Se suma a Pichanal y Colonia Santa Rosa que aprobaron ordenanzas que reservan el 1 % de los cargos disponibles para que sean ocupados por personas que fueron víctimas del delito de trata de personas, incluido servicios tercerizados.
Los consejos deliberantes de Rosario de Lerma en Salta y Monteros en Tucumán sancionaron el 12 de mayo pasado ordenanzas en las que reservan el 1 % de los cargos disponibles en el Municipio para promover la inclusión laboral de las víctimas rescatadas del delito de trata de personas.
También prevén la capacitación obligatoria y remunerada de quienes no tengan antecedentes laborales y/o educativos y en todos los casos se garantiza la confidencialidad de los datos de quienes las personas afectadas.
Con estas dos ordenanzas ya son 19 los municipios en 9 provincias, que han sancionado normas que garantizan capacitación y acceso al empleo para víctimas de trata. En el caso de la provincia de Salta, Rosario de Lerma es el sexto municipio que se suma a lo que ya votaron Mosconi, Hipólito Irigoyen, Pichanal, Colonia Santa Rosa y Apolinario Sarabia. En Tucumán, Monteros sigue los pasos de San Miguel de Tucumán.
Asimismo, ordenanzas similares se votaron en Corrientes (San Luis del Palmar, Virasoro y Santa Lucia); Formosa Capital; Chubut (Rawson) Chaco (Machagai), Misiones (El Dorado); Santa Fe (Gobernador Gálvez); La Rioja (Araujo y Chilecito). Entretanto, decenas de consejos deliberantes de todo el país tienen en su agenda iniciativas similares.
Estas ordenanzas se complementan a las leyes provinciales que ya sancionaron las provincias de Chaco y Catamarca para garantizar la inclusión laboral de víctimas de trata tanto en el ámbito público como privado. En las legislaturas provinciales de Neuquén, Salta, Jujuy y Santa Cruz hay proyectos similares en tratamiento parlamentario.
