Apareció un nuevo informe. Es de 2014 y fue remitido a Marianela Cansino. Advertía el desmanejo del Ministerio de DDHH y estaba firmado por la única profesional que renunció tras la muerte de Thiago: Ivana Bruno, chivo expiatorio que permitió sostener en sus cargos a la ministra y al resto de la cúpula del organismo. (Federico Anzardi)
Marianela Cansino ya no puede decir que no lo sabía. En su edición del 18 de julio, Cuarto Poder presentaba un informe interno del Ministerio de Derechos Humanos que detallaba las falencias y necesidades de los programas y subprogramas de la Dirección General de Niñez y Familia de la Subsecretaría de Igualdad de Oportunidades. Los números estaban actualizados hasta junio de este año y demostraban que la muerte de Thiago Quipildor no había sido casualidad sino la consecuencia lógica de la falta de gestión.
En las últimas horas y producto de la atmósfera cargada de enojos y frustraciones, empleados del organismo que sienten que ni un hecho trágico como el de Thiago logra modificar las condiciones de trabajo del Ministerio, guiaron a Cuarto Poder hacia un nuevo documento. Es de mayo del año pasado y revela números y advertencias similares al que publicamos hace dos semanas. El informe fue enviado por la entonces Directora General de Niñez y Familia, Licenciada Ivana Bruno, la única funcionaria que renunció después de la muerte de Thiago.
Consta de 24 folios y fue registrado con el número 0040153-13533/2014-0 en la Secretaría de Igualdad de Oportunidades. Fue recibido el 26 de mayo de 2014 por la subsecretaria de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Licenciada Marcela Guaymás, quien llegó a Derechos Humanos por ser estrecha colaboradora de Cansino. Hasta diciembre de 2013 trabajaron juntas en la Subsecretaría de Financiamiento del Ministerio de Economía. En la última página del informe se deja constancia que el mismo se remitiría “a la Señora Ministra con copia al Coordinador General del Ministerio”.
Marianela Cansino y Fernando Martinis, entonces, al igual que Guaymás, recibieron el informe y estaban al tanto, más de un año antes de la muerte de Thiago, de las necesidades que los trabajadores, ahora señalados como únicos responsables, ponían sobre la mesa.
Los datos
El informe analiza el programa Fortalecimiento Familiar y Comunitario y los subprogramas de gestión y supervisión de Centros de Desarrollo Infantil (CDI), Centros de Inclusión Transitoria (CIT) y de Sistemas Alternativos. Los números en ese entonces ya eran alarmantes y hoy muestran que el desmanejo no sólo es grande sino perdurable.
El análisis de Fortalecimiento Familiar revela que el programa había recibido 806 solicitudes de intervención durante el primer cuatrimestre de 2014, de las cuales el 76,9% (620) correspondían a oficios judiciales. En menor medida se habían recibido causas que habían ingresado por demandas espontáneas, notas institucionales, expedientes interinstitucionales y por el teléfono de emergencia. También, 31 oficios por casos de trabajo infantil.
El 62% de las 806 causas fueron respondidas: 503 casos que fueron abordados por 8 profesionales, un promedio de 62,88 cada uno. El informe asegura que para poder cumplir con las 303 causas que quedaron sin responder hubiera sido necesario casi duplicar la cantidad de personas a cargo. “La incorporación de seis nuevos profesionales hubiese permitido dar respuestas al total de los casos ingresados disminuyendo notablemente la cantidad de casos abordados por cada profesional”, explicaba el diagnóstico.
El informe hacía referencia también a los servicios sociales que implica cada respuesta implementada por el programa. Se deben desarrollar un conjunto de once estrategias de intervención y seguimiento por cada causa ingresada: entrevista social, entrevista psicológica, visitas domiciliarias, informes psicosociales, interconsultas con escuelas y con salud, trabajo intersectorial, acompañamiento familiar tres veces por semana, relevamiento comunitario, consultas vecinales y citaciones. Sólo durante el primer cuatrimestre del 2014 se habían desarrollado 5.533 estrategias para los 503 casos respondidos. “Un profesional del equipo que trabaja 6 horas diarias ha brindado 691,6 servicios sociales para dar respuestas a los diferentes casos en Salta Capital, en el interior cercano y en el interior lejano. Es importante señalar que el programa no cuenta con vehículo propio para poder cubrir todos los casos del territorio provincial, lo que dificulta la implementación de las estrategias de intervención y seguimiento”, aseguraba el texto. Estos datos refuerzan el argumento de los equipos técnicos, quienes aseguran que el trabajo que tienen es casi inabarcable.
La conclusión del análisis de ese programa consideraba “urgente” la incorporación de seis profesionales a los equipos técnicos y de un vehículo a disposición. Para justificar aún más el pedido, como si no alcanzara con la información presentada, se recordaba que cuando en el año 2008 se habilitó un servicio de dos taxis diarios para el subprograma se obtuvo un resultado altamente positivo, ya que se pudieron cumplir los objetivos.
El programa CDI en ese momento asistía a 2704 niños distribuidos en 50 CDI, un promedio de 54 chicos en cada uno. El promedio era de 4,5 CDI por cada uno de los 11 profesionales.
En los 15 CDI del tipo Institucional se encontraban 986 chicos, 10 jefes, 146 recursos humanos y 13 vacantes (“que son necesarios cubrir de manera urgente”, la mayoría en Orán y La Merced).
El análisis de los CIT mostraba sobrepoblación de niños en tres de ellos. Además, se constataba que ninguno tenía un responsable institucional designado. El informe sugería su incorporación.
En cuanto al subprograma Sistemas Alternativos, el informe aseguraba que existían 4 profesionales (que fueron apartadas tras la muerte de Thiago) para 107 chicos entre 0 y 17 años, lo que daba un promedio de 26,75 personas a cargo de cada profesional. “El programa requiere la incorporación de profesionales para brindar una atención más personalizada en cada caso”, indicaba el texto.
El informe remitido por Ivana Bruno fue el último registrado en mesa de entrada. El que Cuarto Poder publicó hace dos semanas no llevaba sellos ni firmas. Comparándolos, se observa que en 2014 había más profesionales y más niños a cargo. Los porcentajes de causas respondidas y sin respuesta son muy similares.
Hecha la ley…
La Ley Nacional 26.061, de Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, establece que el Estado, antes de institucionalizar a un chico o darlo en adopción, tiene que agotar todas las instancias dentro de su familia. Si un familiar quiere hacerse cargo y no tiene dinero para mantenerlo, el Estado tiene la obligación de cubrir los gastos. Sin embargo, la mayoría de los chicos termina en Pequeños Hogares o Familias Cuidadoras. En el informe de 2014, de 117 chicos, sólo 17 permanecían con sus familias de origen. Mantenerlos así es más barato para la Provincia. Cansino, contadora y con experiencia en el Ministerio de Economía, lo sabe.
En el caso de Thiago, la justicia determinó que ningún familiar podía cuidarlo. Su madre tenía causas relacionadas con drogas, su padre estaba preso y su abuela no podía acceder debido a un problema burocrático: el papá reconoció al niño recién en agosto pasado, por lo que hasta entonces, la mujer no tenía lazo legal con el menor. Una vez sorteado este obstáculo, una evaluación de su entorno vecinal determinó que no estaba en condiciones de recibirlo.
Un comunicado de la semana pasada del Poder Judicial hace referencia al juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Personas y Familia 6, Daniel Juan Canavoso, y al matrimonio de Marcelo Senise y Patricia Sánchez, hoy detenidos: “Un informe de los profesionales de la Secretaría de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Derechos Humanos producido a principios de año y que destacaba los avances en la resocialización de los niños y su integración con el grupo recomendaba prorrogar la guarda provisoria de los niños a cargo del matrimonio Sánchez Senise. El juez sin embargo el 8 de abril pasado rechazó dicha posibilidad y encomendó a la Asesoría de Menores e Incapaces la búsqueda de alternativas para que los niños sean puestos en guarda con fines de adopción y la revinculación del niño T.R.Q. con su familia ampliada biológica, en particular con su abuela paterna. La abuela paterna del niño se había presentado en el juzgado pidiendo régimen de visita y por ello mismo la causa fue habilitada durante la reciente feria judicial”.
Hoy, las cuatro profesionales que fueron separadas de sus cargos no fueron reemplazadas, por lo que los casos que estaban a su cargo (142 según el informe del mes pasado) están a la deriva. Es muy difícil conseguir gente interesada.
En tanto, en la Secretaría de Igualdad de Oportunidades se dice que los programas no dan abasto y que Marianela Cansino no tiene conciencia del lugar que ocupa. Un funcionario con más pericia también tendría problemas, por la falta de estructura, pero la ministra, simplemente, pareciera no estar.
Ver para creer
Hace dos semanas relatábamos una serie de irregularidades tragicómicas dentro de la Secretaría de Igualdad de Oportunidades: goteras, fugas de gas, computadoras obsoletas, ventanas rotas y más falencias internas que hacían muy difícil el trabajo en el lugar. La descripción de las oficinas no era una novedad. En noviembre pasado, Radio Vos publicó fotografías que ilustraban esa problemática. El artículo que acompañaba las imágenes aseguraba: “Grande fue la sorpresa de los empleados al llegar a las oficinas de la Secretaría de Igualdad de Oportunidades, ubicadas en General Güemes 562. Tres oficinas completamente inundadas porque uno de los tanques del lugar se rompió y el agua comenzó a filtrar hasta inundar el lugar. Al salir el agua, los techos se empezaron a desprender, y corren peligro de caer. Además, las paredes están totalmente humedecidas y hay mobiliario, documentación y máquinas dañadas. Incluso se corre riesgo de electrocución por la humedad. Una de las empleadas asegura que anteriormente se había iniciado un expediente para solicitar refacciones, pero tan solo se había iniciado el trabajo en una de ellas. La atención no se suspendió pero si se redujo”.
Fotos: Radio Vos
