Por Karla Lobos
Corría el año 1949,la Reforma de la Constitución era inminente y los preparativos se hacían notar. Dentro del Partido Peronista, o sea el “oficialismo”, se acusaba al Interventor enviado por el gobierno nacional, senador nacional por Córdoba, Osvaldo Amelotti, de digitar las candidaturas teniendo en cuenta las preferencias de Buenos Aires, hablamos de Francisco Jiménez. Mientras el peronismo local intentaba posicionar en la Convención Nacional al gobernador Cornejo Linares y al senador nacional Ernesto Bavio o bien, al hermano del gobernador, diputado provincial Juan Carlos Cornejo Linares y al Ministro de Economía provincial, bastante cuestionado por sus manejos espureos de los fondos enviados, hablamos del ingeniero Dates. Sólo tuvieron exito tres de ellos, el gobernador quedó afuera. El cuestionamiento de una parte del oficialismo local, al nombre de Francisco Jiménez fue tal que se llegó a planear la formación de núcleos de resistencia en los distintos departamentos. Liga Fronteriza: Orán, San Martín y Rivadavia. Liga Sureña: Anta, Metán, Rosario de la Frontera y La Candelaria. Liga del Centro: Capital, Rosario de Lerma, Chicoana, La Viña, Guachipas y La Caldera. Liga de los Vallistos: Cafayate, San Carlos, Molinos, Cachi, La Poma y Los Andes. Aunque no llegaron a concretarse porque el precandidato Jiménez fue reemplazado por el secretario del Centro de Empleados de Comercio, Robustiano Yánez, que se desempeñaba en la firma Fideería Trigo y Cía.
Lo que dejó clara la influencia del Ministro Angel Borlenghi en las esferas nacionales, tanto como para imponer sus candidatos y poner todos los palos en la rueda, necesarios para lograr su cometido. Acompañaría a Yánez, Eduardo Ramos como candidatos a convencionales nacionales.
Para constituyentes provinciales se nombraron, en su mayoría, profesionales, legisladores y funcionarios del gobierno. Siguiendo con la práctica de representar a departamentos en los cuales NO residían. Pero como la posición del gobernador no era muy bien vista por las autoridades nacionales, se decidió la conformación de una nueva agrupación política llamada “Frente Obrero Revolucionario”, que respondía directamente al presidente de la Nación. Este movimiento, contrario al gobernador Cornejo Linares y al Partido Peronista local, surgió del golpe de Estado de 1943. Pero los hechos posteriores no permitieron su materialización.
Desde el otro lado, los peronistas del “Frente Revolucionario 4 de junio” o la Lista Roja, presentaron un manifiesto en el que ratificaban su escisión partidaria y explicaban las causas de su decisión de no concurrir a los comicios ni designar candidatos. Hacían hincapié en la falta de garantías electorales, refiriendose al fraude en el que incurrió el oficialismo en las últimas elecciones del 7 de marzo. De acuerdo a los artículos 70 y 71 de la Ley Nº 122, de elecciones de la provincia, cada elector del departamento Capital debía votar por cinco convencionales, mientras que cada elector de los otros departamentos lo hacía por dos convencionales.
El Partido Socialista salteño, por su parte, dio a conocer un extenso documento de las autoridades nacionales en el que se realizaba una fuerte crítica al gobierno y lo que ellos entendían, eran los fines del peronismo al reformar la Constitución. En ese sentido, se expresó Nicolás Repetto en un discurso en Rosario de Santa Fe, que repercutió en los afiliados salteños, porque afirmaba que se ocultaba la intención de instituir un régimen fascista; abolir el derecho de huelga y la libertad sindical; asimismo, sostenía que la Constitución vigente era perfectible pero debía ser mejorada en un ambiente de plena libertad; reprobaba el control de la radio, de la prensa y todo medio de expresión, al igual que la falta de especificación de los artículos a reformar. Decidieron no participar en las elecciones y aconsejar a los trabajadores y ciudadanos votar por el lema “contra la reforma fascista de la Constitución” o en blanco.
En cuanto a la Unión Cívica Radical, en la sesión del 11 de octubre de 1948 de la Convención Nacional reunida en Buenos Aires, redactó otro documento dirigido a todo el país donde se exponía su posición frente a la reforma constitucional, sosteniendo que el partido siempre fue reformista, “… pero jamás propició una reforma total ni totalitaria, o sea un cambio en los fundamentos filosóficos con que nos hemos constituido como Nación”. Señalaba también los errores constitucionales de la ley que declaró la necesidad de la reforma. Por ejemplo que no contó con los dos tercios requeridos y que tampoco se mencionaron los artículos a reformar, ni se expresó lo que se porponía. era un misterio. Para el radicalismo no era el momento adecuado porque la elección de convencionales se realizaríaen cinco estados federales militarmente intervenidos. Además no votaban los territorios en condiciones de ser provincias ni las mujeres, que para ese momento ya contaban con ese derecho. Refutaban los argumentos de la caducidad de la Constitución por su vejez al igual que sobre su oposición a la justicia social. Recordaban que las primeras resoluciones legislativas a favor de los trabajadores fueron obtenidas durante las administraciones radicales, por lo que su postura no era en contra sino de solidaridad con la causa obrera en sus derechos y en sus necesidades. A pesar de estos conceptos, las autoridades nacionales dispusieron su participación en las elecciones de convencionales constituyentes.
En Salta, la Unión Cívica Radical resaltó el clima de arbitrariedad para todo opositor a la reforma y la ausencia de garantías electorales e individuales. Ya se había secuestrado propaganda partidaria, lo que les impedía hacer campaña política. Y por eso se resolvió imprimir afiches con la leyenda: “Uriburu-Justo-Perón, tres etapas de un proceso que culmina: la Dictadura” y “Perón realizará el sueño de Uriburu: reformar la Constitución Nacional”.
Ante la falta de garantías, la Convención provincial del partido, en su sesión del 31 de octubre de 1948, dispuso la abstención en los comicios y mediante un comunicado aconsejaba a sus afiliados votar en blanco. Esta actitud motivó que la Mesa Directiva del Comité Nacional de la UCR interviniera los organismos partidarios de Salta, Jujuy y La Rioja por actuar contrariamente a lo resuelto en la Convención Nacional. El diputado provincial Celestino Gelsi fue nombrado Interventor del partido.
En medio del pedido de revocatoria de su personería jurídica, por parte del Partido Peronista, el Partido Laborista salteño se reorganizaba y fortalecía, interpretando este accionar como objetivo para impedir su participación en los próximos comicios. Se consideraban los auténticos sostenedores de los postulados del gobierno surgido del golpe militar de 1943 y de la doctrina y principios con los cuales había sido creado su partido en 1945. Calificaban de traidores a aquellos que aceptaron su disolución en 1946 y su integración al Partido Único de la Revolución convertido luego en Partido Peronista. Es así que el Partido Laborista pugna por la administración honrada, por la honestidad política, por la humanización del capital, por la división del latifundio, por respeto a la justicia y por el cumplimiento de la Constitución. No aceptaban que se desconociera soberanía política al partido que significaba negar independencia política a núcleos de ciudadanos “que sólo han cometido la imprudencia de ponerse de pie y decirles a los apóstatas de la revolución que el pueblo ya no se presta a maniobras de oligarcas disfrazados de descamisados”. Criticaban al Interventor del peronismo por el manejo de candidatos “importados y elegidos sin consultar la opinión de sus propios correligionarios, que son en su mayoría obreros…”. Durante el gobierno de Cornejo Linares el Partido Laborista se convirtió en un censor de su gestión y participó con candidatos propios en las elecciones de renovación parcial de legisladores efectuadas en marzo de 1948. Después de largas discusiones, el partido optó por intervenir en los comicios con las consignas: “Por los laboristas o en blanco” y “Laborismo o capitalismo. Votar por la fuerza de la razón contra la razón de la fuerza”. Sus candidatos resultaron ser: Cornelio Arancibia y Nicomedes Mendiolaza. Como se vieron privados de los medios de comunicación para la correspondiente propaganda ni pudieron conseguir imprenta para sus volantes, decidieron que los votos pasaran de mano en mano, distribuidos por obreros que se habían ofrecido para hacerlo.
Para la campaña vinieron dirigentes del Partido Defensa Provincial “Bandera Blanca” de la ciudad de Tucumán y plantearon la necesidad de la creación de la “Federación Política del Norte”, una unión de partidos que tengan sus cabezas y sus pies en el Norte. El diputado tucumano Isaías Nougués, exlicó en un acto en la Plaza Belgrano, el significado del vocablo oligarquía como se calificaba al gobierno de Cornejo Linares y agregaba: “Para demostrar cómo el peronismo combate a la oligarquía, os daré un ejemplo de una familia de Cafayate, Héctor Lovaglio, presidente del Consejo General de educación, que tiene acomodado a su ñaño Dante Lovaglio como diputado provincial y su hermano, José Lovaglio desempeña en Cafayate los siguientes puestos: médico escolar, director del hospital, médico regional, Intendente Municipal y Juez de Paz …”.
Con estas expresiones se quería demostrar que la forma de ejercer el poder no había cambiado desde la época de los conservadores. El Partido Comunista al igual que los conservadores del Partido Demócrata Nacional decidieron abstenerse, mientras que la Alianza Libertadora Nacionalista presentó candidatos sólo para convencionales nacionales.
Los comicios del 5 de diciembre de 1948, se llevaron a cabo sin radicales, conservadores, socialistas, comunistas y peronistas de la Lista Roja. Sólo participaron: el Partido Peronista, Partido Laborista y Alianza Libertadora Nacionalista para convencionales nacionales y sólo las dos primeras fuerzas políticas para constituyentes provinciales. Con este panorama, como era de esperar, triunfaron ampliamente los “peronistas oficialistas”.
Resultaron electos para Convencionales constituyentes nacionales, por la mayoría: Eduardo Ramos y Robustiano Yánez, del Partido Peronista y por la minoría, Nicomedes Mendiolaza del Partido Laborista. También obtuvieron mayoría absoluta en la categoría de convencionales constituyentes provinciales.
La elección para convencionales constituyentes nacionales arrojó los siguientes resultados: Partido Peronista: 24.253 votos. Partido Laborista: 790 votos . Alianza Libertadora Nacionalista: 450 votos. En Blanco: 5.746 votos. Nulos: 2.531 votos. Total 33.770 votos. Mientras que las cifras para convencionales constituyentes provinciales fueron estas: Partido Peronista: 24.754 votos. Partido Laborista: 1.076 votos. En blancos: 6.703 votos. Nulos: 3.500 votos. Total: 36.032 votos. Estos datos fueron publicados por Diario “El Intransigente” y coinciden con los consignados por “La Provincia”, ambos de fecha 16 de diciembre de 1948, Salta.
El oficialismo se impuso por una ventaja de más del 50 % sobre la suma de blancos y nulos . Esto dejó ver el alto acatamiento de las decisiones adoptadas por cada partido. Pero si se compara solamente los votos del Partido Peronista con el total del padrón, resulta un porcentaje del 34%, con una escasa legitimidad. La Convención Provincial Constituyente se conformaría con la casi totalidad de convencionales peronistas.
En el momento de la Reforma de la Constitución provincial , en 1949, Salta atravesaba por una situación política muy crítica. Después de la renuncia del vicegobernador, el gobernador Cornejo Linares se encontraba con un gran conflicto con los sindicatos. La crisis económica que afectaba al país en ese momento, repercutió en Salta y gobierno no encontraba la forma de frenar la inflación ni las demandas de mejores salarios.
Los sindicatos ejercieron una frontal oposición, señalando como responsable del estado socio-económico, al Ministro de Economía, Walter Dates. Ante la falta de respuestas, la CGT (filial Salta) declaró una huelga por tiempo indeterminado a partir del 18 de abril de 1949 que fue reprimida violentamente por la policía, con muertos y heridos como resultado. El ministro tuvo que renunciar y quedaban dos caminos a seguir, la intervención federal o la renuncia del gobernador, sería Perón quien definiría.
La Asamblea Constituyente provincial fue integrada por diputados y senadores de la provincia. Sesionó entre el 7 de mayo y el 1 de junio de 1949 con mayoría absoluta de peronistas, tanto “oficialistas” como disidentes de la Lista Roja, bajo la presidencia del viñatero diputado por el departamento de Cafayate, Dante Lovaglio. Su primer tarea fue la creación de la resolución por la cual se encomendaba a la Convención Constituyente Provincial la redacción de un anteproyecto de Constitución que luego sería sometida a consideración de la Asamblea. Otra discusión importante de estas primeras sesiones fue el proyecto enviado por el Ejecutivo Provincial respecto a la especificación de los artículos sujetos a la reforma.
El diputado conservador Patrón Uriburu expresó que el pueblo quiere saber “qué puntos va a ser reformada la Constitución y no que se otorgue un cheque en blanco que puede redundar en perjuicio de los derechos y libertades populares”. Inmediatamente la Convención Constituyente Provincial se abocó a la tarea encomendada bajo la presidencia del convencional peronista por el departamento de Orán, Alfredo Ladrú Arias. La primera sesión se caracterizó por una serie de incidentes y de episodios poco gratos que tuvieron como principal protagonista al ex Ministro de Economía Dates, quien planteaba una cuestión de privilegio. Vinculaba su alocución con los últimos acontecimientos registrados en la ciudad y en especial contra el diario “El Intransigente” al que acusaba de haber llevado una campaña difamatoria contra su gestión. La discusión fue intensa pero sin resutados, ya que su pedido no correspondía ser tratado en la Convención.
El bloque laborista presentó a la Convención un anteproyecto de Constitución conteniendo importantes reformas referidos al derecho de huelga y de agremiación y estabilidad para el personal de la administración pública, entre otras cuestiones.
El bloque peronista también redactó un anteproyecto que fue analizado por los constituyentes. La principal objeción al mismo fue efectuada por el convencional laborista por el departamento Capital, Simeón Lizárraga, por la ausencia del derecho a huelga y la NO elección directa de los intendentes.
El anteproyecto elaborado por la Convención Constituyente Provincial se adecuaba a la Constitución Nacional y constaba de 210 artículos; fue aprobado en forma general y girado a la Asamblea Constituyente para su tratamiento. La consideración del proyecto en la Asamblea Constituyente dio lugar a una impugnación por parte del senador conservador Carlos Cornejo Costas, quien desconocía a la Convención Constituyente Provincial ya que por el artículo 5º, la Asamblea Constituyente era el poder que tenía autoridad para la reforma, invalidaba el proyecto por cuanto había sido confeccionada por hombres del Partido Peronista, sin su participación y había sido aprobado en general y no en particular. Solicitaba el archivo de lo que calificaba de “bodrio”. Esta moción fue rechazada y se decidió autorizar al presidente de la Asamblea a conformar una Comisión Redactora con la finalidad de analizar el anteproyecto y elaborar la Constitución para su posterior consideración.
Los conservadores solicitaron su inclusión en la Comisión Redactora porque estipulaba que la Constitución regiría a todo el pueblo de la provincia y no sólo al pueblo peronista y de otra forma atentaba contra la igualdad ante la ley y creaba privilegios. Esta moción si fue apoyada por peronistas y radicales. Sin embargo, el presidente de la Asamblea sostuvo que no tenían derecho por haberse abstenido en las elecciones para convencionales, con lo que demostraron su absoluta falta de interés. Pero los radicales tampoco habían participado en dichas elecciones y sí estaban representados. Esta actitud fue justificada por el diputado peronista Jesús Méndez argumentando que “el Partido Peronista era una prolongación del Partido Radical”. Después de estos dichos los dos radicales presentaron su renuncia.
Habiendo cumplido con el mandato encomendado, el 30 de mayo de 1949, la Comisión Redactora presentó la nueva Constitución para su discusión. El miembro informante fue Armando Caro, representante del departamento de Yruya, y con el consenso de la Asamblea se dispuso votar artículo por artículo. Durante su análisis fueron pocos los artículos que provocaron discusión, en general se pidieron ampliaciones o explicaciones y se hicieron correcciones de forma y no de contenido. La mayoría de los artículos fueron aprobados por unanimidad.
Cualquier semejanza con la realidad, es mera coincidencia…