El diario La Nación puso el ojo en la esposa de Julio De Vido. Se trata de Alesandra Minnicelli quien presidía una fundación que vendía servicios a empresas y municipios. Uno de ellos era el Salta, entonces comandado por Miguel Isa.
Un largo informe publicó ayer el diario La Nación en donde la sospechosa principal es la esposa del exministro de Planificación, Julio De Vido. La mujer se llama Alessandra Minnicelli quien es socia de firmas y organizaciones relacionadas con la actividad de responsabilidad social empresaria. A través de ellas, Minnicelli les prestó servicios a empresas estatales que estaban bajo el control de su marido o tenían un vínculo estrecho con él.
Según La Nación, el Ministerio de Planificación pedía a empresas públicas que participaran de las exposiciones que organizó Minnicelli, para lo cual debieron desembolsar sumas importantes, según la información que obtuvo LA NACION. En ese marco y después de publicar varios ejemplos sospechosos de empresas que le habrían comprado servicios a la organización de Minnicelli por supuesto pedido o presiones de De Vido; el informe enfatiza que la esposa de De Vido también les vendió servicios a intendencias que dependían de los fondos que administraba su marido para obras públicas.
Allí es cuando entra en juego Miguel Isa y el municipio de la ciudad de Salta. Entre los ejemplos que brinda el diario La Nación se menciona lo ocurrido en nuestra provincia. “El Boletín Oficial de la ciudad de Salta número 1967 publica el 30 de diciembre de 2013 un decreto por el cual pone en marcha un acuerdo con la fundación de Minnicelli, propuesto por esa organización, para la ´implementación de Programas de Cooperación y Asistencia Técnica para la Ejecución Conjunta de Proyectos´ con la municipalidad”, precisa el informe que precisa aun más: “El intendente era Miguel Isa, que el año pasado acompañó en la boleta al gobernador Juan Manuel Urtubey con el sello del FPV. La organización de Minnicelli debía desarrollar un programa de asistencia denominado Evaluación de Estado de Madurez en la Gestión de Proyectos Socialmente Responsables. El presupuesto de la iniciativa fue de $ 72.000 (unos US$ 11.034), pero el decreto no especifica el destino de los fondos”.
