Nada es peor que la convergencia entre las conspiraciones ajenas y los errores propios. La conspiración existe. Los errores también. Esa confluencia le deparó a Macri el peor momento desde que es Presidente.
Boicoteado por grupos minoritarios que enloquecen la vida de la Capital y las autopistas cercanas, por la militancia de jueces y fiscales que adscribieron al kirchnerismo y por el propio kirchnerismo ya sin disfraces ni multitudes, el Presidente navega sobre una economía que demora las buenas noticias.
Las encuestas reflejan ese clima de época, aunque sólo con leves bajas en las imágenes del jefe del Estado y de su gestión. Macri necesita empezar cuanto antes un ciclo de crecimiento económico, pero, por ahora, sólo podrá mostrar que la inflación empezó a ceder. Varios economistas independientes aseguran que la inflación de agosto superará apenas el 1 por ciento por primera vez en muchos años.
No existe una sola conspiración, sino varias. Una es la del kirchnerismo. El servicio de inteligencia le advirtió al Presidente hace tres meses que las confabulaciones cristinistas crecerían en la medida en que se cerrara el cerco judicial alrededor de Cristina Kirchner. Piquetes y escraches a Macri tienen el sello de organizaciones kirchneristas. El propio discurso de los principales dirigentes cristinistas es, por lo general, directamente destituyente.
La reciente ocupación de 60 hectáreas en Moreno por 500 familias indigentes fue una operación política en la que se usaron colectivos y camiones rentados. Discuten sobre la culpa dos kirchneristas de pura cepa: el actual intendente, Walter Festa, y el ex intendente Mariano West, que gobernó el distrito durante casi 20 años. O es una pelea entre kirchneristas o los tres (Festa, West y también Luis D’Elía, que habría colaborado con los traslados para la toma) se conjuraron para agregarle un elemento desestabilizador al gobierno de Macri y al de la gobernadora María Eugenia Vidal.
A la conspiración política se le une la conjura de los corruptos. Una denuncia anónima alertó al gobierno de Vidal de que en una reunión de comisarios suspendidos de la policía bonaerense, que se habría realizado en La Matanza -cuándo no-, se planificaron atentados de muerte contra la gobernadora y su ministro de Seguridad, Cristián Ritondo.
La noticia fue difundida por el periodista Julio Blanck. El informante anónimo dijo haber participado de la reunión y dio los nombres de los conjurados. Son ex jerarcas policiales que estaban a cargo del trámite de verificación de vehículos. Se quedaban con el 50 o el 60 por ciento de la facturación, además de las supuestas coimas por mirar para otro lado. Facturaban, pero no entregaban el dinero recaudado. Un robo descarado. Eran entre tres y cuatro millones de pesos por mes que iban al bolsillo de unos pocos durante los últimos cuatro o cinco años.
El gobierno de Vidal decidió sacarle a la policía esa oficina y ponerla en manos de civiles. Los responsables de semejante chapucería quieren matar a Vidal. El kirchnerismo mira con simpatía ese duelo: la gobernadora es una figura clave del macrismo y la dirigente política con mayor nivel de imagen positiva en el país.
Vale la pena detenerse en las decisiones de dos jueces cercanos al kirchnerismo. Una es la jueza federal de San Martín, Martina Forns, de Justicia Legítima, que dictó una medida precautelar y suspendió el pago de los aumentos del servicio de electricidad en todo el país. El de la electricidad no es el mismo caso que el del gas. Salvo la Capital y el conurbano, el resto del país tiene sistemas propios de suministro de luz y tarifas diferentes.
Forns creyó que todo era igual y resolvió una cautelar que no está vigente. Cometió una extravagancia peor: envió el expediente completo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación «a sus efectos». Nadie sabe a efectos de qué. Ni la Corte decidió hacer un per saltum con la causa de Forns ni el expediente había pasado por su superior natural, una Cámara federal. Es probable que la Corte aproveche este caso para decir algo sobre la electricidad y también sobre la obligación de los magistrados de saber, al menos, cómo son las instancias de la Justicia.
Otro juez federal, Juan Fantini, nombrado por Cristina Kirchner poco antes de irse, suspendió la aplicación del pago a los jubilados con juicios ganados o en trámite. El que inició la causa no es un perjudicado por la decisión, sino un simple abogado que trabajó en la Anses en tiempos cristinistas.
La ley que ordena esos pagos a jubilados fue aprobada por una amplia mayoría de oficialistas y opositores en el Congreso, pero el juez aseguró que podría ser inconstitucional porque no se sabe de dónde saldrá el dinero. Saldrá del blanqueo y la moratoria como se especifica en la propia ley.
Parte de la Justicia fue colonizada por el kirchnerismo, por el populismo o por el garantismo y las consecuencias no pueden ser peores. No es necesario discutir la ideología de las decisiones; basta con analizar su pésima calidad jurídica.
El descontrol de la calle, las amenazas y la parcialidad manifiesta de algunos jueces se abaten sobre un Presidente que está pagando el precio político por el enredo del tema tarifario. Debió llamar a audiencias públicas en febrero. Eso ya no es una duda ni para los jueces de la Corte Suprema ni para gran parte del gabinete del propio Macri. «Si las audiencias no eran vinculantes con la decisión final, ¿para qué discutir si eran necesarias?», razonó un funcionario pragmático.
En febrero, cuando debieron ocurrir esas audiencias, una parte del país estaba de vacaciones y el consumo de gas era mínimo porque no hacía frío. Un método gradualista con audiencias públicas, como se resolvió al final, hubiera sido imparable por la Justicia. Para peor, el Gobierno se mostró derrotado por la Corte Suprema cuando la derrota no existió. «Salió 80 a 20 a favor del Gobierno», dijo un ministro. ¿Dónde está la derrota si, además, el Gobierno cometió el error de evitar una ley inevitable? Con todo, ningún miembro de la Corte deja de ponderar dos hechos: el Gobierno cumplió con la orden del máximo tribunal 24 horas después y no hubo ninguna declaración oficial crítica hacia los jueces supremos.
El Gobierno perdió el momento en que gran parte de la sociedad comprendía la necesidad de los aumentos de las tarifas, que siguen siendo indispensables para imaginar una economía mejor.
La economía del tercer trimestre en curso será muy recesiva. En agosto no hubo aumentos de salarios, según las etapas acordadas en las paritarias. El próximo tramo será en septiembre y muchos salarios mejorarán sólo con el sueldo de octubre. Todas las expectativas están puestas en el año que viene, aunque algunos economistas prevén que los primeros brotes del crecimiento se verán en el último trimestre. No obstante, aclaran que el crecimiento será menor al último trimestre del año pasado.
El próximo año la economía podría crecer el 4 por ciento, según una estimación de Orlando Ferreres, o el 3 por ciento, según los cálculos del Gobierno. Si ésa fuera la realidad, el consuelo que le queda al Gobierno es que el tercer trimestre del próximo año podría ser muy bueno comparado con el muy malo actual. Sucedería justo antes de las elecciones.
La gestión de Macri sigue teniendo índices importantes de aceptación social, entre el 56 y el 58 por ciento, según Poliarquía e Isonomía.
Macri alargó su primavera política ayudado por la corrupción cristinista.
Cristina Kirchner, que conserva entre un 25 y un 30 por ciento de imagen positiva, frenó su derrumbe definitivo gracias a la complicada economía en tiempos de Macri. Ambos se necesitan ahora, aunque el pasado y el futuro digan otra cosa.
Fuente: La Nación
