de que los empleados y contratistas tienen miedo y no quieren volver a trabajar”, dice el inefable abogado defensor, entre otros, de Juan Carlos Romero y que pidió al ministro Tomada que “tenga por formulada denuncia de práctica desleal por parte del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar San Isidro” aunque reconoció la “militancia, representación y capacidad” de Cuenca como dirigente gremial.
Conviene recordar que el poderoso letrado pidió alguna vez que su nombre fuera retirado de la edición del “Nunca Más”, la publicación redactada por la CONADEP en los primeros años del alfonsinismo para empezar a registrar los crímenes de la última dictadura y la colaboración de muchos civiles con la misma.
En los últimos años, sin embargo, Sosa fue noticia por sus vínculos con resonantes casos de corrupción en la era romerista. En noviembre del año pasado el fiscal 9, Rodrigo González Miralpeix, solicitó al Juzgado la imputación de Raymundo Sosa como “coautor del delito de peculado” por considerarse que la intervención del letrado resultó “imprescindible” para que el ex gobernador Romero pudiera apropiarse de las 90 hectáreas de La Ciénaga que el estado había adquirido para hacer viviendas sociales y luego pasaron a formar parte del patrimonio de la familia del exgobernador.
No era ese el único caso. Sosa también está acusado del delito de fraude a la administración pública y asociación ilícita en una operación inmobiliaria vinculada a la Ex Boroquímica Baradero S.A., que ubicada en la zona sur de la ciudad concentraba denuncias por daños ambiental que motivaron su retiro del lugar en 1993. Seis años después, Sosa compró el contaminado terreno por 160.000 mil dólares para venderlo un año después a 580.000 mil dólares. El comprador fue el gobierno de la provincia de Salta que estaba comandado por su amigo y cliente Juan Carlos Romero.
