El 10 de diciembre se conmemoró el día internacional de los Derechos Humanos. El informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, publicado en octubre señala que actualmente hay 15 juicios en el país contra 267 imputados. En los últimos siete años la cantidad de procesados creció más de un 300%. (Garrik)
El 10 de diciembre de cada año se conmemora un nuevo aniversario de los DD.HH. porque en el año 1950 la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a todos los Estados y organizaciones que adopten el 10 de diciembre de cada año como día de los Derechos del Hombre, también a que observen este día para celebrar la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre por la Asamblea General, el 10 de diciembre de 1948, y a que redoblen sus esfuerzos para lograr que la humanidad realice nuevos progresos en este campo.
A partir de la reforma de la Constitución en el año 1994, nuestro país consagró Tratados de Derechos Humanos con jerarquía Internacional, a saber: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Declaración Universal de Derechos Humanos; Convención Americana sobre Derechos Humanos- Pacto de San José de Costa Rica;
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo (el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se reconoce como un anexo al mismo, pero se lo toma como un instrumento genérico accesorio con entidad propia); Convención para la Prevención y sanción del Delito de Genocidio; Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial; Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer;
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas crueles Inhumanos o Degradantes; Convención sobre los Derechos del Niño; Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad
Juicios de Lesa Humanidad
Nuestro país ha redoblado los esfuerzos para juzgar los crímenes contra la humanidad. Según un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, la sentencia contra 19 represores por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención La Chacha -quince de ellos a perpetua- elevó a 559 la cifra de condenados por crímenes de lesa humanidad en el país.
Actualmente hay 15 juicios en desarrollo contra 267 imputados. Estos datos se desprenden del informe trimestral publicado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad sobre la base de los reportes de los fiscales de todo el país.
De los 15 juicios (13 orales y públicos y dos escritos, en el marco del viejo Código Procesal) cinco se desarrollan en la ciudad de Buenos Aires y el resto en Azul, Bahía Blanca, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, San Luis, Paraná, Rosario, San Martín y Tucumán. En los próximos dos meses comenzarán a juzgar a otras 24 personas por 131 hechos en las cuatro causas que ya tienen fecha de inicio programada.
La Procuraduría, a cargo del fiscal general Jorge Auat, publicó el informe en el sitio web fiscales.gov.ar. En los últimos siete años la cantidad de procesados por delitos de lesa humanidad creció más de un 300 por ciento. Actualmente hay 1131, de los cuales 619 «cuentan con una o más causas elevadas a juicio», mientras que sobre otros 217 los fiscales formularon requerimiento de elevación a juicio.
Desde 1983 hasta octubre de este año se celebraron 145 juicios, de los cuales 128 se realizaron desde 2006. Ese año se reanudaron los debates luego de que el Congreso anulara, en 2003, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y de su posterior declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2005. En los dos primeros debates se juzgó a Miguel Osvaldo Etchecolatz en La Plata y a Julio Héctor Simón, alias «el Turco Julián», en Capital Federal. En estos años hubo 559 represores condenados y 61 absueltos.
Obstáculos
Del informe surge también que año a año aumenta el número de condenados, aunque se mantiene estancado el número de condenas firmes, principalmente por la lentitud de la Corte Suprema de Justicia para pronunciarse sobre las sentencias. También aumenta el número de detenidos, aunque uno de cada tres goza de arresto domiciliario. La cifra de prófugos, 54 al día de hoy, se mantiene estable.
Uno de los mayores obstáculos para el inicio de los juicios tiene que ver con las dificultades en la integración de los tribunales orales. El problema surge por las recusaciones o excusaciones de jueces, pero también por la lentitud del Consejo de la Magistratura para cubrir los lugares vacantes y del Poder Ejecutivo para pronunciarse sobre las ternas de jueces que descansan en su poder. Ésta es la causa del estancamiento de procesos en La Plata (hay cuatro juicios elevados sólo del Circuito Camps), en Neuquén o en Mar del Plata, situación que beneficia a los ex miembros de la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU), de fuerte inserción en el Poder Judicial local.
En los procesos por crímenes de lesa humanidad en todo el país hay 1.068 detenidos: el 59,74 por ciento en unidades penitenciarias, el 39,04 cumple prisión domiciliaria, un 0,56 está detenida en dependencias de fuerzas de seguridad y un 0,66 por ciento está alojada en centros sanitarios. “No se verifica la presencia de detenidos en dependencias a cargo del personal militar”, sostuvo la Procuraduría en su informe.
La cantidad de prófugos asciende a 54, mientras que “se registran dos personas en proceso de extradición, tres con extradición denegada, dos localizadas que aún no han sido extraditadas y seis que se encuentran cumpliendo condena en Uruguay, cuyas extradiciones se concretarán una vez que estas sean cumplidas”, destacó el informe.
Respecto de los prófugos que participaron del terrorismo de Estado, en la actualidad son 61 personas, en tanto otras cuatro se encuentran en proceso de extradición, en dos casos más la extradición fue denegada y en otros dos los acusados fueron localizados pero aún no fueron extraditados. Además, hay seis imputados que cumplen condenas en Uruguay y que deberán ser extraditados cuando culmine el cumplimiento de esas sentencias.
