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Pistas en el cielo: Silencio en la tierra

 

Kim Im Porta

 

La reciente imputación y prisión preventiva de dos ciudadanos bolivianos acusados de intentar sacar una avioneta desde el aeródromo de General Mosconi hacia Bolivia podría ser la llave para destrabar viejos expedientes. No sólo porque la investigación de la fiscal federal María del Socorro Orsetti expuso una maniobra irregular, con inconsistencias en el plan de vuelo y sospechas de contrabando en grado de tentativa. También porque obligó a volver la vista hacia un universo que en Salta parece vivir entre la rutina y la excepción: el de las aeronaves privadas.

Cada tanto aparece una avioneta que aterriza donde no debía, despega cuando nadie lo esperaba o termina abandonada en medio de un campo. Las circunstancias cambian, los nombres también, pero las preguntas permanecen intactas. ¿Quién controla realmente la actividad aérea en la provincia? ¿Qué protocolos funcionan y cuáles existen sólo en los manuales? ¿Cómo es posible que episodios tan delicados se repitan con una frecuencia que ya no sorprende?

La causa de Mosconi volvió a instalar esas dudas. Porque si dos pilotos pudieron ejecutar una maniobra que terminó bajo investigación penal, es inevitable preguntarse cuántas otras operaciones nunca llegaron siquiera a ser detectadas.

El expediente que el tiempo quiso archivar

En diciembre de 2020, Cuarto Poder publicó en exclusiva las irregularidades que rodeaban el ingreso al país de una aeronave Piper PA-46-350P (M350), valuada en casi un millón y medio de dólares y adquirida por el entonces diputado nacional Alfredo Olmedo.

La investigación reveló inconsistencias llamativas. El avión, trasladado desde Estados Unidos por la empresa Globe Aero LLC, debía arribar al aeropuerto de San Fernando. Sin embargo, terminó aterrizando en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes, en Salta, sin que existiera la documentación aduanera exigida para ese tramo del vuelo.

La ausencia de la denominada Declaración General, las observaciones formuladas por la Aduana y las inconsistencias detectadas por la ANAC derivaron primero en el secuestro preventivo de la aeronave y luego, en febrero de 2021, en la imputación formal de Olmedo por tentativa de contrabando agravado por el monto de la mercadería.

En aquel momento, la Justicia sostuvo que existían elementos suficientes para abrir una investigación penal. La hipótesis fiscal no apuntaba a un vuelo clandestino sino al presunto incumplimiento de las normas aduaneras que regulan el ingreso de aeronaves al país. Después llegó el silencio.

La causa desapareció prácticamente del debate público. El expediente dejó de ocupar titulares y la sociedad nunca conoció con claridad cuál fue su desenlace. Cinco años después, el caso permanece como una de esas historias que parecen haberse evaporado en la burocracia judicial.

El caso deja un interrogante incómodo: ¿cómo terminó una investigación que, en su momento, ocupó la agenda nacional y tenía como protagonista a una de las figuras políticas más conocidas de la provincia?

Una geografía donde las avionetas siempre vuelven

La aviación salteña carga además con otro fenómeno difícil de ignorar. Las narcoavionetas aparecen con una frecuencia llamativa sobre el mapa provincial. Algunas son detectadas en pistas clandestinas; otras terminan incendiadas; otras se estrellan en campos rurales después de descargar cientos de kilos de droga.

Uno de los episodios más resonantes y recientes ocurrió en noviembre de 2025, cuando una aeronave cayó en una finca del sur provincial y la investigación permitió desenterrar más de 200 kilos de estupefacientes.

Como ocurre casi siempre en estos casos, inmediatamente surgió otra pregunta que excede el hecho policial: ¿de quién es la tierra donde apareció la aeronave?

La investigación permitió establecer que el inmueble pertenecía al empresario Mario Luques y que existían referencias sobre un posible contrato de arrendamiento vinculado a Emilio Argentino “Milo” Olmedo, sobrino del exdiputado nacional. Ese dato pasó a integrar el expediente judicial como parte del contexto investigativo.

Mencionar una coincidencia puede que no implique atribuir responsabilidades directas. Pero tampoco puede ignorarse que la reiteración de episodios similares obliga a la Justicia a despejar cualquier interrogante que surja alrededor de estos hechos. Esa es, justamente, la función de una investigación seria: disipar sospechas, no alimentarlas.

Pero mientras los expedientes avanzan con una lentitud desesperante, la sensación social es otra. Cada nueva avioneta vuelve a sembrar las mismas dudas sobre un territorio que hace tiempo figura en los mapas del narcotráfico regional.

Los controles que nunca terminan de despegar

El problema, sin embargo, excede los nombres propios. Hace años que Cuarto Poder viene señalando las debilidades estructurales del sistema de control aeronáutico provincial. El Aeroclub Salta, por ejemplo, ha sido objeto de múltiples cuestionamientos.

Una de las preguntas más repetidas continúa vigente: ¿quién controla efectivamente lo que ocurre allí?

La ausencia permanente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en un espacio considerado estratégico resulta, cuanto menos, llamativa. También lo es el escaso debate público sobre el nivel de actividad real del aeroclub, la cantidad de aeronaves que operan regularmente y los mecanismos de fiscalización existentes.

A ello se suma un antecedente que nunca terminó de explicarse del todo. En 2013, las autoridades del Aeroclub fueron denunciadas por presuntas irregularidades en el manejo de la aeronafta subsidiada que entregaba el Gobierno provincial para la formación de pilotos. Las denuncias sostenían que el combustible recibido superaba ampliamente el consumo que podía justificar la institución, alimentando sospechas sobre el destino de miles de litros de combustible aeronáutico.

Aquella historia quedó perdida entre archivos judiciales y noticias viejas. Hoy, más de una década después, las preguntas son sorprendentemente parecidas.

La causa de los pilotos bolivianos, el expediente de la avioneta de Olmedo, las narcoavionetas que siguen apareciendo en campos del sur y las viejas controversias sobre los controles aeronáuticos no necesariamente forman parte de una misma historia. Pero sí integran un mismo escenario.

Cuando demasiados episodios distintos empiezan a repetirse sobre el mismo mapa, la obligación de la Justicia ya no es únicamente investigar cada caso por separado. También es explicar por qué, en Salta, el cielo sigue acumulando más interrogantes que respuestas.

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