Es lo que a través de un proyecto de declaración solicitó al Poder Ejecutivo Nacional la diputada Verónica Lía Caliva.
La diputada rubricó un histórico pedido de emergencia nacional por violencia de género en todo el país y solicitó al Ejecutivo nacional la declaración de Emergencia Pública Nacional en materia social por violencia de género en todo el territorio nacional por el plazo que dure la emergencia en materia sanitaria ampliada con motivo de la pandemia por el COVID19.
El proyecto señala “Que la grave crisis sanitaria, social, ocupacional y económica desatada por la pandemia del coronavirus COVID-19 ha colocado en grave riesgo de vida a mujeres, que por falta de recursos se encuentran cumpliendo el aislamiento social preventivo y obligatorio, cohabitando en condiciones de encierro con sus agresores parejas violentas. La violencia padecida por estas mujeres, que en muchos casos resulta preexistente a la medida de aislamiento dispuesta por el Poder Ejecutivo, incrementa su manifestación y agrava sus consecuencias, que se han visto reflejadas en el número de víctimas de femicidios registrados desde el inicio de la medida”.
Además de la asignación de partidas y recursos a disposición del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) y demás Ministerios involucrados en la Emergencia Sanitaria, para la para la creación y el fortalecimiento de programas destinados a prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, se solicita la creación del “Programa Nacional de Promotoras Territoriales en Prevención de la Violencia de Género con la formación de cien mil (100.000) promotoras territoriales para prevenir y erradicar la violencia de género en zonas de alta vulnerabilidad social. Las Promotoras del programa serán consideradas Promotoras de Salud, como estado de bienestar biopsicosocial en los términos definidos por la OMS”.
Además el proyecto de declaración sostiene que la tarea de estas promotoras “será reconocida y remunerada con una prestación monetaria no retributiva equivalente a la IFE, que será compatible con cualquier otro subsidio, ya sea municipal, provincial o nacional”.
Señala también que la capacitación será virtual, científica, dinámica y permanente y se llevará a cabo mediante convenios celebrados entre las organizaciones no gubernamentales e instituciones educativas que se especialicen en estas temáticas; que a modo enunciativo corresponde a las Universidades Nacionales e Instituto de Capacitación de la HCDM – ICAP, entre otras tantas.