“Hoy han vuelto a matar a nuestros compañeros”. Así comienza el documento que organismos de DDHH difundieron luego de que, en la denominada megacausa, la jueza Marta Snopek no se presentara ayer a la audiencia provocando la suspensión del juicio. Ayer, era el turno de la Fiscalía para presentar alegatos.
El juicio llevaba un año y siete meses. Tiempo suficiente como para que los organismos de DDHH de la provincia soñaran con vivir el momento de las sentencias. Pero ayer todo se frustro y lo que debía terminar a mediados de diciembre, se suspendió hasta febrero porque la jueza Martha Liliana Snopek adujo problemas de salud, no se presentó a la audiencia y logro que el juicio se suspendiera.
Como se recordará, en este proceso se reúnen varias causas por hechos cometidos en la provincia entre 1975 y 1978, con 34 víctimas entre las que se encuentran Silvia Aramayo, Gemma Fernández, Carlos Rojas, Ramón Gallardo, las hermanas Francisca y Carmen Torres, René Russo, Carlos Mosca Alsina, Víctor Brizzi, Martín Miguel Cobos, Luis Risso Patrón y Jorge Santillán. Entre los acusados se encuentra el ex comandante en jefe del Ejército Héctor Luis Ríos Ereñú, más otros conocidos represores de la provincia como Joaquín Guil, Juan Carlos Alzugaray, Mulhall, Jacinto Ramón Vivas, Felipe Caucotta, Miguel Raúl Gentil, Julio Oscar Correa, Raúl Eduardo Toledano, Mario Reinaldo Pachao, Virtom Modesto Mendiaz, Ricardo Benjamín De la Vega, Fernando Antonio Chain, Marcelo Diego Gatto y Joaquín Cornejo Aleman y el civil Juan Manuel Ovalle señalado como un infiltrado en la universidad que entrego a compañeros universitarios como la docente de historia Silvia Aramayo de la que había sido pareja.
Atravesados por la impotencia, los organismos emitieron un comunicado en donde informan la situación y a su vez elevaron una nota al Consejo de la Magistratura. En el primer caso resaltan que la actitud de la jueza Martha Snopek los “dejo sin posibilidad de obtener la sentencia, tantas veces soñada en este 1 año y 7 meses. La jueza Snopek pidió licencia a través de una llamada telefónica, sin presentar un certificado médico, estando en villa Alcaraz en la provincia de Entre Ríos. Pasadas las 10:30 hs. de la mañana el tribunal integrado por Jiménez Montilla, Juárez Almaraz y Casas resolvió trasladar el juicio para el día 11 de Febrero de 2014. Según pudo constatar nuestro abogado querellante David Leiva y Cristina Cobos, querellante por ser familiar, la resolución del tribunal se adoptó sin tener el certificado correspondiente, el que llego a las 12:56 hs. del día de la fecha”.
Enfatizaron también que la jueza siempre se caracterizó “por su total desinterés por los juicios de lesa humanidad. La vimos muchas veces atendiendo su celular sin prestar atención a los testimonios desgarradores que se escucharon en las audiencias. Cuando el Dr. Leiva la recusó ante el tribunal sobre el particular, ella con total soberbia respondió que atendía asuntos atinentes a su función de los presos federales de la cárcel de Gral. Guemes”. Finalmente acusaron a Snopek de no tener entidad moral para ser jueza federal”. El comunicado está firmado por la Asociación Lucrecia Barquet, Memoria, Verdad y Justicia, HIJOS Salta, Agrup. Oscar Smith Luz y Fuerza y todas las fuerzas que conforman la Comisión Mega Causa Salta.
Con respecto a la nota elevada al Consejo de la Magistratura, los organismos relataron los acontecimientos de ayer, contextualizando el increíble episodio en un proceso que se caracterizó por ser “uno de los juicios más largos, con las audiencias más breves por motivos varios, falta de conexión a Internet en el caso de las videoconferencias, enfermedad de los imputados, licencias y viajes de los jueces por diversos motivos, suspensión de días por otros juicios, feriados, feriados puentes, ausencia de testigos aportados por las partes, falta de fechas alternativas para suplir las pérdidas por motivos ajenos al tribunal, etc”.
En ese marco exigieron a los magistrados los siguientes puntos: 1) Arbitrar los medios para promover la continuidad de las audiencias y con todas las garantías procesales para las partes, con la mayor celeridad que estas causas exigen; 2) Sancionar a los jueces que tomando la responsabilidad de funcionarios públicos de conducir los procesos de justicia sin considerar la importancia de imprimir celeridad a los mismos apartándolos para que no sean un obstáculo para el resultado de justicia; 3) Nombramiento de jueces que atiendan causas de DELITOS DE LESA HUMANIDAD consideren probos a profesionales sensibilizados y comprometidos con el futuro del país para que sus resoluciones sean justas y que pongan en valor el DOLOR y la IMPOTENCIA de obtener justicia; 4) JUICIO y CASTIGO a través de un SISTEMA de JUSTICIA que atienda las obligaciones que el pueblo argentino que tiene el derecho y la obligación de conocer la verdad histórica de lo ocurrido durante la dictadura cívico militar.
